La Brigada de Ubicación de Personas (Briup) de la PDI desplegó un equipo por al menos ocho comunas de la Región Metropolitana para dar con el paradero de 31 de los 64 niños del preinforme de la Contraloría que, hasta la fecha, no han podido ser ubicados en los domicilios registrados al momento de llegar a Chile por motivos de reunificación familiar.

El listado de menores que guía la búsqueda liderada por la PDI surge del preinforme de Contraloría que investigó el ingreso de niños haitianos para reunificación familiar en Chile. Dicho documento -que no es el definitivo- expuso una larga cadena de errores e irregularidades administrativas en los mecanismo de control de esta visa.

En terreno, la Contraloría revisó que los menores registrados estuvieran en sus domicilios y en compañía de quien se supone es el adulto responsable en Chile.

El preinforme de la Contraloría tomó una muestra de 105 niños, niñas y adolescentes (NNA) que ingresaron al país entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2025. Además, incluyeron un vuelo chárter del 15 de octubre de 2025.

La entidad que lidera la contralora Dorothy Pérez procedió a revisar las direcciones reportadas por esos 105 menores. Así se constató lo siguiente: “Las direcciones estaban ubicadas en ocho comunas de la Región Metropolitana de Santiago: Quilicura, Cerrillos, Puente Alto, Estación Central, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, Conchalí y San Bernardo“.

En esas comunas, fiscalizadores de la Contraloría realizaron visitas en compañía de funcionarios de las Oficinas Locales de la Niñez (OLN). En este trabajo de campo fue que se constató que 41 NNA se encontraban en la dirección señalada en su respectiva solicitud de reunificación familiar.

En todo el resto -de ahí viene el listado de los 64- se advirtieron situaciones tales como: NNA que no vivían con el adulto responsable de su reunificación familiar, que no se encontraban en el domicilio al momento de la visita o que no vivían en la dirección registrada.

Según los registros del preinforme de Contraloría hay 18 menores con domicilios registrados en Quilicura, 12 en Estación Central, 10 en San Bernardo, ocho en Pedro Aguirre Cerda, siete en Lo Espejo, cinco en Conchalí, tres en Puente Alto y uno en Cerrillos. Pese a que esas son las cifras incluidas en el preinforme, algunos municipios registran más menores.

El rol de los alcaldes

La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, fue designada por el Presidente José Antonio Kast para coordinar la fuerza de tarea que se hará cargo de este tema. Su rol resulta relevante, ya que en el proceso de búsqueda han tomado gran protagonismo las OLN.

Estos espacios dependen del Ministerio de Desarrollo Social a través de la Subsecretaría de la Niñez y se encargan de coordinar y supervisar las OLN.

Estas instancias tienen competencia comunal, a lo largo de todo el territorio nacional, y su misión es la protección administrativa de los derechos de los NNA. Según las municipalidades, la cartera que lidera Wulf habilitó una alerta en la plataforma GSL-Niñez para centralizar la información y gestionar su derivación a las OLN.

Pese al protagonismo que le quiso dar el gobierno a Wulf, lo cierto es que fueron los alcaldes los que, por su cuenta, salieron a terreno a buscar a los menores registrados en sus territorios.

Así, desde el jueves varios alcaldes comunicaron sus hallazgos. Por ejemplo, el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, informó que encontraron a siete menores en su comuna. El alcalde de San Bernardo, Cristopher White (PS), dijo que encontró otros ocho niños.

El jefe comunal de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo, pidió un informe a su equipo. Ahí se reportó que hay cinco niños con residencia verificada, cuatro menores informados que actualmente no residen en la comuna y otros seis niños de los que no se pudo verificar su situación.

En Conchalí informaron que también desplegaron acciones para dar con el paradero de los menores de su comuna y emitirán un informe el próximo 26 de junio.

La Tercera hizo consultas en Puente Alto, Quilicura y Cerrillos, pero al cierre de esta edición no respondieron. La Municipalidad de Lo Espejo, en tanto, informó que “no entregará antecedentes adicionales que puedan comprometer su resguardo”.

La Municipalidad de Romeral -que no estaba incluida en las ocho comunas del preinforme de Contraloría- reportó que encontró a seis de siete niños haitianos en su comuna.

Según dijo el alcalde José Arellano, los menores estaban en un supuesto listado proporcionado por la Defensoría de la Niñez. De los seis, hubo tres casos en que se constató vulneración de derechos, por lo que se hizo la denuncia correspondiente en Carabineros. Otra municipalidad que no estaba en el preinforme es la de Graneros, que el jueves reportó otros dos niños encontrados por sus equipos municipales.

Resultados de la búsqueda

En la tarde del viernes la ministra Wulf sostuvo una reunión con el fiscal nacional, Ángel Valencia, y también recibió a representantes de la comunidad haitiana en Chile, en el marco de las coordinaciones impulsadas por el Ejecutivo para recopilar antecedentes y facilitar el intercambio de información entre los distintos organismos involucrados.

En la reunión con Valencia recibió actualizaciones de los procesos de búsqueda que está haciendo la PDI, siguiendo los parámetros que dictó la División de Atención a Víctimas.

Ahí Valencia expuso que la búsqueda no solo se enfocará en saber dónde está cada menor de edad, sino que también incluirá análisis de las condiciones en que se mantienen, con quién viven y cómo se encuentran.

Según quienes estuvieron en ese encuentro, fue ahí que el Ministerio Público informó que según la última información de la PDI, de los 64 niños haitianos ya habían podido comprobar y chequear el estado de al menos 33 menores. Esta fue la cifra que, horas después, Wulf informó en un punto de prensa junto al director de la PDI, Eduardo Cerna.

El jefe de la policía civil agregó que los menores estaban en buen estado de salud, escolarizados y junto a sus familias. “Seguimos buscando”, dijo Cerna. El máximo jefe de la PDI además defendió la labor de la institución y dijo que “ningún menor pasó y salió (del aeropuerto)”. Luego añadió: “No es un flujo sin ninguna verificación”.

La ministra Wulf, por su parte, pidió dejar de lado las recriminaciones políticas. “Esta no es la hora de la política (...). Nosotros nos encontramos con un problema grave y nuestra única ocupación es resolverlo lo más pronto posible, para la seguridad de esos niños y para la tranquilidad de un país que demanda respuestas”, dijo la titular de Desarrollo Social.

En paralelo a los primeros resultados de la búsqueda, el gobierno observó con incomodidad el rol asumido por los alcaldes. Esto, debido a que los reportes que surgieron desde algunas municipalidades por cuenta propia no era información oficial canalizada por la PDI.

De hecho, fuentes del Ministerio de Desarrollo Social aseguraban que no existían antecedentes que permitieran establecer que esos niños correspondan a alguno de los 64 casos consignados en el preinforme de Contraloría.

En el Ejecutivo sostienen que existe una confusión respecto de la información disponible, pues dicen que la nómina del preinforme de la Contraloría solo está en manos de la PDI. Por eso, la ministra optó por citar a los alcaldes hasta su oficina durante la tarde y así ordenar la información.