El exdiputado y hoy gobernador de la Región de Los Lagos, Alejandro Santana (RN), debutó esta semana como presidente de la Asociación de Gobernadores de Chile (Agorechi). Desde esa vereda ha promovido una de las principales causas de los gobernadores: que se apuren las transferencias de dinero desde el gobierno central.

Sin embargo, también reconoce que los gobiernos regionales arrastran un lastre: los cuestionamientos en materia de probidad y transparencia por los traspasos de platas que se hicieron desde los gores a fundaciones, y que hoy tienen al Ministerio Público investigando a diversas autoridades regionales.

¿Cuál será la principal prioridad de la asociación?

Mayor descentralización. Estoy absolutamente convencido de que las políticas públicas tienen que ser descentralizadas. La focalización, la priorización y la fiscalización ciudadana se dan cuando las decisiones se toman en el territorio, y sobre todo mayor autonomía administrativa y financiera. Yo sé que hubo una coyuntura vinculada a las fundaciones, pero ese es un hecho donde hay responsabilidades personales y no puede afectar la institucionalidad. Se ha retrocedido en los últimos cuatro años, y espero que el nuevo gobierno, del cual soy oficialista, no tenga como excusa no avanzar en mayor descentralización producto de una contingencia donde quienes hoy día investigan determinarán la responsabilidad. Los 16 gobernadores de Chile representamos a casi 10 millones de personas que votaron por nosotros.

Ustedes han demandado más dinero desde el gobierno central.

El futuro gobierno tiene que evaluar la ejecución presupuestaria de los ministerios. Cuando uno mira algunos, la ejecución no supera el 90% en algunos servicios, y la ejecución promedio de los gobiernos regionales fue 96% el año 2025. Nosotros representamos el 2,07% del Presupuesto de la Nación. No podemos ser afectados por un problema del actual gobierno de su estimación de ingresos o sobre el gasto e inversión proyectada. Es una materia que tienen que resolver los servicios sectoriales y los ministerios. Tenemos una Ley de Presupuesto que se debe respetar.

Pero con los casos de probidad de los gores es difícil pedir más dinero. Hay gobernadores imputados.

Los convenios se está investigando y espero que se sancione a quienes han cometido faltas a la probidad con la máxima pena que la legislación nos permita. En ese tema no hay dos lecturas. También es cierto que hay problemas de probidad en otros servicios, y esos no han estado afectos a una sanción como restringir o retroceder en asignación de recursos o mayor descentralización en la toma de decisiones. El desafío que tengo como presidente de los gobernadores de Chile es por un tema de historia. Los países que logran mayor rentabilidad social en sus programas y en sus inversiones son los que nacen desde el territorio. Cuando las políticas públicas son muy centralistas se da un efecto donde hay menor control y mayor riesgo de corrupción. Cuando hay mayor descentralización, los procesos de corrupción tienen un riesgo menor. Esto es un tema que se está investigando, es una mancha profunda que se genera en los gobiernos regionales.

La credibilidad está en juego.

Que paguen los que han hecho abuso y que se llegue hasta el fondo de la investigación de cada uno. Pero que eso no avale retroceso en descentralización. Eso no puede hipotecar la mayor descentralización. Que los problemas de probidad del pasado no sean una justificación para no avanzar en descentralización.

¿Sigue siendo tensa la relación entre los gobernadores regionales y la figura del delegado presidencial?

El Presidente Gabriel Boric se comprometió a la eliminación de los delegados presidenciales. El futuro presidente siempre ha tenido una disposición a no eliminar a los delegados. Yo creo que en las regiones se pueden fusionar funciones. Fusionar seremis, delegar responsabilidades, quizás vincularlo a un tema tan relevante como la seguridad a través de la delegación regional provincial. Hay una dualidad de operación y generación de gasto público innecesario. En Los Lagos el gobierno pecó de inoperancia y falta de seriedad, y de irresponsabilidad de carácter financiero con los gobiernos regionales. En términos funcionales, hay mucho que avanzar.