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Liberan a sicario de comerciante de Meiggs: indagan presunta orden falsa de tribunal que recibió Gendarmería

A esta hora se realizan diligencias para recapturar a Osmar Ferrer, quien estaba en prisión preventiva por su presunta participación en el crimen de José Felipe Reyes Ossa. La institución penitenciaria informó que la orden emanó del 8° Juzgado de Garantía y descartó un hackeo a sus servidores.

Uno de los ciudadanos venezolanos que se mantenían en prisión preventiva por el homicidio calificado de un comerciante del barrio Meiggs, registrado el pasado 19 de junio en la comuna de Ñuñoa, fue liberado por Gendarmería tras recibir una orden del 8° Juzgado de Garantía, cuya legitimidad es indagada.

Se trata de Osmar Ferrer, detenido por su presunta participación en el crimen de José Felipe Reyes Ossa (43), cometido cuando salía de un edificio en esa comuna del sector oriente de la capital y por el cual, según la Fiscalía, se habría acordado un pago de $ 30 millones.

También de acuerdo con la Fiscalía, los detenidos tendrían vínculos con el Tren de Aragua en el país.

Pese a esto, tras la orden recibida por Gendarmería el sujeto fue puesto en libertad el pasado 10 de julio, un día después de su formalización. A esta hora, se realizan diversas diligencias para lograr su recaptura, mientras se indaga el origen del documento.

Desde la institución penitenciaria se indicó que la orden llegó desde el 8° Juzgado de Garantía, por lo que procedieron a cumplirla y descartaron que sus servidores hayan sido víctimas de un “hackeo”.

”Con fecha 10 de julio, y tras haber recepcionado por los canales regulares del sistema, una orden del Juzgado de Garantía correspondiente, Gendarmería dio cumplimiento a lo dictaminado en dicha resolución judicial", señalan en un comunicado.

“La Institución Penitenciaria pondrá a disposición del Ministerio Público toda la información, en razón de la investigación que se ha abierto al respecto”, agregan.

Fiscalía abre investigación

Ante esta situación, la Fiscalía Nacional adoptó una serie de medidas, incluyendo la solicitud de una nueva orden de detención en contra del imputado.

Asimismo, indicaron que “se abrió una investigación penal para esclarecer la legalidad del documento judicial que permitió la excarcelación, incluyendo la eventual falsificación de instrumento público o la alteración dolosa de sistemas informáticos”.

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