La exministra de Salud Ximena Aguilera volvió a posicionarse en el ojo del huracán luego de que la semana pasada se revelara un informe de Contraloría en el que se expone que hubo gestiones de parte de su jefe de asesores, Manuel Nájera, en el marco de una operación de urgencia a la madre de la exsecretaria de Estado.

Cuando recién se conoció este caso, revelado por La Tercera en diciembre del año pasado, la entonces secretaria de Estado descartó incansablemente que su madre hubiera recibido “algún tipo de privilegio”. Sin embargo, la investigación de Contraloría apunta a lo opuesto, tras lo cual las amenazas de acciones en contra de Aguilera no han hecho más que escalar: parte del oficialismo está tramitando una acusación constitucional y otro sector ingresó un denuncia penal por tráfico de influencia.

Con ese contexto, contraintuitivamente uno de los defensores de la exministra ha sido otro que también supo ocupar el cargo: el extitular del Minsal en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, Jaime Mañalich. El profesional -muy cercano a Aguilera- sostiene que no se justifica continuar con estas acciones, ahondando en que las gestiones realizadas por el exasesor de Aguilera no implican necesariamente que ella estuviera al tanto.

A través de X planteó que no hay mérito para perseguirla. ¿En qué elementos concretos basa esa afirmación, considerando que hay un informe de Contraloría?

Primero es necesario aclarar algunos puntos. Hay muchas personas mayores que esperan por una operación de cadera, normalmente, reemplazo. La fractura de cadera, que aumenta su incidencia con la edad, es una enfermedad completamente distinta, es una urgencia quirúrgica que requiere operarse durante las primeras 24 horas, porque, si no, el pronóstico empeora dramáticamente. Este último caso es el de la mamá de la exministra.

Pero la Contraloría dice que hay pacientes con diagnósticos similares que no tardaron ese tiempo. También hay un estudio que dice que esta operación puede demorar semanas en el sistema público.

Eso es completamente falso y esto es un derecho que la ciudadanía debe reclamar. La cirugía debe hacerse y ese es el estándar quirúrgico chileno: antes de las 48 horas. Respecto al informe, Contraloría sugiere que alguien podría haber hecho gestiones para intervenir en favor, pero no hay ninguna evidencia que haya sido la ministra, que es la persona que está siendo atacada, acusada y perseguida en este momento. Inferir desde el informe que hay una responsabilidad de ella, a mí me parece aventurado.

¿Entonces, la responsabilidad sería de su exasesor Manuel Nájera?

Va a haber una denuncia a la Fiscalía, así lo han advertido parlamentarios de la UDI y se tendrá que investigar. Evidentemente esa denuncia tiene que ser genérica contra cualquiera que pueda haber sido responsable de un tráfico de influencia y no contra la ministra, desde luego. Insisto: no hay ninguna evidencia de que eso haya ocurrido.

El oficialismo también está tramitando una acusación constitucional.

A mí me parece que es un grave error, porque la acusación constitucional como instrumento consagrado en la Constitución para perseguir o buscar responsabilidades, fiscalizar al Ejecutivo, es un instrumento absoluta y completamente desprestigiado, y en los tiempos que corren con la labilidad política de apoyos desde la ciudadanía que estamos viviendo y que se va a acentuar en las próximos semanas, una acusación constitucional tardía contra la ministra de Salud hay una sola cosa que garantiza 100%: una acusación constitucional, en cualquier momento que sea posible, contra la nueva ministra de Salud.

¿Por qué hace esa relación?

Porque hoy día la acusación constitucional ha perdido completamente su sentido. Hay que tener en cuenta la cantidad de acusaciones constitucionales que se han presentado en los gobiernos recién pasados y no llegaron a puerto. Se ha transformado en un arma antojadiza.

Entonces, ¿debe seguir el curso de lo demás?

Eso ya escaló a la justicia y la justicia tendrá que resolver. Quiero recordar que como ministro también he sido víctima de acusaciones constitucionales, de persecuciones civiles y criminales, todas ellas desechadas porque no tenían mérito. Utilizar el aparato de la justicia para conflictos políticos que deben resolverse en otra esfera es un grave error, del cual, insisto, hay que tratar de ser cuidadoso, porque si no, se transforma en un festival de comunicaciones y de conflicto y de discusiones por redes que no llegan a ninguna parte.

¿Cree que existe responsabilidad de la ministra en saber qué estaban haciendo sus asesores?

No tengo conocimiento de cuál fue la conversación o qué es lo que hicieron, pero insisto, si asesores llamaron, se hicieron presentes, las personas que trabajan en el hospital por su cuenta pueden haber dicho ‘se trata de la mamá de la ministra, aceleremos’, es una cosa que tiene que ser investigada.

Ya se determinó que existieron llamadas del jefe de asesores al hospital. La pregunta que surge es si la ministra estaba al tanto de estas gestiones.

Eso ya es adivinanza, cómo uno va a saber cómo era la agenda de la ministra ese día. Presumir que ella tenía conocimiento o que direccionó estas actividades de asesores es ir demasiado lejos, es la especulación. Una deducción excesiva.

Es una pregunta legítima.

Lo que quiero decir es que si Contraloría estima que ha habido alguna influencia para atender en forma anticipada en una emergencia quirúrgica, es algo que se debe investigar administrativamente.

La duda que deja la llamada es si su asesor le mintió o ella nunca indagó en lo que hicieron sus colaboradores en este caso.

No hay ningún elemento objetivo para decir, primero, que la ministra sabía o no sabía. Dos, que ella generó alguna influencia sobre sus asesores. Y tres, qué es lo que hicieron los asesores, porque si el asesor llama a la dirección del hospital y si eso es reprochable es una pregunta que la Contraloría tiene que responder.

Si los sumarios llegasen a detectar irregularidad administrativa, ¿seguiría sosteniendo que no había mérito en cuestionar a la exministra?

No, lo que estoy hablando es que no hay mérito para una acusación constitucional ni un para una persecución jurídica. Lo que sí estoy diciendo es que me parece que el informe de la Contraloría obliga absolutamente a una investigación administrativa para evaluar responsabilidades. Y, evidentemente, si la investigación sumarial detecta responsabilidad administrativa de la exministra, esta debe hacerse valer.