El Colegio Médico de Chile (Colmed) junto a prganizaciones de migrantes, de derechos humanos y de la sociedad civil entregaron esta jornada una carta a la ministra de Salud, May Chomali, para dar a conocer su preocupación por el avance del proyecto de ley, actualmente en segundo trámite legislativo en el Senado, que propone restringir el acceso de personas migrantes en situación irregular al sistema público de salud.

Según advirtieron las organizaciones, la iniciativa impediría que quienes hayan ingresado de manera irregular al país mantengan su afiliación a Fonasa, al no poder renovar su número de identificación provisorio. De aprobarse, advierten en la misiva, esta medida podría dejar a miles de personas -incluyendo niños, adultos y personas mayores- sin acceso a tratamientos esenciales, como los asociados al VIH o la tuberculosis.

En este sentido, en la carta indican que limitar la atención a este grupo únicamente a situaciones de emergencia no solo impactaría a la población migrante, sino que tendría efectos en la salud pública en su conjunto.

Entre los principales riesgos, mencionan, sería la disminución de coberturas de vacunación y el debilitamiento de estrategias de control de enfermedades transmisibles, lo que podría afectar indicadores sanitarios a nivel nacional.

“Muchos tratamientos -especialmente de enfermedades crónicas e infecciosas como el VIH o la tuberculosis- podrían verse interrumpidos, y eso no solo afecta a las personas migrantes, sino a la salud pública en su conjunto, ya que compromete el control de la transmisión de enfermedades y el mantenimiento de coberturas adecuadas de vacunación", advirtió al respecto Carlos Becerra, Tesorero Nacional del Colmed y gerente del Programa Nacional AHF Chile. Por lo tanto, indicó, “no se trata solo de un tema migratorio, sino de un asunto que impacta directamente en la salud de toda la población”.

Sumado a esto, también se alertó sobre el impacto que esta medida podría tener en el contexto de la reciente alerta sanitaria oncológica, ya que personas migrantes en listas de espera podrían quedar excluidas de sus tratamientos al ser desafiliadas del sistema público.

Asimismo, también plantearon que la iniciativa podría vulnerar garantías constitucionales, como el derecho a la vida y el acceso igualitario a la salud, y compromisos internacionales suscritos por el Estado de Chile en materia de derechos humanos, que establecen el principio de no discriminación en el acceso a derechos fundamentales.

Finalmente, hicieron un llamado a las autoridades a reconsiderar la medida y a que el Ministerio de Salud ponga a disposición del Senado antecedentes epidemiológicos que permitan dimensionar las eventuales consecuencias de esta iniciativa para la salud pública del país.