Un reclamo formal estampó la tarde de ayer miércoles la abogada Patricia Muñoz, representante de la denunciante de los excadetes de Cobreloa, por lo que estima es una seguidilla de falencias en la tramitación de la causa donde nueve futbolistas son acusados por el delito de violación.

La gota que rebasó el vaso fue que, tras la constante dilación del Ministerio Público en entregar copia completa de la carpeta investigativa a las defensas, los seis acusados que quedaban en prisión preventiva fueron liberados -quedando con arresto domiciliario total- por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, instancia que confirmó lo resuelto previamente por el Juzgado de Garantía de Calama y que reprochó en duros términos el rol de la Fiscalía.

Como indicó el mencionado tribunal de alzada, la poca diligencia de la Fiscalía afectó derechos de los imputados y, de paso, contravino disposiciones que establecen que deben ser juzgados en un plazo razonable. El que no hayan puesto a disposición los antecedentes, se indicó, implicó la postergación de la audiencia de preparación de juicio oral en un mes, por lo que ya no era viable mantener a los acusados en la cárcel.

Ante ello, Muñoz estimó necesario recurrir ante el fiscal regional Juan Castro Bekios, para que se adopten las medidas necesarias para resguardar el debido proceso y que, de ser necesario, se sancione a sus subordinados.

A través de un escrito de 16 carillas -al que accedió La Tercera- la penalista solicita al persecutor regional que no solo se indaguen responsabilidades administrativas, sino que también haya intervención directa de unidades especializadas de la Fiscalía Nacional para que la causa llegue a buen término.

Como se lee en el documento, la situación implica una “afectación severa a los derechos de la víctima”. Y para la abogada, es justamente la Fiscalía la que debe responder en atención a que lo que hoy enfrentan se ocasionó “por la falta de cumplimiento del deber del órgano constitucionalmente obligado a perseguir eficazmente la responsabilidad penal”.

El reclamo se presentó en contra del fiscal jefe de Calama, Eduardo Peña, como titular de la causa, y de todos los fiscales que fueron asignados como responsables de la investigación desde su inicio, esto es el 17 de septiembre de 2021. Todos ellos, insiste la penalista, eran quienes “debían asegurar el cumplimiento de estándares de debida diligencia impuestos por la Constitución, la ley y las instrucciones internas del Ministerio Público”.

“Desde que asumí la representación de la víctima he representado tanto a los fiscales como a nivel judicial las infracciones y deficiencias que la Fiscalía ha tenido en la tramitación de esta causa, y no solo en lo que dice relación con la falta de atención respecto de la víctima, sino que también en términos de tramitación. El 6 de septiembre solicité información al fiscal regional para saber qué había pasado con responsabilidades, pero no se me comunicó nada. Y ahora nos enfrentamos a esta negligencia”, comentó Muñoz a este medio al ser consultada sobre la acción.

Asimismo, planteó: “Yo espero y confío en que este reclamo que he presentado sea tramitado con la rigurosidad que amerita la grave situación que implica la falta de acción de los fiscales. Este es un hecho escandaloso, uno de los más graves que se ha conocido en términos de la reforma procesal y de la gestión fiscal y tiene que haber consecuencias que sean coherentes con eso“.

Las peticiones

Según se detalla en el reclamo, la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público establece que los fiscales regionales, como jefatura, tienen dentro de sus competencias administrativas ejercer el control jerárquico permanente del funcionamiento de las unidades.

Por lo mismo es que la abogada se dirigió directamente ante el fiscal Castro Bekios para plantearle su disconformidad ante lo ocurrido y que pueda adoptar medidas, pues los persecutores a su cargo tienen responsabilidades civiles, penales y administrativas respecto de sus actos.

De esta forma, la penalista planteó seis peticiones. En primer punto, solicitó disponer la apertura de investigaciones administrativas para establecer las responsabilidades disciplinarias que correspondan respecto de todos los fiscales responsables de haber tramitado la investigación.

Asimismo, requirió se gestione la intervención de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Explotación Sexual Infantil de la Fiscalía Nacional.

En los mismos términos, planteó la necesidad de que también intervenga la Unidad de Asesoría Jurídica, “para que en su rol de supervisión de las acciones de los fiscales adjuntos y funcionarios de las fiscalías del país, informe sobre el cumplimiento o no de los fiscales y demás eventuales responsables de los deberes funcionarios”.

Además, planteó que a la hora de establecer las infracciones en que habrían incurrido los fiscales en cuestión, esto se haga en función de la gravedad de los hechos denunciados y constatados a nivel investigativo y judicial. En consecuencia, también se pide “determinar la procedencia de sanciones disciplinarias"

Por último, igualmente hizo presente que en el tiempo que medie entre la interposición de la reclamación y el resultado de las investigaciones sumarias, “disponer medidas correctivas específicas para asegurar que la víctima reciba atención integral y asegurarse con medidas concretas que lo que resta del proceso de esta investigación se tramite asegurando el cumplimiento de la debida diligencia reforzada exigida".

La Tercera consultó a la Fiscalía Regional de Antofagasta si se abrieron sumarios tras lo ocurrido, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.