El lunes, el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, fue notificado de nuevos movimientos en el marco de la causa Franco Vargas.

El persecutor, quien se encuentra atendiendo las últimas solicitudes de una parte querellante de la causa antes de presentar la solicitud de formalización, ese día recibió una querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado contra cuatro funcionarios de Ejército.

En la acción penal, de 23 páginas y a la cual tuvo acceso La Tercera, el organismo imputa el delito de apremios ilegítimos al comandante Claudio Guajardo, al teniente Bjorn Wohllk, al capitán Michael Fritz y al enfermero militar Manuel Zambrano, por distintas responsabilidades en lo que significó la muerte de Vargas y las lesiones de otros conscriptos que realizaron el Servicio Militar en el Regimiento Motorizado N° 24 Huamachuco, de Putre.

Asimismo, el CDE apunta a otros delitos contra los uniformados. Por ejemplo, a Guajardo le asigna el delito de falsificación de instrumento público, y a Fritz y Zambrano el ilícito de no prestar cooperación “para la administración de justicia u otro servicio público”, contemplado en el artículo 253 del Código Penal.

Con todo, la querella relata hechos previos al día de la fatal marcha del 27 de abril de 2024, cuando Vargas terminó falleciendo y otros 45 soldados resultaron con lesiones.

Los hechos previos

En el texto se relatan hechos desde el 19 de abril, ocho días antes de la fatal marcha. Ese día, dice el CDE en base a relatos de otros conscriptos, Wohllk, quien estaba a cargo de un pelotón, realizó un “castigo” fuera de norma contra tres conscriptos.

“Al considerar que los conscriptos a su cargo no estaban cantando correctamente un himno militar, inició una dinamización o también llamado “aporreo” no programado, consistente en obligarlos a trasladarse en punta y codo por el suelo de tierra por un extenso trayecto. Ello provocó que, por dicho castigo, tres soldados conscriptos, individualizados como Juan José Díaz Montecinos, Tomás Chávez Rioseco y Nicolás Caro Casanova, tuvieran una descompensación, desmayándose y provocando una crisis de pánico respecto del primero, debiendo los tres ser atendidos por personal de enfermería”.

Con esa acción, dice el texto, el teniente se excedió a lo dispuesto en la orden de instrucción con la que cuentan los uniformados," que le prohibía realizar vejaciones, debiendo siempre respetar la dignidad humana respecto de los conscriptos“.

Por este castigo, el capitán Fritz luego llamó la atención verbalmente a Wohllk e informó de la situación a Guajardo, quien tenía bajo su mando la brigada.

Luego se relata un hecho ocurrido el 22 de ese mes. Ese día los conscriptos, menos Díaz por lo ocurrido anteriormente, fueron trasladados hasta el cuartel de Pacollo. El texto dedica varias líneas a las condiciones “insalubres” en las que estaba el lugar en varios espacios. Por ejemplo, dice la querella, el lugar mantenía “fecas de roedores” en la cocina, las techumbres estaban con “desperfectos”, las ventanas tenían cristales rotos, los utensilios de cocina se lavaban con “agua estancada” y no había medidas para evitar que los implementos pudieran contaminar los alimentos.

Por esta falta de cuidado, dice la querella, Guajardo debió, en su calidad de comandante del batallón, haber verificado que las instalaciones estaban en condiciones de limpieza mínimas para su uso.

A Wohllk se le asignan varios hechos de trato “degradante”. Por ejemplo, dice el texto que otro día vio las bandejas con “manchas de agua o grasa, las tomó, las pasó por tierra, ensuciándolas para luego obligar a comer a algunos soldados en dichos utensilios”.

Allí también se señala que Vargas y otros conscriptos, como Byron Alarcón y Lucas Gamboa, comenzaron a experimentar problemas de salud y psicológicos. Según se señala, pese a tener problemas de salud, como dolores estomacales y complicaciones respiratorias, estos fueron “obligados” a continuar con marchas y ejercicios militares.

Asimismo, el enfermero Zambrano “desatendió” a Vargas y Gamboa, quienes se encontraban en un estado de salud “muy deteriorado”.

Dice el texto que el cabo Jorge Alvear le señaló a Zambrano que Vargas no se encontraba en condiciones de realizar la marcha del 27, pero el enfermero “insistió” en que sí estaba en condiciones.

El día D

Ya el 27 de abril los soldados emprendieron el rumbo desde Pacollo a Putre. El recorrido implicaba bajar desde una altitud de 4.200 metros sobre el nivel del mar, en una distancia de 8 kilómetros. La orden fue realizada por Guajardo. Ese día los conscriptos fueron levantados a las 4.45.

En el texto se señala que Alvear volvió a advertir que Vargas no debía realizar la marcha, pero el enfermero nuevamente desestimó esta idea.

En ese sentido, el mismo Vargas le habría dicho a Fritz que no podía marchar, pero este insistió en que lo hiciera.

Luego, a las 6.00, Zambrano habría incumplido una orden militar, omitiendo acompañar en un vehículo militar a la segunda compañía a cargo del capitán Fritz. A este último también se le cuestiona haber iniciado el trayecto sin la compañía del enfermero.

A solo 250 metros de caminata Vargas se desmayó por primera vez, mojándose sus vestimentas. Luego tuvo otra caída ante la cual Fritz le habría dicho, según la querella, que parara su “show, ya que siempre hacía lo mismo, y le indicó que debía continuar".

Luego de 13 minutos Fritz solicitó la evacuación de Vargas. Como no estaba el enfermero en el lugar, el enfermero llegó posteriormente en una camioneta militar, pero no en una ambulancia. La falta de implementos llevó a que ni siquiera pudieran administrarle oxígeno en ese momento.

Vargas terminó falleciendo por una miocarditis viral.

La responsabilidad del comandante

El CDE imputa a Guajardo de haber falsificado un instrumento público, “alterando hechos sustanciales, para agregar ciertos puntos en la orden adulterada, que creyó favorable a sus intereses”.

Su abogado, Humberto Palamara, señaló que “la querella no se fundamentó en la investigación que está realizando el fiscal regional de Arica y Parinacota, sino en la investigación que realizó la fiscal militar de la 6ta División del Ejército, la que tiene el defecto que la fiscal militar tiene grado y que, por ende, no podía determinar responsabilidades de oficiales de mayor grado y jerarquía que ella”.

En ese sentido, Palamara presentó una querella contra quienes resulten responsables de la muerte de Vargas, apuntando a las responsabilidades de los altos mandos en la causa. Esto, considerando que la institución castrense no realizó un examen clave para evaluar si los militares podían hacer trabajos en altura.

“El Consejo de Defensa del Estado no se querelló contra los mandos superiores responsables de la muerte del conscripto Franco Vargas, entre los cuales se encuentra el comandante de Operaciones Terrestres del Ejército, general de división Pedro Varela Sabando; el comandante de la 6ta División del Ejército, general de brigada Rubén Castillo Herrera, ni del general René del Fierro Lucar que son los responsables de que a los conscriptos que fueron enviados a la Brigada Motorizada No 24 Huamachuco no se les examinara, previamente, respecto a su capacidad para hacer su servicio militar a una altura de sobre los 3.000 metros”, dice el abogado.

“Tampoco se querelló en contra del comandante de la Brigada Motorizada No 24 Huamachuco, el coronel Sebastián Silva Ramírez, quien es el que ordenó la marcha y el responsable del mal estado de las instalaciones militares”, agrega.