Hay pocas cosas en materia de seguridad que Óscar Naranjo no haya conseguido en sus 69 años de vida. Fue director de la Policía Nacional de Colombia, vicepresidente de Juan Manuel Santos y negociador en el proceso de paz con las FARC. Eso, claro, además de participar del operativo que terminó con la muerte de Pablo Escobar en 1993.

El general retirado, que hoy viaja por el mundo contando su experiencia, expondrá en el seminario “Chile en la encrucijada de seguridad nacional”, presentado por La Tercera y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, que se llevará a cabo el 14 de mayo en el Teatro CorpArtes a las 18.00. Ahí analizará la situación criminal de la región que -adelanta ahora- ha cambiado muy rápido.

“Hoy, a diferencia de lo que veíamos en los años 90, que eran organizaciones con mando central, vertical y dirigidas criminalmente por capos muy reconocidos, estamos frente a una constelación delictiva de estructuras de crimen organizado que no por no tener esa estructura dejan de ser peligrosas. Y en ese sentido hay una proliferación que ya no solamente se radica en los países productores. O en los países nodos de tránsito, como en el pasado, México, Centroamérica, Colombia, Perú, sino que se han extendido a toda la región latinoamericana. Yo diría que hoy hay una integración transnacional del crimen que ya no respeta fronteras en América Latina. Y eso incluye a Chile”.

¿Significa eso que no es útil descabezar a los líderes locales de estas franquicias criminales? Porque la organización sigue operando en el extranjero.

Lo que muestra la historia y las lecciones que ya arrojan 40 años de lucha contra el crimen en nuestros países es que si no se ataca a los líderes, si no se les judicializa y se les somete a la ley, crece la idea de que hay una especie de invulnerabilidad sobre esas estructuras y se da origen a criminales míticos, que se vuelven leyenda, que arrastran la tragedia para una sociedad que llega a pensar que ellos tienen la capacidad de corromper a todo el mundo, que son invulnerables. Por lo tanto, hay que persistir en esos objetivos de alto valor para judicializarlos. Pero eso no basta. Realmente hoy el centro debería estar enfocado en romper la cadena de valor criminal y eso se rompe, básicamente, identificando y desmantelando el sistema financiero que es el que finalmente permite que a la captura de un capo aparezcan tres más. Es la capacidad económica la que hace sostenibles y persistentes a las organizaciones.

¿Qué errores se están cometiendo al momento de enfrentarlas?

Hay una simplificación de la caracterización mafiosa en América Latina, porque no todo se reduce a narcotráfico. Hoy esas organizaciones, como dices, tienen un estándar funcional tipo holding. Con división del trabajo, de las tareas, pero además con un portafolio criminal que va más allá de las drogas. Está la minería ilegal, está el tráfico de personas, está la deforestación de la selva amazónica, está la explotación de tierras raras. Y la verdad el portafolio es muy grande. Entonces, primero, hay que aplicar inteligencia. Segundo, cooperación internacional. Pensar que un país resuelve por sí solo ese desafío es una gran equivocación. Y la paradoja es que, en América Latina, mientras el crimen se integra, la región parece fracturada en materia de cooperación para la seguridad.

Chile no ha podido volver a tener las cifras de secuestro que tenía prepandemia, a pesar de que hoy están más bajas que en 2022 y 2023. ¿Qué dice eso sobre la realidad delictiva en nuestro país?

Cuando el crimen organizado transita al secuestro, lo que está demostrando es que ya tiene una capacidad para competir con las instituciones del Estado.

¿Qué quiere decir?

Hay niveles de evolución criminal en función de su peligrosidad. Lo que sucede, primero, es que el crimen organizado extorsiona. Luego, el crimen organizado, por falta de pago de la víctima a la extorsión, asesina. Y luego, de manera más sofisticada, lo que hace es secuestrar. El secuestro es un delito que realmente implica una cadena de valor criminal sofisticada y compleja. Y es un indicativo de que los criminales se toman una confianza, porque sienten que pueden burlar la capacidad preventiva y disuasiva de las instituciones. Y en ese sentido es supremamente grave que aparezca y se mantenga el secuestro.

Hoy la conversación sobre seguridad se mueve entre la mano dura y la mirada centrada en la pobreza y la desigualdad. ¿Dónde se sitúa?

El tema de seguridad parece particularmente secuestrado ideológicamente entre esas dos posiciones: la postura que plantea que existe una bala de plata que soluciona de manera inmediata, mágica, los problemas que genera el crimen organizado, y la opuesta, que genera una política de apaciguamiento sobre el crimen. Creo que ambas le hacen daño a la construcción de fórmulas basadas en evidencia que apunten a una solución.

¿Cuál debiese ser el camino, entonces?

Primero, más que invocar penas altas, se necesita imponer penas efectivas. Hay que dar garantía de que la pena se cumple y se cumple de manera efectiva. Dos, que haya certeza de que hay sanción penal. Porque si corre la idea de que hay impunidad, hay un deterioro de la capacidad disuasiva de la ley. Y tercero, un tema que país a país hay que revisar con detalle, es cuál es la reincidencia de los privados de libertad que pagan su pena y salen a delinquir. Porque hay países en la región que tienen a veces hasta el 65% de gente que reincide apenas abandona la cárcel. Y eso marca el fracaso de una política penitenciaria basada en la resocialización y en la generación de segundas oportunidades por fuera del delito.

Pensando en el estilo Bukele, que se ha vuelto popular en Latinoamérica, ¿es sostenible el control del crimen sacrificando libertades civiles?

Creo que hay un impacto fuerte en América Latina de lo que uno podría llamar la fascinación del modelo Bukele, basada en el encarcelamiento masivo, donde yo creo que hay varias consideraciones que habría que tener en cuenta. Primero, verificar si una política como esa da paso a una situación donde el fin justifica los medios.

¿Cómo así?

En democracia el fin no puede justificar los medios. En democracia hay unos derechos que hacen parte del desarrollo de la humanidad, como el debido proceso, el derecho a la defensa, la presunción de inocencia, que yo estoy convencido de que hay que respetar. Por otro lado, el modelo no es replicable en otros países de América Latina. El Salvador tiene una caracterización delincuencial basada en la subcultura de los maras, que es una expresión sociológica, criminológica, que yo diría es única en América Latina.

Hablando de cárceles: en Chile tenemos 62 mil internos en un sistema que está capacitado para recibir a 42 mil. En un escenario como ese, de sobrepoblación, ¿es partidario de concesionar nuevas cárceles de máxima seguridad?

La infraestructura penitenciaria en América Latina, con escasas excepciones, lleva a la conclusión de que esas condiciones de reclusión realmente no corresponden a los mínimos estándares para que uno asegure que no habrá hacinamiento y que habrá unas condiciones dignas de la privación de la libertad. En ese sentido, creo que una revisión caso a caso -por centro carcelario, penitenciario, uno por uno- debe dar origen a inversiones para mejorar esa infraestructura. Dos, me parece que no se trata simplemente de hacer más cárceles, sino de tener una política penitenciaria diferencial, donde uno aplique unas medidas diferenciales a los privados de libertad considerados peligrosos o que arrastran un poder criminal que necesitan ser recluidos, aislados y privados de la libertad en condiciones especiales de control versus una inmensa población penitenciaria que debería estar inmersa en procesos de resocialización.

O sea, ¿no cree que la construcción de megacárceles, como por ejemplo el Cecot de El Salvador, es la solución?

No. Yo creo en el tratamiento carcelario diferencial. Seguramente hay que construir cárceles de máxima seguridad o al interior de las ya existentes construir pabellones de máxima seguridad. Pero, al mismo tiempo, y simultáneamente, elevar las condiciones dignas de vida para esos privados de libertad. Más allá de si uno promueve megacárceles o no, lo importante es determinar cuál es la base de esa política penitenciaria. Si la base es simplemente el aislamiento temporal de los delincuentes y deja de lado el tema de la resocialización, para que cuando regresen a la calle no delincan. Y, por otro lado, no todos los delincuentes son iguales. En este sentido, los tipos penales, que son amplios, marcan la personalidad criminal de los que están privados de libertad. Y ese tratamiento debe ser diferencial.

En Chile existe la percepción ciudadana de que el sistema procesal penal es bastante garantista. ¿Es ese un problema para llevar a juicio a organizaciones criminales?

Mantener el garantismo es un seguro a la democracia. Lo que pasa es que tiene que ser sobre la base de competencias de efectividad y eficiencia nítida de las instituciones. Ha crecido un discurso en América Latina que le hace daño a la credibilidad de los ciudadanos en el Estado. Cuando se afirma, por ejemplo, que las policías capturan y los jueces no encarcelan. O, al revés, cuando los jueces y fiscales dicen que las capturas están mal hechas y no acreditaron suficiente prueba. O la cadena de custodia se violentó. Entonces me parece que ahí lo que se impone es trabajar en equipo y elevar siempre la capacidad procesal, tanto en la investigación criminal de las policías judiciales, como en los instructores penales, fiscales y en los jueces para que sancionen.

Una de las primeras medidas del Presidente José Antonio Kast fue cavar zanjas en la frontera norte para prevenir el paso ilegal de migrantes. ¿Cuál es la opinión que tiene usted sobre este tipo de medidas?

Yo creo en el control fronterizo integral e inteligente. Me parece que la seguridad fronteriza es un gran déficit en nuestras naciones. Son fronteras muy porosas, abiertas al crimen y al tráfico de drogas, de precursores químicos, en fin. Sin embargo, debo decir que no basta una medida como las zanjas, yo creo que no es suficiente. Y, la verdad, la relación costo-beneficio habrá que evaluarla en función de su implementación, pero hoy el mundo tiene instrumentos mucho más tecnológicamente desarrollados para dar seguridad fronteriza.

¿Por qué no funcionan?

Porque el crimen es tremendamente sensible a las situaciones de riesgo y, probablemente, si aparece una zanja aquí, más adelante pueden construir un túnel allá. Ellos se mueven para contrarrestar ese tipo de medidas.

El gobierno de José Antonio Kast también presentó un proyecto de ley llamado Escuelas Protegidas, que busca endurecer las sanciones a alumnos, incluyendo la pérdida de gratuidad para quienes cometan delitos violentos. ¿Es la sanción administrativa un desincentivo real para un joven que ya está usando artefactos incendiarios?

Las expresiones de violencia derivadas de una cierta rebeldía juvenil, que no cree en el estatu quo, que tiene desconfianza en las instituciones, es un tema que hay que atender con prioridad. Y esa prioridad implica, primero, verificar cuáles son los canales de expresión pacíficos abiertos, para que los jóvenes no tengan que recurrir de manera automática o inmediata a la violencia. En ese sentido, las medidas de carácter preventivo, con canales nítidos para escucharlos y saber dónde radican sus rabias y gestionar esas rabias para que no se conviertan en violencia, es crítico. Por otro lado, asegurar que la ley penal y la sanción cumplan un papel disuasivo es clave, pero no necesariamente elevando las penas o construyendo nuevos tipos penales o infracción.

Pero, por ejemplo, en cuanto a medidas concretas, ¿está a favor de que haya detectores de metales y policías al interior de las escuelas?

En mi experiencia personal, hubo comunidades académicas, escolares, padres de familia, los propios alumnos, que reclamaban ese tipo de medidas. Ellos mismos estaban pidiendo a gritos que los protegiéramos de quienes querían ingresar allá con droga o con armas, etc. Ahí lo fundamental es escuchar el sentimiento de la comunidad y responder a eso. Y, por otra parte, creo que ese tipo de medidas normalmente no son sostenibles en el tiempo. Esa es la otra lección. Eso se va desgastando. Y es probable que inicialmente sean útiles, incluso necesarias, pero yo lo que veo es que no son sostenibles en el tiempo.