La reconversión de la excárcel de Punta Peuco no es solo un anuncio materializado en un decreto, sino que ahora es una realidad que se concretó gracias al primer traslado realizado por Gendarmería para ingresar al primer reo condenado por un delito común a lo que ahora será conocido como el penal de Tiltil.

El sujeto que ingresó durante las últimas horas fue condenado en 2012 a 15 años de cárcel por el delito de violación de menor de 14 años.

Se trata de Clemente Espinoza Fuentes, un condenado chileno de 75 años. Hasta antes del traslado, Espinoza cumplía su sentencia en el Centro de Detención Preventiva Santiago Sur, conocido como la ex-Penitenciaría.

El director de Gendarmería, Rubén Pérez, explicó que la decisión fue evaluada por el Consejo Técnico de ese penal. Esa instancia hizo la recomendación, la que luego fue autorizada a través de una resolución firmada por el director regional metropolitano de Gendarmería, coronel Alberto Figueroa.

Pérez explicó que los criterios utilizados para el traslado fueron el hecho de que el condenado tiene una pena única, bajo compromiso delictual, muy buena conducta, no registra hechos de mal comportamiento y tiene un “bajo saldo de condena al año 2027″.

“Estamos hablando de un recinto penitenciario común y en consecuencia se atiene a los procedimientos internos de clasificación y segmentación de acuerdo a las capacidades y el diseño que tiene el recinto. Esta persona no representa para la administración penitenciaria un inconveniente para su manejo interno ni un problema de convivencia”, comentó el jefe de Gendarmería.

Pérez además añadió que quienes sean trasladados al recinto de Tiltil serán quienes cumplan el perfil definido por Gendarmería considerando las características materiales del recinto, la tecnología que dispone y el rango etario de la mayor parte de sus internos: “Vamos a ser muy cuidadosos en que las características de las personas que allí sean ubicadas no representen un alto potencial de eventos críticos violentos y por consiguiente se descarta la existencia de internos de alto compromiso delictual”.

El penal de Tiltil tiene una capacidad para 133 internos. Actualmente su población penal efectiva es de 141 personas. Según Gendarmería, eso se traduce en que registra un 106% de ocupación. “Es un recinto de baja capacidad y que comparativamente con la mayor parte de los 82 recintos penitenciarios de la misma categoría existentes en Chile se encuentra en un estado de poblamiento mucho menos complejo”, explicó Pérez.

Quién es el nuevo inquilino

A lo largo de su pena, Espinoza ha recurrido varias veces a la Comisión de Libertad Condicional, para cambiar la forma en la que cumple su condena. Sin embargo, en todas las ocasiones dicha instancia ha rechazado sus requerimientos, lo que ha significado que la Defensoría Penal Pública (DPP) recurra ante la Corte de Apelaciones de Santiago, la cual también ha rechazado los recursos de amparo por aquello. Sentencias que han sido confirmadas también por la Corte Suprema.

En total, el condenado que ahora arribó a la excárcel de Punta Peuco, ha intentado cuatro veces ese camino judicial. La última fue en enero de este año, cuando su defensa pidió a la Suprema revisar el rechazo de su libertad condicional, lo que también fue rechazado por el máximo tribunal.

A esto se suma un recurso de protección que presentaron sus defensores en 2020, para que su pena fuera cumplida en su domicilio debido a la pandemia. En esa ocasión, su defensa argumentó que tenía una avanzada edad y que padecía hipertensión, lo que ponía en riesgo su salud. La Corte de San Miguel también rechazó ese requerimiento y lo mantuvo tras las rejas.

En ese proceso, la defensa del condenado expuso algunos antecedentes de la vida de Espinoza en la cárcel. Por ejemplo, ha cursado talleres de repostería y cuero, por lo que ha trabajado creando carteras, billeteras y monederos de dicho material. Además, al interior del penal también terminó sus estudios básicos y según da cuenta el informe presentado ante los tribunales “cuenta con red de apoyo, conformada principalmente por su hermana quien le brinda apoyo económico y emocional”.

En 2018, los defensores penales públicos también recurrieron con un recurso de amparo luego de que Espinoza y otros internos quedaran sin trabajo al interior de la cárcel. En ese entonces, el condenado cumplía labores de garzón en el recinto penitenciario, al participar del taller de repostería.

En esa ocasión, Gendarmería alegó cambios en los protocolos de seguridad, lo que explicarían el fin de esas labores. La posición de la institución fue validada por la Corte de Santiago y ratificada por la Suprema, la que confirmó que Gendarmería podía darle término a ese trabajo.