A principios de septiembre del año pasado, la Dirección de Logística de Carabineros abrió una licitación a través de Mercado Público para adquirir teléfonos. Se trata de un proyecto impulsado por la policía uniformada para adquirir 1.800 equipos móviles, de estándar militar, para funcionarios que realizan labores en las calles.

Los equipos, que reciben dicha denominación, dado su grado de tecnología y construcción, buscaban ser adquiridos por Carabineros en “apoyo a la función policial” y con los cuales -entre otras cosas- se pueden realizar controles de identidad y establecer comunicaciones.

En enero de este año, finalmente la policía uniformada adjudicó la licitación para la cual disponía de un presupuesto de $2.997.493.200. Sin embargo, dicha compra derivó en una investigación interna en Carabineros, dado presuntos actos de corrupción que pudieron ocurrir durante el transcurso de la operación. Además, en paralelo, la ahora cuestionada compra se encuentra judicializada en el Tribunal de Contratación Pública (TCP).

Las alertas internas

A la millonaria licitación de Carabineros se presentaron seis empresas para ser las proveedoras de los equipos telefónicos: ITQ Chile, Sonda S.A, TIC Services, Vigatec Sistemas y WMWirelessMobileChile. Dichas compañías compitieron por adjudicarse la entrega de 1.800 teléfonos militares, los que deben ser administrados por el director de Tecnología de la Información y las Comunicaciones de Carabineros.

De dicho proceso resultó ganadora la oferta más alta, por $2.981 millones, la de Sonda S.A, la única empresa que según la comisión evaluadora del proceso cumplía con los requisitos técnicos, administrativos y económicos para ganar la compra.

Sin embargo, según fuentes consultadas por La Tercera, a raíz de esta licitación, Carabineros decidió abrir una investigación interna. Si bien no se conocen mayores detalles del sumario, la indagatoria ya derivó en la remoción y llamado a retiro de la jefa del Departamento de Proyectos, la teniente coronel Mylena Álvarez.

Contra Álvarez se abrió un sumario, señalan fuentes policiales, que concluyó en la remoción de la funcionaria que contaba con una larga trayectoria al interior de la institución. Quienes conocen de dicha indagatoria, señalan que este proceso concluyó que la oficial cometió “faltas graves a la ética institucional”.

Lo anterior, señalan las mismas fuentes, porque la funcionaria habría viajado al seminario tecnológico “Cisco Conecta Latam 2025″, que se realizó en octubre del año pasado en Cancún, México. A dicho evento, la entonces jefa de un departamento de la sección de Tecnología de Carabineros, fue invitada -con los gastos pagados- por Sonda S.A, misma empresa que se adjudicó la compra de los teléfonos y que mantiene otros contratos con la policía uniformada.

El trabajo de la ahora removida funcionaria, había sido destacado en un reportaje de la Revista de Carabineros en septiembre de 2025. En esa ocasión, la entonces oficial a cargo de los proyectos tecnológicos destacaba que “antes, el funcionario en la calle tenía que hacer todas las consultas a través del equipo radial. Ahora, desde su celular, podrá crear procedimientos policiales, realizar verificaciones de identidad, enviar evidencias fotográficas y hasta registrar su hoja de ruta digital”.

Consultados respecto a esta investigación, desde Carabineros confirmaron la indagatoria interna y señalaron que “actualmente existe una investigación administrativa en curso, así como acciones ante el Tribunal de Contratación Pública, por lo que, conforme a los protocolos institucionales y resguardando el debido proceso, no es posible emitir declaraciones adicionales en esta etapa”.

Una causa en la justicia

En paralelo a la investigación que mantiene la policía uniformada, la compra de los teléfonos de estándar militar también llegó a los tribunales administrativos especiales. La empresa TIC Service demandó ante el Tribunal de Contratación Pública (TCP) a Carabineros producto de esta licitación.

Según la demanda ingresada en febrero pasado, la empresa acusó a la Dirección de Logística de Carabineros de tener una actuación ilegal y arbitraria durante la adjudicación a Sonda S.A y la que pide que se deje sin efecto.

Lo anterior, porque según la empresa, Carabineros declaro que la oferta de TIC Service ofrecía una vigencia menor a la establecida en las reglas, mientras que la compañía afirma que su propuesta entregaba una mayor cobertura al Fisco.

Además de eso, según la demanda presentada por la abogada Ingrid Pizarro, la policía uniformada adjudicó la licitación a Sonda S.A a pesar de que no cumplía con los requisitos técnicos exigidos el proceso. Esto, porque según Carabineros los teléfonos debían contar con una eSIM y no una tarjeta física, algo que -según TIC Service- Sonda S.A no cumplió ya que los teléfonos ofrecidos -y adjudicados- tenían simcard física.