Bernarda Rosalba Vera Contardo, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue detenida por efectivos de la FACh que pertenecían al Grupo N°3 de Helicópteros “Maquehua” y condenada a muerte por un Consejo de Guerra en 1973.

Tras una presentación de su familia -que manifestó haber perdido contacto con ella días antes del golpe de Estado, como se indica en el boletín n° 10 del Plan Nacional de Búsqueda (PNB)-, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (CNVR - Informe Rettig) la calificó como víctima de desaparición forzada.

Desde el inicio de las investigaciones por delitos de lesa humanidad en dictadura, Vera fue vinculada a la Masacre de Liquiñe, como se denominó al asesinato de 15 obreros y campesinos en Panguipulli, el 10 de octubre de 1973. Sin embargo, luego de varias décadas, durante la administración del expresidente Gabriel Boric surgieron nuevos antecedentes que pusieron en duda que hubiese sido ejecutada.

“El PNB recogió testimonios de personas que dijeron haberla visto fuera de Chile después de la fecha en la que la CNVR estableció su desaparición. A raíz de ello, se abrió una investigación administrativa respecto de su trayectoria”, reportó en septiembre de 2025 el Ejecutivo.

Esa vez el gobierno agregó que “estos antecedentes fueron puestos en conocimiento del Comité de Seguimiento y Participación del Plan Nacional de Búsqueda, de la familia de manera reservada para proteger su privacidad, y al mismo tiempo, se ofició oportunamente al ministro en visita extraordinaria con competencia en la causa Álvaro Mesa”.

De acuerdo con antecedentes recabados por este medio, los antecedentes se remitieron al juez a inicios de 2025, quien de inmediato abrió un cuaderno administrativo para establecer la veracidad de la información.

Así se desencadenaron una serie de diligencias y finalmente, la jornada del lunes 27 de julio, el Poder Judicial informó que los peritajes dispuestos por el ministro Mesa habían permitido establecer que Bernarda Vera está viva y que corresponde a una mujer que fue identificada en Argentina.

“En la diligencia se informó que los antecedentes científicos acreditaron una probabilidad de identificación de la señora Bernarda Rosalba Vera Contardo superior al 99,9999%”, se lee en el comunicado de prensa publicado por el el Poder Judicial. Esa constatación activó una serie de cuestionamientos de parlamentarios oficialistas respecto de los dineros que recibe la hija de la mujer tras haber sido calificada como víctima.

Junto con eso, las alertas se encendieron en el Ministerio de Justicia, ya que tras el cambio de administración en marzo pasado, las autoridades que asumieron en la cartera comandada por el abogado Fernando Rabat hicieron notar que había presuntas irregularidades en el funcionamiento del Programa de Derechos Humanos, que depende de la subsecretaría del mismo nombre y que dirige Pablo Mira (RN).

Por lo mismo, desde que se conoció el resultado de las diligencias instruidas por el ministro Mesa, en La Moneda asociaron el caso de Vera a los reproches que ya habían emanado desde Justicia y que incluso llevaron a que en su momento se produjera la salida de las profesionales que estaban a la cabeza del Programa de Derechos Humanos.

Al ser consultados por las medidas adoptadas, el subsecretario Mira informó que tras conocer la información, el ministro Rabat de inmediato instruyó la realización de una investigación sumaria y oficiar al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que se adopten las acciones correspondientes.

“Recibida la información el día de ayer (lunes 27), hemos tomado más medidas adicionales. En primer lugar, instruimos una investigación sumaria para revisar cualquier responsabilidad administrativa que pueda derivar del caso. En segundo lugar, recopilamos los antecedentes y oficiaremos el CDE para que puedan perseguirse todas las acciones legales y administrativas que correspondan. En tercer lugar, estamos haciendo una revisión exhaustiva de todos los casos seguidos por esta Subsecretaría para evitar que casos similares ocurran en el futuro”, dijo Mira.

“Sabemos que estos antecedentes estaban en poder de la Subsecretaría de Derechos Humanos desde el año 2024 y al asumir vimos que no se habían tomado todas las medidas y con la urgencia que ellos requerían. Por ello, desde el primer día estamos colaborando con el ministro Álvaro Mesa para realizar todas las diligencias necesarias para dar con la identidad de dicha persona, lo cual fue confirmado el día de ayer”, añadió el subsecretario.

Mira agregó que la cartera además está colaborando con la Contraloría respecto a una fiscalización que está realizando la entidad al interior del Programa de Derechos Humanos respecto al manejo de la información y al uso de los recursos públicos. Esto, adicionalmente, a la auditoría ministerial que ya había dispuesto Rabat tras asumir como ministro.

Presión de parlamentarios

Durante la jornada las reacciones de distintos sectores políticos abundaron. Entre ellas, desde la UDI pidieron expresamente a las autoridades de gobierno que busquen que los dineros que se entregaron a la hija de Vera por conceptos de pensión como víctima sean devueltos.

Desde el Partido Republicano anunciaron que solicitarán la creación de una comisión investigadora con el objeto de que se esclarezca la situación, determinar eventuales responsabilidades y revisar si existen otros casos de la misma naturaleza.

Desde la vereda contraria, la senadora Fabiola Campillai hizo presente que el caso de Vera debería ser motivo de alegría para el país.

“Bernarda está viva. Después de 53 años pensando que habría sido fusilada, eso nos debería alegrar como país”, dijo la congresista.