A casi dos años de los hechos, comenzó el juicio oral en contra de Nicolás Rivas Paillao y los hermanos Tomás, Felipe y Yeferson Antihuen Santi, los cuatro imputados por el triple homicidio de los carabineros Sergio Arévalo, Misael Vidal y Carlos Cisterna la madrugada del 27 de abril de 2024 en Cañete, Región de Biobío.

Durante la primera jornada, el fiscal de la Región de Biobío, Ricardo Garrido, delineó con dureza ante el tribunal la tesis del Ministerio Público: los acusados se coordinaron con antelación para ejecutar el ataque en la localidad de Antiquina.

“Se trata de una violencia consciente, voluntaria, planificada, artera, que está destinada a imponer miedo, a demostrar capacidad de control territorial mediante una demostración de fuerza. Estos hechos, si bien afectan bienes jurídicos de las víctimas, de todas maneras apuntan a socavar las bases mismas del Estado de derecho“, sostuvo el fiscal.

Asimismo, destacó que la presencia de las armas y especies sustraídas de los uniformados encontradas durante las diligencias de la Policía de Investigaciones (PDI) en el domicilio de los imputados, constituye uno de los antecedentes más importantes para determinar el veredicto.

El fiscal sugirió al tribunal que “observe la evidencia en su conjunto y llegue a la única conclusión que nos parece en este caso coherente, que es la responsabilidad de los imputados y su participación en los hechos que son materia de esta acusación”.

“Por eso creemos que, sin perjuicio de las altas penas que estamos requiriendo (presidio perpetuo calificado), es una respuesta justa y proporcional al daño causado”, agregó.

Garrido señaló que los imputados están “dispuestos a realizar cualquier acción que signifique dañar a las personas que cumplen con esas funciones, incluso matarlos”, pues los acusados cuentan con antecedentes de violencia en contra de uniformados.

“Las víctimas que fueron atacadas no fueron atacadas en cuanto personas, sino por lo que ellas representaban. Fueron asesinadas por su condición de carabineros, porque encarnaban la presencia del Estado en el territorio que los imputados los desprecian”, sostuvo.

En esa misma línea, agregó que “esto es claramente un crimen de odio”. Además, sostuvo que “las consecuencias de ese odio las soporta en primer lugar toda la comunidad, que ve cómo se debilitan las bases de una convivencia pacífica, pero las sufren y las seguirán sufriendo las familias de las víctimas”.

A todos los imputados se les atribuyen los delitos de robo con violencia, homicidio calificado de carabinero en razón de su cargo o con motivo u ocasión del ejercicio de sus funciones, incendio consumado, porte ilegal de armas de fuego, traslado de restos humanos, entre otros. Se prevé que el juicio se extienda por 51 días.