La magistrada (s) de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Leonor Cohen, investida para los efectos como tribunal unipersonal de excepción, rechazó la demanda interpuesta por el exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, en contra de 23 diputados de la UDI.

La acción civil, que busca una retribución indemnizatoria, se remonta a agosto de 2024, más de uno año después de que parlamentarios gremialistas vincularan al exsecretario de Estado con el robo de computadores ocurrido en julio de 2023 en el edificio del Ministerio de Desarrollo Social. Asimismo, los congresistas ligaban al exdirigente estudiantil con el caso fundaciones.

De hecho, en julio de 2023, los 23 parlamentarios entregaron una carta al Presidente Gabriel Boric, poniendo el plazo máximo de 48 horas para que Jackson dejara su cargo por “haber orquestado un esquema de defraudación a través de fundaciones políticas y, por último, por estar directamente involucrado en el sospechoso robo de 23 computadores y una caja fuerte desde su ministerio, justo cuando días atrás el fiscal nacional, Ángel Valencia, había informado que probablemente será citado a declarar en el caso”.

Fue con esos argumentos que el abogado del exministro frenteamplista, Miguel Schürmann, apuntó al supuesto daño moral que sufrió Jackson con los comentarios de la oposición, acusando además daño a su honra y credibilidad. Entre los demandados, que son los firmantes de la carta, se encuentran diputados, como el timonel UDI Guillermo Ramírez, Jorge Alessandri, Joaquín Lavín León, Juan Antonio Coloma, Henry Leal, entre otros.

Sin embargo, los antecedentes expuestos por Schürmann no convencieron a la magistrada Cohen, quien entregó un fallo de 36 páginas explicando su decisión.

Los argumentos de la jueza

Citando el Código Civil, la jueza señala que las injurias no dan derecho para demandar una indemnización pecuniaria “a menos de probarse daño emergente o lucro cesante”.

“La propia parte demandante ha reconocido que los demandados han podido ejercer el derecho de expresión y opinión, pero les atribuye el haber excedido los límites permitidos por la ley, al no haberse acompañado a las expresiones antecedentes probatorios que avalen las responsabilidades penales que se atribuyen al señor Jackson, deviniendo en falsas”, señala la sentencia.

Por otro lado, la jueza afirma que no es posible concluir que la mencionada carta haya sido con el fin de afectar la honra de Jackson: “No puede soslayarse que esta controversia se da entre políticos, ambas partes poseen la calidad de tales ahora y a la fecha de los hechos, de manera que si bien los términos de la carta pueden calificarse de duros, o incluso -como lo reconoció el demandado señor Guillermo Ramírez- pudieron redactarse de mejor manera. Lo cierto es que no es posible desprender que los dichos y/o afirmaciones hayan sido emitidas con el objeto de dañar la honra del demandante”.

“No ha quedado acreditado que las expresiones que motivan la presente acción se hayan emitido con animus injuriandi, pues analizado el contexto histórico en que se emiten, es posible descartar un fin de deshonra, sino más bien los hechos se avienen con el contexto político tantas veces aludido y con la finalidad que reconocen los demandados, en el sentido de querer hacer efectiva la responsabilidad política del señor Jackson, quien encabezaba la cartera de Desarrollo Social y Familia, para que dejara el cargo por una gestión que les merecía diversos reparos”, agregó la magistrada.

Finalmente, la jueza afirma en su sentencia que ni los propios testigos presentados por la parte demandante dieron cuenta del referido daño en los términos de la demanda. “En efecto, ninguno de ellos ha sostenido que el actor después de la carta haya visto afectada su credibilidad, honorabilidad, honestidad o probidad en la opinión pública; el único testigo que refiere a esto, es el señor Luis Argandoña, quien únicamente destaca la exposición pública que se dio en los medios a la difusión de la carta y a un eventual daño a la imagen que no explica”.

Nueva arremetida

No contento con la resolución, Schürmann señaló estar sorprendido con la resolución y anunció que apelarán ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

“Hemos decidido recurrir en contra de la sentencia y confiamos en que la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso corregirá los errores advertidos y restablecerá el justo equilibrio entre el debate político y la protección de los derechos fundamentales de las personas”, dijo el abogado de Jackson.

“Lo primero que queremos indicar es que fue resuelta por una ministra distinta a la que conoció de la tramitación del juicio. En la sentencia no se valoraron correctamente las declaraciones de los periodistas que comparecieron como testigos, quienes calificaron las expresiones específicas de la carta en la que le atribuyen participación al exministro Jackson en el robo de computadores y en el denominado caso Convenios, como injuriosas y carentes de sustento”, sostuvo Schürmann.

El abogado cerró con que “el gran error del fallo es confundir la crítica política legítima con la imputación de hechos falsos específicos para afectar la honra de una persona”.