Haciendo un negativo balance de lo que -juicio de ellos-ha sido la conducción de Consuelo Contreras a la cabeza del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), el pasado 16 de junio la Asociación de Funcionarias y Funcionarios del organismo (AFFINDH) convocó a un paro de funciones a modo de “despedida”.

Como detallaba en ese momento el presidente de la entidad, Felipe Gómez, bajo la gestión de la profesional no se avanzó en medidas que permitieran a los trabajadores compatibilizar sus labores con aquellas de cuidado de niñas, niños y adolescentes menores de catorce años.

“Las trabajadoras y las trabajadores del INDH estamos en paro por el derecho al cuidado y exigiendo medidas de conciliación entre la vida personal, familiar y laboral, que la Dirección del INDH se ha negado a implementar en tiempo y forma”, manifestó el dirigente con miras a que los distintos funcionarios se plegaran a la movilización.

En atención a ello, sectores de oposición encendieron alertas. Considerando lo ocurrido hace semanas respecto de profesores que habían adherido a manifestaciones convocadas por el Colegio de Profesores, sobre quienes Contraloría ha monitoreado se apliquen los descuentos salariales que correspondan, desde la UDI se ofició a la entidad para que tome cartas en el asunto.

En concreto, como pudo conocer La Tercera, el diputado Daniel Lilayu (UDI), integrante de la Comisión de Derechos Humanos, ofició a Contraloría a fin de que indague sobre la realización del paro en cuestión, la participación de funcionarios y la posibilidad de aplicar los descuentos respectivos.

“Solicito tenga a bien informar sobre la efectividad de la paralización de funciones por parte de trabajadores del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y eventual descuento de remuneraciones”, se lee en el documento.

Esto, además, en atención a lo establecido en el artículo 1° de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, donde se establece que “ese instituto es un servicio público creado para el cumplimiento de una función administrativa, que forma parte de dicha administración y se encuentra sometido, por ende, a la fiscalización de este organismo de control”.

Por lo mismo, el ente contralor entró en escena y comenzó, como pudo constatar este medio, a recabar antecedentes para así entregar un pronunciamiento.

Solicitud de informe

A la luz de los antecedentes expuestos por el congresista, fue el pasado viernes 27 de junio que Contraloría requirió información, fijando plazos concretos.

“Pase al Instituto Nacional de Derechos Humanos copia de la presentación realizada por el prosecretario de la Cámara de Diputadas y Diputados, a requerimiento del diputado Daniel Lilayu Vivanco, a fin de que se sirva informar a este organismo de control, en el plazo de 10 días hábiles administrativos, contados desde la total tramitación del presente oficio, respecto a lo expuesto por el recurrente", se lee en la respuesta del organismo.

Se agrega, en el mismo sentido, que dicho informe “deberá ser preparado con intervención de la Asesoría Jurídica o abogado de esa entidad, a menos que el asunto planteado sea ajeno a la aplicación o interpretación de normas jurídicas o reglamentarias o que ese organismo no cuente con ese profesional. Además, deben remitirse todos los antecedentes necesarios para resolver adecuadamente la presentación de que se trata”.

Consultado al respecto, el parlamentario indicó a este medio: "Es una muy buena noticia que hoy contemos con una contralora que demuestre su preocupación por la eficiencia del Estado, por el buen uso de los recursos públicos y por erradicar todas las malas prácticas que, lamentablemente, se han vuelto comunes entre algunos funcionarios públicos. Desde hace varios años, especialmente durante la época del “estallido social”, que el INDH ha utilizado su autonomía como excusa para eludir la fiscalización tanto de la Cámara de Diputados como de la Contraloría".

En el mismo sentido, agregó que “es muy importante que se haya iniciado una investigación a raíz de la paralización que impulsaron los funcionarios del organismo y se apliquen todos los descuentos salariales que correspondan, tal como se hizo hace algunas semanas con el paro de los profesores. Porque así como ocurrió con el escándalo de las licencias médicas en el sector público, esta medida también podría ayudar a reducir los paros en el Estado, lo que sin duda terminará beneficiando a todo el país".