Chile enfrenta un escenario cada vez más complejo para garantizar su seguridad alimentaria. Más de 15 años de megasequía, la erosión de los suelos, los cambios en los patrones de lluvia, temperaturas extremas y la aparición de nuevas plagas y enfermedades están modificando las condiciones en que se producen los alimentos. Así lo establece el Informe sobre el Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo (SOFI) de la ONU. A esto se suma una alta dependencia externa: el país importa más de la mitad del trigo y del maíz que consume, mientras la superficie cultivable se reduce año a año, según la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA).

Esto requiere que para la seguridad alimentaria se mire toda la cadena y combine distintas herramientas de adaptación e innovación: nuevas variedades de cultivos capaces de resistir condiciones climáticas más adversas, sistemas de distribución más resilientes y un mejor aprovechamiento de los alimentos. “La brecha de fondo es que le estamos pidiendo a la agricultura que produzca más con menos agua y menos insumos, de manera más amigable con el medio ambiente y en un clima más hostil, usando variedades de plantas adaptadas a un clima que ya no existe”, explicó el director ejecutivo de ChileBio, Miguel Ángel Sánchez.

En esa línea, la biotecnología aparece como una de las herramientas para adaptar la producción. Sánchez destaca el desarrollo de variedades tolerantes a sequía, calor y salinidad; resistencia genética a plagas y enfermedades; cultivos con mayor vida de poscosecha y perfiles nutricionales mejorados. También menciona la edición genética, que permite acelerar el desarrollo de nuevas variedades. “La edición genética es clave porque permite hacerlo a un menor costo y en tres a cinco años, en vez de los diez a quince que toma el mejoramiento convencional”, explica.

Chile, además, cuenta con una capacidad biotecnológica que contrasta con las dificultades para que esas soluciones lleguen al territorio. Desde 2017, el SAG aplica un enfoque caso a caso para productos desarrollados mediante nuevas técnicas de mejoramiento. Según Sánchez, más de 100 productos editados genéticamente han pasado por este sistema, lo que posiciona a Chile como el segundo país del mundo, después de Estados Unidos, en esta materia.

El país también se ha consolidado como un polo internacional de semillas biotecnológicas. En dos décadas, señala ChileBio, se han exportado US$2.396 millones en semillas de este tipo y las casi 350 mil hectáreas de semillas biotecnológicas multiplicadas y desarrolladas en Chile han permitido la siembra de más de 50 millones de hectáreas en el mundo.

El desafío ahora es que esas capacidades lleguen al campo. “Desarrollamos y multiplicamos para el mundo, pero el agricultor chileno no accede a esas mismas soluciones”, advierte Sánchez. De ese modo, dice que el problema está en el escalamiento de la investigación hacia el campo y en la falta de articulación. Por eso plantea consorcios público-privados orientados a cultivos estratégicos como cerezas, uva de mesa, papa, trigo, maíz y frutales, además de una mayor certeza regulatoria.

Una cadena que va mucho más allá del campo

La producción es solo el primer eslabón. Para el profesor titular y director del Anillo Nexos e investigador de la Universidad del Desarrollo, Diego Rivera, la seguridad alimentaria debe entenderse como un sistema que incluye producción, transporte, distribución y disposición. “El riesgo combina las amenazas (como climáticas, regulatorias, de mercado), la exposición ( como área, tipo de cultivo) y la vulnerabilidad o capacidad adaptativa (como riego tecnificado, riego deficitario, sistemas de almacenamiento)”, explica.

En esta línea, dice que la variabilidad climática puede afectar distintos componentes, desde la producción hasta la infraestructura necesaria para trasladar los alimentos, como caminos y puertos. Esto permite entender otro efecto del cambio climático además de cuánto se puede producir, que es dónde se produce y cuánto cuesta llevar esos alimentos hasta los consumidores.

En Lo Valledor advierten que “la disponibilidad de agua y las mayores temperaturas están modificando progresivamente la geografía productiva, obligando a muchos agricultores a recorrer mayores distancias para comercializar sus productos”.

Por eso, plantean que un objetivo es avanzar hacia una infraestructura de abastecimiento “más resiliente, conectada y descentralizada”. Los mercados mayoristas cumplen, en ese esquema, un rol de articulación entre pequeños y medianos productores y los compradores, principalmente feriantes.

En ese sentido, la seguridad alimentaria no termina cuando existe suficiente oferta. El siguiente paso es que se traduzca en una alimentación saludable y accesible para la población. “El aumento de la seguridad alimentaria y nutricional va más allá de producir más. Se requiere que los alimentos lleguen en tiempo y calidad según las necesidades”, plantea Rivera. Así, sostiene que las desigualdades territoriales, de ingresos y de tiempo también determinan las posibilidades de acceder a una dieta saludable.

En este punto, Lo Valledor destaca el rol de las ferias libres, que permiten acercar frutas y verduras frescas, de temporada y a precios competitivos a los barrios. “Fortalecer la cadena que conecta a productores, mercados mayoristas y feriantes es también una forma de enfrentar las desigualdades alimentarias”, señalan.

La diversidad de proveedores también puede funcionar como una forma de resiliencia a los eventos extremos. En un mercado donde convergen productos orgánicos provenientes de distintos territorios, las dificultades que enfrenta una determinada zona pueden compensarse parcialmente con la oferta de otras áreas. “Mientras más robusta y diversa sea esa red, mayor capacidad tendremos para absorber episodios de escasez o volatilidad sin restringir el acceso a una alimentación saludable”, dicen.

Reducir pérdidas y fortalecer la cadena

Otro desafío está en aprovechar mejor los alimentos que ya están en el sistema. Para Lo Valledor, además de la tecnología aplicada a la logística, la innovación también pasa por cambiar la forma de abordar los residuos orgánicos. El mercado trabaja en tres vías: un Banco de Alimentos que recupera productos aptos para consumo humano pero que no son comercializables; un Programa de Alimentación Animal para excedentes que ya no pueden destinarse al consumo humano; y el uso de materia orgánica para producir compost. La meta es llegar a “cero residuos orgánicos a disposición final al 2030”.

Según Rivera, todas las dimensiones deben abordarse de manera integrada. Chile cuenta con normas en materia de inocuidad, nutrición, agua, agricultura, pesca y cambio climático, pero se encuentran dispersas. “El principal desafío es coordinarlas para asegurar alimentos suficientes, saludables, inocuos, accesibles y sostenibles frente a sequías, incendios, inundaciones y olas de calor”.

El desafío de la seguridad alimentaria frente al cambio climático implica adaptar los cultivos, cerrar la brecha entre innovación y campo, proteger la infraestructura de abastecimiento, fortalecer las redes de distribución, reducir pérdidas y asegurar que los alimentos saludables lleguen a las personas. “La seguridad alimentaria requiere proteger el agua, el suelo y la biodiversidad, mejorar la nutrición, reducir pérdidas y asegurar que las cadenas de abastecimiento puedan resistir las crisis climáticas”, concluye Rivera.