Con la publicación en el Diario Oficial de la nueva Ley de Seguridad Municipal esta semana, comenzó a regir el plazo legal de seis meses para la entrada en vigor de una normativa que busca modernizar y dotar de mayores atribuciones a los gobiernos locales para enfrentar la delincuencia.

La ley, que fue promulgada el pasado viernes por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde y el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, será aplicada de manera progresiva en las 346 comunas del país una vez cumplido el periodo de adecuación administrativa e institucional.

La ley introduce distintas modificaciones y reconoce por primera vez a los inspectores de seguridad municipal bajo una nueva figura legal. Además define el rol preventivo de los municipios, fija atribuciones claras para casos de flagrancia, patrullajes y labores preventivas por parte de los equipos municipales.

En esa misma línea, se definen normas de capacitación obligatoria para los inspectores y se delimitan las labores autónomas de las coadyuvantes con las policías para su trabajo interinstitucional.

Adicionalmente, la normativa incorpora un agravante penal para quienes agredan a los inspectores en ejercicio de sus funciones y obliga a los municipios a entregarles elementos defensivos.

Los municipios dispondrán de seis meses para ajustar sus procesos de contratación y adquirir el equipamiento necesario.