Hasta la Comisión de Seguridad de la Cámara llegó el primer reporte del Servicio Nacional de Migraciones (Sernamig) del nuevo gobierno. En ese informe, que se entrega obligatoriamente según la Ley de Presupuesto y que fue ingresado al Congreso el pasado 28 de abril, la repartición encabezada por Frank Sauerbaum, da cuenta de un alza en los ingresos irregulares al país.

Según las cifras reportadas por Sernamig y entregadas por la Policía de Investigaciones (PDI) a ese organismo, durante marzo ingresaron 2.065 personas a través de pasos no habilitados. La cifra, representa un aumento del 53,1% respecto a febrero de este mismo año, cuando a través de pasos irregulares ingresaron 1.348 personas y superior a la de enero, mes en el que se informaron 1.447.

La cifra entregada por la PDI, que corresponde sólo al número de personas que se autodenunció por ingresar irregularmente al país ante la policía civil, además expone que durante los primeros tres meses del año han ingresado irregularmente al país, en total, 4.860 personas. En esa línea, Migraciones afirma que con dicha estadística “es posible determinar que marzo es el mes que mayor denuncia presenta, lo que equivale un 42,5% del total del periodo” (de enero a marzo del 2026).

A nivel regional, la Región Metropolitana es la que representa el mayor número (35%) de denuncias, seguido de Valparaíso (10%). Según explican fuentes conocedoras del asunto, aquellos se debe a que en esos lugares es el destino donde finalmente llegan las personas y se autodenuncian.

A pesar del aumento durante el mes de marzo, algo que ha ocurrido otros años, el informe igualmente destaca que en comparación a años anteriores, los primeros tres meses de 2026 se observa una disminución respecto al mismo periodo de años anteriores. Por ejemplo, desde enero a marzo, la cifra de las 4.860 personas es inferior a las 6.377 de 2025, caída que sigue una tendencia desde 2022, año en que los ingresos irregulares comenzaron a caer. Si se compara sólo marzo, en 2026 se registraron 10 casos menos, es decir, 0,5% respecto al año pasado.

El reporte del gobierno, entregado a fines de abril, solo tiene cifras actualizadas hasta marzo. Sin embargo, próximamente el gobierno entregará un informe completo respecto a la situación migratoria.

Las expulsiones

Ante el Congreso, Migraciones también entregó el número de expulsiones que “se han materializado”, es decir que se han concretado. Así, se informó que durante marzo 334 personas fueron expulsadas del país. “En lo que va del año, la mayoría de las expulsiones materializadas provienen de fuente administrativa representando un 89,5% del total”, explica el informe.

Del total de personas expulsadas, el 50% (167) eran colombianos, seguidos de bolivianos (26%), peruanos (13%), dominicanos (6%) y ecuatorianos (4%). El resto, las otras nueve personas, provenían de Argentina, China, España y Brasil.

Respecto a las personas refugiadas, en marzo ingresaron 283 solicitudes, de las cuales 468 fueron archivadas. Ese mes, al igual que en todo lo que va desde 2026, no se reconoció a ninguna persona como refugiada en el país.

Los obstáculos del control migratorio

Al igual que en todos los reportes periódicos de este tipo, el Servicio Nacional de Migraciones entrega los “obstáculos en la aplicación de las medidas de expulsión y control migratorio”. En esta ocasión, según el texto, se han identificado tres obstáculos para concretar expulsiones.

El primero es la disminución de las expulsiones judiciales, a raíz del cambio en la Ley de Migraciones y Extranjería de 2018, ya que desde entonces las personas condenadas por ley de drogas no pueden acceder a la expulsión sin antes cumplir su condena, aunque sea inferior a cinco años. “Esto ha significado una importante disminución en las expulsiones judiciales a ejecutar, fenómeno que es más notorio en los años 2023 y 2024″, señala el informe, agregando que en 2022 se ingresó un proyecto de ley para modificar aquello.

El segundo punto que ha dificultado las expulsiones, a juicio de Migraciones, corresponde a las dificultades que se han presentado desde el término de las relaciones diplomáticas con Venezuela. Aquello, señala el texto, porque “para expulsar a las personas que no tienen pasaporte o documento de identidad vigente, se requiere verificación d e identidad y salvoconducto de su país de origen. En el caso de Venezuela, el cierre del consulado dificulta este proceso”.

“Además, Venezuela restringió los vuelos hacia ese país. Las rutas comerciales que existían vía Lima o Panamá no están operativas en la actualidad”, agrega.

Por último, se consigna que la PDI también ha manifestado problemas “para detectar a las personas expulsadas y materializar las medidas de expulsión. No hay facultad legal para que l a policía ingrese a los domicilios en que las personas afectadas se puedan encontrar”.