Los problemas que afectan a Azul Azul tras los allanamientos que realizó la Policía de Investigaciones (PDI) al CDA y otros domicilios, en el marco de la investigación que lleva la Fiscalía Oriente por el caso de la administradora general de fondos Sartor AGF, marcaron la última semana de campaña de las candidaturas a la rectoría de la Universidad de Chile.

Alejandra Mizala, Sergio Lavandero, Francisco Martínez y Pablo Ruiz-Tagle son los postulantes al máximo cargo de la casa de estudios, que se votará este martes. Todos coinciden en que hay que “realizar una revisión del contrato” que une a esta entidad con la sociedad anónima que rige los destinos del equipo estudiantil. Más aún cuando su principal accionista, Michael Clark, está bajo la mira de la justicia por presuntas irregularidades financieras, tales como negociación incompatible, fraude a Ley de Mercado de Valores y omisión de oferta pública de adquisición de acciones, entre otras acusaciones.

El contrato

El Convenio de Autorización de Símbolos Distintivos entre la Universidad de Chile y Azul Azul se firmó el 18 de agosto de 2008, entre el rector Víctor Pérez y el presidente estudiantil Federico Valdés. Aparece acreditando el acuerdo Cristián Aubert, en calidad de gerente general. Hoy es uno de los directores de la concesionaria. La validez del vínculo será hasta diciembre del 2052, luego que en el 2022 Azul Azul pagara la deuda tributaria histórica de la Corfuch a la Tesorería General de la República e extendiera su mandato por 30 años más.

“Se ha celebrado el presente convenio de autorización de uso y goce de los símbolos distintivos de la Universidad de Chile, sujeto a las siguientes cláusulas”, establece, de entrada, el escrito.

En los primeros párrafos, la Universidad de Chile aprueba el uso de su nombre, logos y distintivos por parte de la concesionaria, la que debe plegarse a los valores y a la misión de la tradicional casa de estudios. “La Universidad de Chile es la única y exclusiva propietaria de su nombre o denominación, ‘Universidad de Chile’, teniendo como Símbolos Distintivos el diseño de la letra ‘U’, la figura del búho o chuncho, y las Marcas Registradas a su nombre, así como de todas las demás acepciones, diseños o figuras que constituyan derivaciones del nombre, símbolos o marcas registradas, propiedad que la Sociedad reconoce explícitamente. Respecto de las marcas y dominio que actualmente contienen el nombre o símbolos de la Universidad de Chile y que no están registradas a su nombre, la Universidad entiende que su utilización por Azul Azul S.A. se ampara en el presente acuerdo”, señala.

También se entregan los lineamientos para los acuerdos comerciales que la concesionaria estimara conveniente de cara al futuro. “En ejercicio de este derecho de uso y goce, Azul Azul S.A. podrá emprender la contratación de avisos, propaganda, letreros, etiquetas, impresos, estampados, etcétera, en cualquier producto de consumo masivo, incluso en combinación con otras marcas; contratar merchandising, intermediación de terceros en la gestión de negocios o actividades, y, general, ejercer el uso y goce de lo autorizado para los fines de gestionar profesionalmente su concesión del club, pudiendo contratar con terceros la utilización del nombre, logos y símbolos en artículos e instalaciones comerciales, pero siempre en forma parcial y limitada”, fijan.

“La Universidad no asume ni asumirá responsabilidad alguna por los compromisos que la Sociedad contraiga con terceros en ejercicio de sus facultades de administración, lo que se expresará así en los contratos que Azul Azul S.A. contraiga con terceros”.

El acuerdo entre ambas partes tiene obligaciones económicas de parte de Azul Azul. Aparte de entregar acciones a la Universidad de Chile, que permitan ubicar a dos miembros en la mesa directiva (hoy esos cargos están cubiertos por Andrés Weintraub y Héctor Humeres), se debe pagar el “1,05% de los Ingresos Brutos Totales, o sea de todos los ingresos de la Sociedad antes de impuestos sean estos de cualquier naturaleza”. Esto, según el propio Andrés Weintraub, bordea los $ 400 millones.

Para cerrar, el contrato establece cómo se deben zanjar las diferencias entre ambas partes. Este último punto, hoy está siendo analizado por la plana mayor de la casa de estudios.“Toda diferencia o dificultad entre las partes, relativa a este convenio, será sometida a un árbitro de derecho designado por las partes de común acuerdo. Si no se llegare a acuerdo dentro de los treinta días siguientes desde que se planteare por escrito la controversia, el árbitro de derecho será designado por el tribunal ordinario competente”.

La posición de los postulantes

“Creo que lo que está ocurriendo es profundamente preocupante, porque aquí no solo estamos hablando de un problema entre accionistas o de una controversia empresarial. Estamos hablando de una institución que utiliza el nombre, los símbolos y la identidad de la Universidad de Chile”, contestó Francisco Martínez a El Deportivo.

El exdecano de Ciencias Físicas y Matemáticas justifica su postura: “Cualquier cuestionamiento público, sanción o investigación termina impactando también a nuestra comunidad universitaria y a la imagen de la Casa de Estudios. Se debe evaluar todos los antecedentes disponibles, revisar los mecanismos de resguardo institucional existente”.

Por lo mismo, señala que le parece “completamente razonable abrir una revisión rigurosa de las condiciones de esta relación”. Y sostiene: “Cualquier contrato que involucre el nombre y los símbolos de la Universidad de Chile debe estar sujeto a revisión cuando existan situaciones que puedan afectar su prestigio”.

Por su parte, Sergio Lavandero expresó: “La Universidad de Chile no puede ser indiferente frente a una situación que compromete su nombre, su prestigio y su identidad. Lo digo también como hincha de la U, de corazón azul: este club no es solo una marca ni un activo comercial; es parte de una historia universitaria, pública y popular que merece respeto”.

El Premio Nacional de Ciencias Naturales añade: “Lo que ocurre con Azul Azul debe revisarse con seriedad, transparencia y sentido institucional. El vínculo con una sociedad concesionaria que utiliza el nombre y los símbolos de la Universidad no puede estar guiado únicamente por criterios de rentabilidad. Debe haber responsabilidad pública, gobernanza clara y respeto por nuestra identidad”.

“Defensa irrestricta de los principios”

El procedimiento que se realizó en el CDA, en conjunto con la casa de Clark y otras dependencias ligadas a la sociedad anónima y sus directores, se inició cerca de las 12.45 del lunes 4 de mayo, cuando el fiscal a cargo de la causa, Juan Pablo Araya, junto a personal de la PDI, ingresó al recinto azul con una orden judicial de entrada, registro e incautación, autorizada por el 4° Juzgado de Garantía de Santiago.

Según antecedentes recabados por El Deportivo, se incautaron cajas, computadores, cartas, carpetas y hasta actas de directorio, entre otros documentos, considerados de interés para la investigación. La candidata Alejandra Mizala se pronunció ante los hechos ocurridos.

“Como candidata a rectora, siempre velaré por la defensa irrestricta de los principios y valores que sostiene nuestra universidad y expreso mi mayor preocupación por los hechos públicamente conocidos”, sostuvo.

La otrora prorrectora sentenció: “El convenio con Azul a Azul debe ser revisado en cuanto a las obligaciones establecidas y su cumplimiento por parte de la concesionaria. Asimismo, estudiaré los antecedentes de la investigación penal en curso para actuar con la seriedad y responsabilidad institucional que esta situación amerita”.

Finalmente, el último de los candidatos, Pablo Ruiz-Tagle, ofreció una rueda de prensa para anunciar que, si sale electo, tomará “acciones enérgicas”. “Eso es lo que corresponde e invito a la Universidad a hacerse parte en el proceso penal que se está iniciando”, advirtió.

“Hay que ver si Clark cumplió con el compromiso de pagar parte de sus utilidades a la Universidad. No quiero pensar mal, pero como abogado tenemos que ser cuidadosos en la defensa de los intereses. Hay que estudiar bien el contrato, la Universidad de Chile siempre actúa en función del derecho”, apuntó el decano de la Facultad de Derecho.

Finalmente, Ruiz-Tagle cuestionó que nadie pidiera la renuncia de Clark cuando se comenzaron a conocer las denuncias en su contra: “Hay una investigación de con qué dineros consiguió esas acciones. Es un problema muy serio que hay que enfrentar con un liderazgo serio y con carácter”.

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