Esta jornada Raúl Figueroa, exministro de Educación del segundo gobierno de Sebastián Piñera y director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello; y Nicolás Cataldo, exministro de Educación del gobierno de Gabriel Boric e integrante de la Vicerrectoría Académica de la Universidad de Valparaíso abordaron las políticas de Estado en materia educativa, así como también las implicancias del proyecto Escuelas Protegidas, el cual se encuentra en tercer trámite en el Congreso tras ser aprobado esta semana por la Cámara Alta.

En conversación con el programa de streaming Desde La Redacción de La Tercera, ambas exautoridades se mostraron de acuerdo con la implementación de esta proyecto de ley, el cual busca entregar mayores herramientas a los docentes ante los hechos de violencia, como por ejemplo, mediante la revisión de mochilas, una de las medidas que ha generado mayor ruido en la discusión parlamentaria.

Consultados sobre esta materia, Cataldo manifestó que “siempre es bueno discutir sobre cómo enfrentamos los problemas de seguridad y de violencia, y mejoramos la convivencia en el sistema educativo”.

En este sentido, el tema de revisión de mochilas, señaló, “la evidencia internacional no es concluyente”.

“De hecho las investigaciones que hay indican que en una primera etapa tiene impacto, pero luego la tendencia es más bien a sensaciones de criminalización en establecimientos educacionales, no hay evidencia que haya logrado contener lo que se quiere contener”, apuntó.

Sobre el punto, Cataldo expresó que en el proyecto “hay una buena intención, pero también hay soluciones que parecieran ser un poquito como sillón de Don Otto (...) la promesa que se le hace al sistema educativo de que va a resolver estos problemas con esta ley, la verdad es que puede terminar en una gran frustración en el sistema”.

El exministro Figueroa en tanto, si bien destacó que era necesario llevar a cabo una ley de este tipo para “dar una señal” y que así que el profesor pueda recuperar la autoridad en la sala de clases, también compartió la misma reflexión del exministro Cataldo en cuanto a que el proyecto puede generar mayores expectativas, aunque advirtió que del gobierno lo deben tener ya considerado.

“Yo creo que es imposible que alguien piense que esto va a resolver los problemas de violencia que existen en el país", sostuvo. En la medida que se implemente bien, añadió, puede transmitirle tranquilidad a las comunidades educativas, “porque si no, lo que puede ocurrir es que genere sobreexpectativas y frustraciones”.

En este sentido, en el caso específico de revisión de mochilas, Figueroa expresó que no le encontraba mucho sentido porque la ley de Convivencia Escolar ya lo contamplaba.

“En la práctica, yo al menos jurídicamente, soy de los que piensa que ya con lo que se había aprobado de los detectores de metales, queda la escuela facultada. Porque qué sacas con pasar por un detector de metal y después no puedes revisar lo que viene adentro”, reflexionó.

Quitar acceso a la gratuidad

Consultadas ambas exautoridades sobre una de las medidas más polémicas de la iniciativa legistlativa, que es quitar el acceso a la gratuidad por un plazo de cinco años a aquellos jóvenes que sean condenados por un caso de violencia dentro de un recinto eduacional, Figueroa se mostró de acuerdo con la medida, indicando que “tiene un propósito de dar una señal muy clara”

“Y esa señal clara es que las conductas tienen consecuencias, y las conductas graves, además voluntarias, y en este caso confirmadas por un fallo judicial, tienen consecuencias”, afirmó.

Además, argumentó, esto “no le quita los otros mecanismos para acceder (a la educación superior), los créditos o las becas”.

Cataldo en tanto, manifestó su inquietud en que este tipo de medidas en este segmento específico -jóvenes- generen cambios conductuales.

“De hecho, uno lo ve con Aula Segura. O sea, no se han aplicado nunca más aulas seguras que en los últimos cuatro años, donde pasamos de 600 expulsados, cancelados de matrícula en 2019, a más de 2.500 en los años sucesivos”, detalló, apuntando a que esta expansión no se ha traducido en una disminución de los episodios de violencia.

Lo que sí provoca cambios conductuales en los jóvenes, destacó Cataldo, son los procesos formativos, destacando que Ley de Convivencia aprobada en enero integra el Programa de Bienestar Socioemocional, el cual fue aprobado casi unánimamente por el Congreso.

En esta línea, el exministro del gobierno de Boric sostuvo que esto no quiere decir que esté en contra de que exista un debido proceso con sanciones claras ni de los detectores de metales, pero ese tipo de medidas “tienen que ir acompañadas de otro tipo de apoyos que si el Estado no entrega, la verdad es que estamos bien complicados”.

Exministro Figueroa: ”Existe siempre una tendencia a politizar el sistema educativo"

Por otra parte, y consultadas ambas autoridades sobre si existe una política de Estado en la cartera, o si prima más la agenda del gobierno, esto considerando los cambios que ha anunciado la actual ministra de Educación, María Paz Arzola, tanto sobre los Servicios Locales de Educación (SLEP), como con el Sistema de Admisión Escolar (SAE), Figueroa apuntó a que a su parecer sí existe una política de Estado en Educación, y en esto “hay muchísimos ejempos”.

“Creo que podríamos tomar de distintos gobiernos y ver todo un espacio de continuidad (...) que ojo, que sea una política de Estado no significa que las cosas sean en piedray que no se modifiquen nunca más”, señaló.

En esto, apuntó, a su parecer “hay una lógica más de concepción del sistema. Creo que la idea de un sistema mixto está tremendamente arriesgado en Chile”.

Sin embargo, sostuvo que “existe siempre una tendencia a politizar el sistema educativo que distorsiona esa lógica de Estado”.

“Y generalmente los que intentan politizar el debate educativo son los que están fuera de la sala de clases, fuera de la escuela, fuera de la política educativa”, continuó.

Entonces, señaló Figueroa, “hay un choque, creo yo, entre lo que es una política educativa de largo plazo que en Chile yo creo que los gobiernos de la Concertación en adelante, en el fondo, se han mantenido con un afán sistemático de tomar la educación como una herramienta para proyectar diferencias políticas y, sobre esas diferencias, mantenerse o tratar de llegar al poder. Y eso creo que es el problema”,

Cataldo por su parte si bien indicó que existen algunos elementos de la estructura que son politicas de Estado, como el Sistema de Aseguramiento de la Calidad o la política docente, hay tensión en ciertas materias que nunca han logrado cohesión.

“Hay otros temas que son más emergentes y en los que no hemos logrado construir una política de Estado. Porque, efectivamente, hay una tensión relevante sobre reformas que llevan ya un buen tiempo de implementación y no han logrado hacer síntesis técnica ni política”, señaló. “Y yo lo que me temo es que en materia de convivencia nos pase lo mismo”.

“Pero hay otras cosas en las que urge hacer políticas de Estado. Convertir esas leyes que hoy día están ahí, que están en la mesa, y que les toca a todos los gobiernos implementarlas, que se conviertan rápidamente en algo que efectivamente le haga sentido a todos”, señaló. “En materia de convivencia yo creo que no tenemos tiempo para dedicarnos a estar cada cuatro años revisando el todo”.

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