“Actué dentro de mis competencias”, dijo el lunes la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, en la Comisión de Seguridad de la Cámara buscando enfrentar las interrogantes sobre por qué solicitó a la PDI en marzo un informe detallado respecto a detectives trasladados en una causa que llevó en Iquique en enero, cuando aún era la fiscal regional de Tarapacá.

La secretaria de Estado abrió un flanco inesperado con la policía civil al pedir al propio director general Eduardo Cerna remover a la prefecta general (r) Consuelo Peña sin entregar mayores motivos. La petición para sacarla del alto mando llegó después de un oficio en el que solicitaba un informe por la remoción de cuatro oficiales de la PDI de Iquique. De acuerdo a lo que ha podido conocer este diario, su solicitud se fundó en un antiguo episodio ocurrido en enero, cuando Steinert era fiscal y Peña tenía a su cargo a un equipo policial en una investigación contra un clan chino.

Esa vez, por una decisión en la que habría estado presente Peña, cuatro detectives fueron sacados del equipo que veía ese caso y trasladados hasta otras regiones. Entre ellos estaba el subprefecto Mauricio Fuentes, cercano a Steinert.

Uno de los cuestionamientos que ha recaído contra la ministra está en torno a si efectivamente tiene las atribuciones legales para pedir información a las policías sobre causas. De hecho, ayer el diputado Raúl Leiva (PS) le consultó por esto mismo en la instancia parlamentaria.

Según respondió Steinert, sí las tiene. “Jamás pedí antecedentes propios de la investigación, solamente los fundamentos del cambio de todo un equipo investigativo. Esas posibilidades me las da el artículo 3 de la ley que crea el Ministerio de Seguridad. No solamente el artículo 3, sino el artículo 4 letra D y el artículo 5 letra B”, explicó Steinert.

Sin embargo, la interpretación que hace la ministra de dichas normas no son de consenso general entre conocedores del derecho y quienes participaron de la conformación de la Ley Orgánica del Ministerio de Seguridad Pública.

El debate jurídico

El artículo 3, en sus incisos 4° y 5°, regula los alcances que tiene el ministro de Seguridad. En el primero dice que “en el ejercicio de sus funciones, el ministro o ministra podrá solicitar a cualquier órgano de la Administración del Estado los antecedentes o informaciones que estime pertinentes”, mientras que en el inciso siguiente se añade una norma especial. Ahí se señala que el secretario de Estado podrá solicitar “informes o reportes de inteligencia conforme a la Ley N° 19.974, sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia”.

Quienes conocen la ley desde su implementación sostienen que cuando la norma habla de “órgano de la administración del Estado” no se refiere particularmente a las policías, ya que esto, dicen, tiene una norma distinta. “Lo que pasa es que esas normas son para organismos de la administración en general. Sin embargo, en el caso de las Fuerzas de Orden y Seguridad hay norma especial”, comentan un entendido en la materia.

Asesores que participaron de la tramitación de la ley que creó este ministerio comentan que esa discusión estuvo muy marcada por el caso del exsubsecretario Manuel Monsalve, quien justamente hizo solicitudes en investigaciones penales.

Por eso mismo fue que se quiso blindar al ministerio para que su jefe no pudiera andar pidiendo información detallada sobre indagatorias en curso. Y Steinert, en su oficio, explicita un requerimiento específico de una causa, incluso pone el RUC de la investigación.

Las mismas fuentes señalan que el objetivo es que el ministro de Seguridad solo pueda dirigir de forma estratégica las policías y no pueda hacerlo en el detalle “táctico y operativo”. Esa es la razón que explica la parte más relevante que omitió Steinert, el inciso que plantea que “en ningún caso podrá solicitar antecedentes cuya divulgación afecte o pueda afectar el desarrollo de una investigación penal en curso”.

Las mismas fuentes ponen en la mesa un antecedente surgido este martes. El fiscal nacional Ángel Valencia reconoció que Steinert lo llamó para evitar el cambio del personal de la PDI. “Da cuenta que ella tenía un interés en una causa concreta, respecto de la cual con posterioridad pide información ahora como ministra de Seguridad. Ese interés, además de un potencial conflicto, puede ser constitutivo de desviación de poder”, comentan conocedores del derecho administrativo.

“La ministra podría haber dado una explicación que es más sencilla. Y es que la Policía de Investigaciones depende del Ministerio de Seguridad Pública. Y en el derecho administrativo la expresión depender tiene un contenido técnico jurídico específico, que dice relación con la intensidad del control que ejerce la autoridad respecto a los órganos de su dependencia”, dice el profesor de derecho administrativo de la Universidad de Chile Julio Palavicini.

La abogada y profesora de derecho administrativo de la Universidad de los Andes, Rosa Gómez, pone el acento en los límites que la misma ley otorga: “La ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública reconoce facultades amplias de coordinación y requerimiento de información por parte del ministro, incluso respecto de otros órganos del Estado. En ese marco, solicitar antecedentes a la PDI no es, en sí mismo, contrario a derecho. Sin embargo, ese poder no es absoluto, la propia ley establece un límite claro, que es no interferir ni afectar investigaciones penales en curso”.

“Aún cuando las autoridades tengan competencias para adoptar determinadas decisiones, es importante que la comunicación que hagan de esas decisiones sea sencilla, razonable y transparente, de manera que podamos entender razonadamente la forma en que las autoridades públicas toman decisiones”, apunta Palavicini.

Quien no quedó conforme con la respuesta en el Congreso fue el diputado Leiva, quien anunció que oficiará a la Contraloría solicitando un dictamen para zanjar esta discusión.

“La discusión jurídica no está tanto en si puede pedir información, sino en si ese requerimiento, en el caso concreto, incidió o pudo incidir en una investigación penal, que es donde efectivamente se jugaría la eventual extralimitación”, agrega Gómez.

El lunes, Steinert insistió en que sí tiene las facultades. “Si yo no tuviera la posibilidad de pedir a policías y Carabineros determinados antecedentes, entiendo que el Ministerio de Seguridad entonces serviría poco”, comentó la titular de Seguridad.