“La reforma se basa en una propuesta atractiva, pero incierta: que el crecimiento puede lograr lo que el Presupuesto, por sí solo, no puede”.

Esa es la conclusión a la que llegó un informe de JP Morgan, realizado por el economista jefe para el Cono Sur del banco de inversiones, Diego Pereira, respecto de la megarreforma que el gobierno está impulsando en el Congeso.

“Chile está intentando una delicada maniobra económica: reactivar el crecimiento sin relajar la disciplina fiscal que durante mucho tiempo ha sustentado su credibilidad en los mercados globales”, sostiene el documento.

Allí detalla que el proyecto de ley para la reconstrucción nacional propuesto por el gobierno “es la expresión más ambiciosa de ese esfuerzo en años y un claro cambio en la forma de concebir las políticas. Tras un período marcado por una lenta expansión, déficits persistentes y una creciente deuda pública, los encargados de impulsar políticas apuestan a que un mayor crecimiento, en lugar de la austeridad por sí sola, puede ayudar a restablecer el equilibrio fiscal”.

Sin embargo, afirma que “esto no es un salto sin salvaguardias. Aun cuando el gobierno impulsa un paquete de reformas que implica una flexibilización a corto plazo de la política fiscal, ha tomado medidas visibles para indicar que se mantendrá la responsabilidad fiscal. Este doble enfoque, de expansión mediante reformas, disciplina mediante la ejecución, refleja mejor la estrategia”.

En ese sentido, el informe explica que la legislación en tramitación “fue construida en base a una premisa sencilla: reducir las distorsiones, incentivar la inversión y permitir que el dinamismo del sector privado impulse la trayectoria de crecimiento de Chile”.

El banco agrega que “la reducción de los impuestos corporativos, los incentivos al empleo y el esfuerzo por acortar las demoras regulatorias constituyen la base de la propuesta. El objetivo es explícito: aumentar el potencial de crecimiento y, al hacerlo, ampliar la base impositiva con el tiempo. En este marco, el aumento de los ingresos no proviene de mayores tasas impositivas, sino de una economía más grande y dinámica”.

Pero añade que “el crecimiento no es automático ni fácil de controlar, y la aritmética fiscal lo refleja. En términos estáticos, el proyecto de ley implica un deterioro sostenido de las finanzas públicas. Las pérdidas de ingresos por recortes de impuestos se producen de inmediato, mientras que las ganancias compensatorias derivadas de una mayor actividad se materializan solo gradualmente".

Al respecto, explica que “las proyecciones oficiales suponen que los efectos del crecimiento eventualmente incrementarán la recaudación tributaria lo suficiente como para restablecer el equilibrio fiscal. Sin embargo, incluso bajo estas suposiciones, los déficits persisten hasta bien entrada la próxima década, dejando un déficit de financiamiento que gestionar durante el período intermedio”.

JP Morgan recordó que, “para reforzar su credibilidad, la administración recurre a medidas fuera del proyecto de ley. Un componente clave es un programa de contención administrativa que busca generar ahorros de aproximadamente US$ 3.000 millones. Según la administración, una fase inicial ya ha generado reducciones significativas en los ministerios, con especial énfasis en la contención del gasto corriente. No se trata de ajustes marginales; demuestran la voluntad de imponer disciplina en el gasto, incluso mientras se reestructura deliberadamente la base de ingresos”.

De hecho, el banco de inversiones indicó que “el gobierno intenta compensar las pérdidas de ingresos derivadas de las políticas con mejoras en la eficiencia operativa, reforzando así el mensaje de que la prudencia fiscal sigue siendo una prioridad”.

Pero afirma que “aun así, el desafío fundamental persiste. Los recortes de gastos anunciados pueden reducir la brecha, pero no compensan por completo la pérdida de ingresos derivada de los cambios tributarios. Cuando el camino hacia la consolidación es ambiguo, el margen de error se reduce rápidamente”.

En esa línea, señala que “la política es asimétrica: los costos fiscales son inmediatos y prácticamente inevitables, al estar implícitos en los cambios legales. Los beneficios, en cambio, dependen de respuestas conductuales: decisiones de inversión, aumentos de productividad y condiciones económicas más amplias que ningún gobierno puede controlar por completo. Si el crecimiento es insuficiente, los aumentos de ingresos proyectados no se materializarán, lo que generará déficits mayores”.

JP Morgan asegura que “mucho depende ahora del Congreso, donde la propuesta se pondrá a prueba en un entorno fragmentado y políticamente complejo. Existe un amplio consenso sobre la necesidad de mejorar el crecimiento y que la inversión se ha visto obstaculizada por ineficiencias regulatorias, lo que proporciona una base de posible apoyo. Al mismo tiempo, las preocupaciones sobre la sostenibilidad, especialmente entre los legisladores de la oposición, probablemente influirán en el proceso legislativo”.

JP Morgan estima que “los efectos distributivos y la incertidumbre inherente a las proyecciones de crecimiento no quedarán sin respuesta. Por lo tanto, es probable que el proyecto de ley sufra modificaciones menores, quizás mediante una implementación más gradual de las reducciones de impuestos o condiciones explícitas vinculadas al desempeño de los ingresos. Dichos cambios reflejarían la tensión natural entre la ambición y la cautela en un contexto fiscal restrictivo”.

Por último, el banco de inversión cree que “la estrategia se entiende mejor como un modelo híbrido. Por un lado, adopta un marco orientado al crecimiento, que recuerda a las reformas de la oferta implementadas en otros países. Por otro, busca preservar la disciplina fiscal mediante la moderación administrativa y un control más estricto de los pasivos contingentes. Esta combinación pretende conciliar dos objetivos que suelen estar en conflicto: estimular la economía hoy y, al mismo tiempo, garantizar la sostenibilidad fiscal mañana”.