En el marco de la querella interpuesta en junio del año pasado por CAP en contra de Molycop y de quienes resulten responsables por el delito de estafa, la fiscal adjunta de la Fiscalía Local de Ñuñoa-Providencia, Mitzy Henriquez Pérez, solicitó el 7 de mayo dejar sin efecto la audiencia de formalización fijada para el 27 de este mes contra el gerente general de esa empresa, Gustavo Alcázar, y el gerente de finanzas, Patricio Lagos.

Al día siguiente, el 8 de mayo, la jueza titular del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, Karin Lorena Mercado Rivas, acogió la solicitud, señalando que formalizar es una “atribución exclusiva del Ministerio Público”.

La presentación de la fiscal no entregó fundamentos para la solicitud. La causa se originó en una querella de CAP de junio de 2025 contra Molycop y quienes resulten responsables, por acusaciones que la propia Fiscalía había reconducido desde estafa a apropiación indebida.

Molycop interpretó la decisión como una ratificación de su postura. En un comunicado, la empresa afirmó que el desistimiento “confirma que no existen fundamentos para proceder” contra sus ejecutivos, y reiteró que la querella de CAP “carece de sustento y responde exclusivamente a una estrategia de presión en el contexto de una disputa arbitral entre las partes”. Tanto Alcázar como Lagos serán notificados a través de sus defensas.

Cuándo partió la disputa

El origen del conflicto se remonta al cierre de la planta siderúrgica Huachipato de la Compañía Siderúrgica Huachipato (CSH), filial de CAP, en Talcahuano, a partir de septiembre de 2024.

Molycop, empresa de capitales estadounidenses con plantas en Talcahuano y Antofagasta, era el principal cliente de Huachipato, pues adquiría el 70% de su producción de barras de acero para fabricar bolas de molienda destinadas a la minería.

En agosto de 2024, en pleno proceso de cierre, Molycop solicitó la compra de cerca de 10.000 toneladas de barras de acero, pedido que amplió a 10.650 toneladas el 11 de septiembre. CAP emitió las facturas el 20 de septiembre por $7.598 millones (unos US$8 millones), que Molycop rechazó el 14 de octubre, argumentando que la operación quedaba comprendida en el proceso arbitral que la propia empresa había iniciado previamente.

Ese arbitraje, en el que Molycop reclamaba un supuesto sobreprecio de US$ 8 millones y CAP respondió con una contrademanda por un monto superior, sigue su curso.

La querella penal se tramitó en paralelo y ahora pierde el hito procesal más relevante que tenía fijado.