Líos de platas: Fiscalía de Valparaíso abre investigación por denuncia contra exsubsecretaria de las Culturas

Esta tarde y por instrucción de la Fiscalía Nacional, la Fiscalía Regional de Valparaíso abrió una investigación por una denuncia presentada por diputados de oposición en contra de la exsubsecretaria de las Culturas y las Artes, Andrea Gutiérrez, por el presunto delito de tráfico de influencias.

Gutiérrez, quien renunció el viernes pasado luego que el Presidente Gabriel Boric le ordenara un sumario administrativo por participar en la firma de dos convenios con la Corporación para el Desarrollo de Santiago, donde ejerció como directora antes de llegar al gobierno. Mediante una declaración, la exautoridad señaló al respecto que “cometí un error, actuando de buena fe y sin intención maliciosa, al firmar dos convenios en los que tenía la obligación legal de abstenerme”.

En Valparaíso, donde está la sede del Ministerio de las Culturas, la fiscalía indagará el rol de la exsubsecretaria en presuntas “contrataciones que se habrían realizado y que en principio los propios denunciantes califican como un eventual tráfico de influencias, atendida la participación de la subsecretaria en la definición de contrataciones, que suponían entrega de proyectos y por lo tanto pago de dinero a una persona que estaba relacionada personalmente con ella”, dijo este lunes la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich.

Los denunciantes son los diputados (RN) Ximena Ossandón y José Miguel Castro, quienes el jueves pasado presentaron la denuncia al fiscal nacional, Ángel Valencia, acusando que “la subsecretaría de Cultura y las Artes, encabezada por doña Andrea Gutiérrez Vásquez, habría entregado recursos a una ONG vinculada a la pareja de su exjefe de gabinete”, se lee en el documento.

Y sigue: “Pablo Casals, jefe de gabinete de la subsecretaria de marzo 2022 a abril 2023, al momento de efectuarse la entrega de recursos –y encontrándose en el cargo- ya era pareja de doña Teresita Ugarte, presidenta de la ONG beneficiada con la que la subsecretaría firmó dos convenios con la Asociación Gremial Red de Salas Independientes de Cine de Chile” por “$ 208 millones con resoluciones publicadas con tres días de diferencia”.

Consultada sobre las organizaciones involucradas en la investigación, la fiscal regional dijo que “no puedo confirmar todavía si es una o más instituciones, ni tampoco que se trate de ProCultura. Por ahora entendemos que está determinado por actuaciones de la subsecretaría del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio”, y detalló que la investigación estará a cargo de la Unidad Regional de Anticorrupción.

Por su parte, durante una pauta de prensa realizada en el Puerto, el fiscal nacional aseguró que “el Ministerio Público abrió investigaciones de oficio desde que se tuvo conocimiento de los inconvenientes que surgieron particularmente con la fundación Democracia Viva en Antofagasta. Y después en la medida que se fueron detectando nuevas situaciones irregulares, o las que revertían carácter de delito, también se fueron recibiendo denuncias, de terceros o de otras autoridades”.

Valencia agregó que “el Ministerio Público ha estado trabajando en esto desde hace varias semanas. Tenemos de hace mucho rato claro que el problema es grave”.

En paralelo -informó La Tercera Sábado-, la Contraloría ya revisó 34 convenios entre reparticiones públicas y fundaciones, los que habían sido congelados el 29 de junio por mandato del contralor Jorge Bermúdez, para recabar antecedentes y determinar si cumplen o no con lo estipulado por ley.

Según el avance de este proceso, el órgano contralor ha detectado que 29 convenios -todos suscritos en 2023 y que involucran más de $ 13 mil millones- no cumplen los estándares requeridos, por lo que fueron declarados ilegales o “representados”.