Por tres causales, diputados presentarán hoy acusación constitucional contra ministro Figueroa

FOTO: KARIN POZO/AGENCIAUNO

Tras varias semanas de trabajo, grupo de diputados encabezado por Camila Rojas (Comunes), presentará este martes el libelo contra el titular de Educación. Argumentan que el secretario de Estado ha incumplido la Constitución y las leyes en temas como el pago de las subvenciones, no proveer las medidas sanitarias para el retorno a clases y el no pago de beneficios al personal docente.




Para este martes a las 11:30 está programado el ingreso de la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Raúl Figueroa, la que hace más de dos semanas vienen preparando lo equipos de abogados del Frente Amplio, del PC y del PS.

En el texto preliminar del libelo, al que accedió La Tercera, se acusa al secretario de Estado de haber infringido la Constitución en el artículo 19 N° 10, referido al Derecho a la Educación; el 19 N°1, referido al Derecho a la Vida; el inciso segundo del artículo 5, relativo a tratados internacionales, y el artículo 7, relativo al principio de legalidad. Además precisa que se han vulnerado varios textos legales referidos a la subvención escolar y al retiro voluntario, entre otros.

La acusación es liderada por la diputada de Comunes Camila Rojas, y patrocinada por sus pares opositores de la comisión de Educación: Camila Vallejo (PC), Gonzalo Winter (CS), Juan Santana (PS), Mario Venegas (DC y presidente de la Comisión), Rodrigo González (PPD), junto a los diputados Tomás Hirsch (Acción Humanista), Esteban Velásquez (FRVS) y Marcela Hernando (PR).

De acuerdo al marco jurídico, una vez presentada la acusación debe darse cuenta en la sala de la Cámara de Diputados, en la sesión más próxima que debería ser el miércoles 21. Ese mismo día se procederá “a elegir, a la suerte y con exclusión de los acusadores y de los miembros de la mesa”, la comisión de cinco diputados para que informe si procede o no la acusación. Tras ello, hay tres días para informar al afectado de este procedimiento, que sería el primero de este tipo que se ha presentado durante este año.

Las causales de esta acusación constitucional se dividen en tres capítulos, de acuerdo al texto preliminar, que consta de 144 páginas.

Primer capítulo: vulneración del derecho a la educación

En este capítulo, el más largo, los argumentos se dividen en ocho apartados que “representan ejes temáticos en los cuales se ha evidenciado el actuar negligente y derechamente ilegal del Ministerio de Educación y, en particular, del Ministro Figueroa”. Se refiere a temas como ausencia de recursos adicionales a los ya contemplados en las leyes de presupuestos para enfrentar la pandemia; omisión en la regulación de las clases a distancia; subvenciones que implicaron fuertes disminuciones en el financiamiento de los establecimientos; disminución del porcentaje de alumnos prioritarios; situación de las aulas hospitalarias; brecha digital, etc.

Entre los antecedentes puestos sobre la mesa, se indica que se entregaron recursos para acelerar el retorno a las escuelas “presentados comunicacionalmente como fondos concursables”. Junto con recalcar que no hubo un aumento de fondos, se afirma que “la maniobra comunicacional omitió señalar que los beneficiados corresponden sólo a 389 establecimientos educacionales, lo que representa apenas un 7,56% del total de 5.141 establecimientos de educación pública. La ausencia de recursos ha sido criticada por una serie de alcaldes, algunos de la misma coalición de gobierno, como es el caso del Alcalde de Puente Alto, Germán Codina”.

Asimismo añaden que el Ministerio solo a aquellos colegios que retornaron a clases presenciales a partir de julio del 2020, se les consideró una asistencia media para pagarles la subvención completa anual, lo que -de acuerdo al escrito- derivó en que “el 48,58% de establecimientos educacionales que reciben subvención del Estado, recibieron menos ingresos el año pandémico 2020 que lo que recibieron el año 2019 por concepto de subvención general. Por su parte, en el caso de los establecimientos municipales, más de la mitad de ellos, un 54,02%, recibió menos recursos”.

Concluyen que “el abandono ministerial y el perjuicio a la educación pública, especialmente, son hechos probados y demostrables que acusan una negligencia grave en el ejercicio de las funciones a las que, como se verá, el Ministerio y el Ministro están obligados”.

Segundo capítulo: vulneración de los trabajadores de la educación

En esta sección se enmarcan dos situaciones diferenciadas que, según los autores, constituyen infracciones graves al derecho nacional e internacional, y “tienen en común una vulneración a los derechos y a las condiciones laborales de docentes y de asistentes de la educación. En primer lugar se da cuenta del abandono y desprotección respecto a las condiciones laborales durante la pandemia; y en segundo lugar, respecto al incumplimiento del bono incentivo al retiro”.

Respecto de lo segundo, se sostiene que a “una gran cantidad de profesores” que han postulado al bono al retiro hace cuatro años, aún no se les hace efectivo el pago, “pues el Ministerio no entrega los recursos a los sostenedores para cumplir con este proceso (…) muchos de ellos (docentes) están con serios problemas de salud, algunos incluso están prontos a cumplir 70 años de edad y aún no hay una respuesta de parte del Ministerio”.

Tercer capítulo: amenaza a la vida e integridad física y psíquica

En el libelo se recuerda la insistencia del ministro en la vuelta a clases, es decir a la presencialidad de manera absoluta. Se despliega un informe de fiscalización de la Contraloría al “Programa de Retorno a Clases Presenciales de los Establecimientos Educacionales”, respecto del cumplimiento efectivo de los protocolos sanitarios en los establecimientos que iniciaron el año escolar en marzo de 2021, el cual -según el documento preliminar- “arroja un sinnúmero de irregularidades, omisiones e incumplimientos, los que evidentemente reflejan la deficitaria situación en los establecimientos que no garantizan un retorno seguro”.

Con este antecedente, se indica en el texto que el ministro Figueroa en “su actuación personal, ha infringido la Constitución en los preceptos señalados, pues, queda en evidencia el grave déficit de las condiciones mínimas y efectivas que se requieren para un retorno a clases presenciales en condiciones seguras, lo que a lo menos configura un aumento del riesgo, es decir, una amenaza a la vida e integridad de niñas, niños y adolescentes, especialmente a los menores de 12 años, que a la fecha no tienen vacuna disponible”.

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