La Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados cuestionó este viernes el proceso disciplinario iniciado por la Corte Suprema y que terminó con la remoción de 11 jueces tras hacer mal uso de licencias médicas para viajar al extranjero.

La decisión del máximo tribunal se produjo luego de revisar los antecedentes de decenas de magistrados cuestionados por esta situación. En total, la Suprema analizó 37 casos y determinó la remoción de 11 jueces, mientras que otros 26 procedimientos fueron rechazados.

Además, 13 casos permanecen suspendidos a raíz de requerimientos presentados ante el Tribunal Constitucional.

En esa línea, a través de una declaración pública, desde la asociación afirmaron que la decisión del máximo tribunal constituye “uno de los episodios más graves para la independencia judicial desde el retorno a la democracia”.

Así, explican que el artículo 80 de la Constitución entrega a la Corte Suprema la facultad para remover a jueces que hayan incurrido en un mal comportamiento.

“Esa facultad se ha venido ejerciendo sin plazos de prescripción reales y sin respeto a la cosa juzgada de resoluciones disciplinarias ya firmes. Un poder tan intenso, ejercido sobre la permanencia en el cargo de un juez, exige garantías mínimas de debido proceso: procedimientos previsibles, causales acotadas, y la certeza de que lo ya resuelto y ejecutoriado no vuelve a discutirse”, señaló la organización.

Según acusa la agrupación “hoy esas garantías volvieron a estar ausentes”.

De acuerdo con la Asociación de Magistrados, su crítica no apunta al caso puntual de algún juez juzgado, ya que aseguran, no conoce los detalles de cada uno de los casos.

Con todo, hacen la salvedad de que se pronuncian “sobre el procedimiento, porque un tribunal que decide sobre la permanencia de otros jueces en sus cargos debe someterse él mismo a las reglas de legalidad y racionalidad que exige a cualquier proceso”.

“La legitimidad de una remoción no depende solo del resultado al que se llega, sino de que el camino para llegar a él sea el mismo para todos los que se ven sometidos a él”, afirman.

Así, la agrupación acusa que la decisión de la Corte Suprema “debilita” el Estado de Derecho y la democracia.

“La independencia judicial no es un privilegio de quienes ejercen jurisdicción, sino una garantía de toda la ciudadanía. Por ello, lo ocurrido hoy debe abrir una reflexión profunda y urgente sobre nuestro sistema de responsabilidad y remoción judicial, porque cuando se debilitan la certeza jurídica, la cosa juzgada y el debido proceso de quienes tienen la misión de garantizar los derechos de los demás, no solo se afecta la independencia judicial: se debilita el Estado de Derecho y, con él, nuestra democracia”, concluyen.