“Yo no quiero que nos eliminen el pago. No es eso. Lo que queremos es que se nos cobre de forma justa, de acuerdo a la realidad de nuestras viviendas”, es el sentir de Andrea del Carmen Valdés (79), profesora jubilada y dirigenta vecinal, quien hace más de 40 años vive en Villa Frei, Ñuñoa, en uno de los nueve sectores que componen su comunidad.

Sus palabras resumen un sentir y bien grafican una discusión que durante las últimas semanas volvió a estar en el tapete y se tomó, sobre todo en la oposición, el debate con miras a la carrera presidencial. La idea de ponerle fin al pago de las contribuciones de la primera vivienda dejó a pocos indiferentes.

El tema ya ha marcado diferencias en ese sector. Ya en 2023, mientras el Partido Republicano del hoy candidato José Antonio Kast impulsaba esta medida, Evelyn Matthei, también candidata por Chile Vamos, cuestionó la propuesta calificándola como “regresiva”.

Pero hace unos días el presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, aseguró que este tema sería parte del programa de gobierno de la exalcaldesa de Providencia, reavivando un debate que Andrea del Carmen Valdés ha seguido con atención desde Ñuñoa.

“Nuestros departamentos nunca han recibido subsidios. Los pagamos con esfuerzo, en cuotas, a través de la caja de empleados particulares y públicos. Y ahora nos llegan avalúos que no tienen sentido”, señala. Y suma: “Mi sobrina vive en un edificio moderno, con ascensor, bodega y estacionamiento, y su departamento está tasado igual que el mío, que es antiguo, sin mejoras, con cañerías deterioradas”.

Según cifras del Servicio de Impuestos Internos (SII), el 85% de los adultos mayores que tiene propiedades están exentos del pago del impuesto. Así, hay 398.819 adultos mayores afectos al pago y de ellos, 189.644 están con beneficios.

Solo en Ñuñoa, según datos municipales, más del 68% de los hogares está afecto al impuesto territorial, y el alza acumulada entre 2020 y 2024 supera el 85%. Hay casos documentados de adultos mayores con deudas superiores a los $14 millones, cuotas trimestrales de hasta $900.000 y procesos de remate por morosidad.

Precisamente el alcalde de dicha comuna, Sebastián Sichel (ind.), ha hecho del tema una de sus banderas y ha sostenido conversaciones con otros jefes comunales y parlamentarios para impulsar cambios legislativos. “Las contribuciones se han transformado en un impuesto injusto. La están pagando aquellos que no pueden pagarlo y el Estado ha disfrazado un impuesto”, señala.

El tema es que la presión desde los municipios va al alza en la propia oposición. Alcaldes de comunas como La Reina (José Manuel Palacios, UDI), Lo Barnechea (Felipe Alessandri, RN), Providencia (Jaime Bellolio, UDI) y San Miguel (Carol Bown, UDI) han manifestado su preocupación por el impacto del sistema actual, especialmente en sectores envejecidos o en transición urbana.

La semana pasada, de hecho, hubo una reunión entre ediles y Matthei en la casa de esta última, donde la candidata opositora habló de su compromiso por trabajar en una propuesta para el tema contribuciones. Pero la exedil también ha sostenido otras conversaciones con los alcaldes acerca de las contribuciones.

De esas instancias, de hecho, ha nacido una de las ideas más tangibles para abordar el tema, impulsada por Sichel, quien envió por WhatsApp su propuesta a Matthei a través de una suerte de minuta. Esta idea ya la ha comenzado a socializar con parlamentarios de Chile Vamos e incluso el exrepublicano Rojo Edwards. También les ha enviado la propuesta a distintos legisladores republicanos.

La abanderada de Chile Vamos, además, sostuvo una conversación sobre el tema con el alcalde de Independencia (ind.), Agustín Iglesias, mientras que en el entorno de Alessandri señalan que él también estaría preparando, junto al abogado y exembajador Arturo Fermandois, una propuesta “contundente” para abordar la eliminación de las contribuciones.

Y mientras todo esto ocurre, otros actores interesados han salido al paso. Desde el SII, por ejemplo, su director, Javier Etcheberry, ha defendido el rol del impuesto territorial. Si bien reconoció que falta transparencia en la información que se entrega a los contribuyentes -y que parte de las tasaciones actuales fueron hechas con errores, como incluir terrenos comunes en los avalúos individuales-, rechazó la eliminación total del tributo.

“Yo tengo 78 años y me encantaría no pagar contribuciones, pero lo encontraría injusto”, comentó en T13 Radio, revelando que él mismo vive en un departamento en Vitacura. A su juicio, la discusión ha sido capturada por el clima electoral: “Se dieron cuenta de que hay mucha gente que tiene dificultades para pagar y que es un buen caballo de batalla”.

Etcheberry enfatizó que lo recaudado -más de $800 mil millones anuales- se destina íntegramente al financiamiento municipal, y que más del 60% proviene de solo seis comunas: Las Condes, Lo Barnechea, Santiago, Vitacura, Providencia y Viña del Mar. Para él, la responsabilidad de cambiar el sistema no recae en el SII, sino en el Congreso y el Ejecutivo.

El gobierno también se vio obligado a intervenir. Desde La Moneda, la vocera (s) Aisén Etcheverry descartó de plano eliminar el impuesto para la primera vivienda, aunque reconoció que se requiere una reforma al sistema.

“Algunos han propuesto la eliminación de las contribuciones en general, nos parece que no apunta a entregar una solución al respecto. Las contribuciones hoy día se pagan por viviendas de alto costo, de no tan alto costo, pero lo que se recauda por contribuciones va directamente a los municipios y se distribuye entre los municipios de más recursos y menos recursos", dijo. La portavoz (s) del Ejecutivo remarcó: “Respecto de la discusión de eliminarlas, por supuesto que no estamos de acuerdo con aquello”, aunque sostuvo que “sí se está revisando la situación de adultos mayores”.

La alternativa de La Moneda

La alternativa que hoy presenta el Ministerio de Hacienda apunta a limitar el pago de contribuciones a un máximo del 5% del ingreso mensual para personas dentro del 60% más vulnerable, con foco específico en adultos mayores.

Según el centro de estudios Horizontal, con base en datos de la Casen 2022 y del SII de 2024, los beneficiarios potenciales de esa medida serían cerca de 160 mil adultos mayores, lo que representa aproximadamente el 60% del universo afecto no exento.

Pero la propuesta del Ejecutivo no es la única. En paralelo, parlamentarios de la UDI, RN, republicanos y también sectores del oficialismo están elaborando mociones para al menos revisar los mecanismos de tasación del SII.

Algunas propuestas incluyen establecer topes anuales al incremento de las contribuciones, eximir del pago a quienes reciben pensiones bajo cierto umbral, o modificar el Fondo Común Municipal para no seguir presionando a los sectores medios de las comunas con mayor plusvalía.

Pero las personas dicen que las soluciones aún se sienten lejanas. En Lo Barnechea, Magdalena Carvacho Vargas (67) vive en el terreno que heredó de sus padres y que habita desde hace más de 60 años. Hoy, ya jubilada y con su esposo diagnosticado con asma e hipertensión, asegura que el pago de contribuciones se ha vuelto “imposible de cubrir”.

Solo este año, entre los dos semestres, ha debido reunir más de $1,6 millones. Para lograrlo ha tenido que postular a todos los beneficios disponibles en la municipalidad: exención de basura, apoyo para la luz, subsidio de gas, e incluso ayuda para pagar la contribución misma.

“Yo me mantengo más o menos sana, pero siempre estamos al borde. Con la pensión que tengo apenas se puede. Imagínese: un tarro de gas cuesta $30 mil. Entonces uno empieza a postular a todo”, cuenta, sumando que “uno también quiere de vez en cuando tomarse un helado, un pedacito de torta… pero no alcanza. Hasta para eso hay que ajustarse”, dice. Reconoce que en su barrio la conversación es la misma entre los adultos mayores que aún pueden pagar y los que ya no: la vida en Lo Barnechea se ha encarecido tanto, que, como ella resume, “los viejos terminamos sobreviviendo a punta de postulaciones y ayuda social”.

Desde la Municipalidad de Lo Barnechea advierten que en algunos casos de su comuna las contribuciones pueden volverse tan elevadas que obligan a vender la propiedad para cumplir con el pago, lo que consideran una forma indirecta de expropiación. También cuestionan lo que denominan falta de transparencia del sistema de avalúo fiscal del SII, al que califican como un mecanismo que “puede no reflejar el valor real de mercado”.

Desde San Miguel, en tanto, la alcaldesa Bown también ha hecho notar su preocupación: “Es la segunda comuna a nivel nacional que más aumentó su población, de 108 mil a 151 mil vecinos según el Censo 2024. Nuestra población, principalmente de clase media y adultos mayores, se verá nuevamente castigada con un impuesto injusto. Por eso exigimos cambios estructurales profundos y transparentes al sistema de contribuciones”.

“Es gente que vive sola, con pensiones bajísimas, que no tiene cómo pagar. Algunos hacen convenios con Tesorería, pero ni siquiera pueden cumplirlos. Otros ya están vendiendo porque no ven otra salida”, dice. Y cierra: “Esto no es justo. Muchos de ellos construyeron sus casas hace 50 o 60 años y ahora están siendo expulsados por el propio Estado”.