Presentarán proyecto de ley para solucionar fallas tras el cierre de la U. Arcis

arcis

La expresidenta de la Feuarcis junto con la Comisión de Educación de la Cámara de diputados presentarán un proyecto de ley que modificará la ley que crea a la administración provisional de cierre luego de numerosas denuncias y fallas tras la liquidación de la universidad.




A casi dos años de que se confirmara el cierre de la Universidad Arcis, la expresidenta de la Federación de Estudiantes Arcis, Sandra Beltrami, junto con la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de diputados, Cristina Girardi y la diputada Camila Rojas, presentarán un proyecto de ley que modifica la Ley 20.800 que crea el administrador provisional y de cierre de instituciones de educación superior.

Esto luego de las numerosas falencias que se ha presentado tras el cierre de la universidad. Entre ellas la pérdida de archivos de los estudiantes; alumnos que no se encuentran en la "nómina" de estudiantes entregada a la Universidad Católica del Maule por la liquidación de la Arcis; o las irregularidades en cuanto a los más de 110 estudiantes de derecho que no se han podido titular, ya que aún no le han asignado una fecha para dar su examen de grado.

El proyecto de ley que busca modificar la Ley 20.800, exige primeramente que una vez ingresado el administrador provisional, se elija una mesa triestamental integrada por organizaciones de estudiantes, docentes y funcionarios de la universidad para participar, junto con ello, "en forma vinculante en ciertas materias administrativas y académicas de la universidad", señala la modificación.

Además exige que el administrador provisional, quien debe "otorgar los títulos y grados que correspondan y realizar las certificaciones que fuera necesarias", sea "dentro de los plazos establecidos en los reglamentos académicos de la institución", además de "sanear casos que se encuentran con plazos vencidos".

Junto con ello solicitan que se efectúe "un plazo no superior de seis meses" desde el comienzo del mandato del administrador de cierre, un convenio con el Consejo Nacional de Educación "con el objeto de agilizar los procesos de titulación de sus estudiantes".

En esta misma línea, el proyecto de ley agrega otra exigencia que pide que se reconozcan "los certificados de matrícula, egreso y convalidaciones efectuadas por la institución con anterioridad". Con ello además se pide "otorgar el derecho a matrícula y a su vez el servicio académico" a los estudiantes que se encuentran en proceso lectivo, egresado de pregrado, estudiantes de posgrado que se encuentren matriculados".

Solicitan mantener los aranceles establecidos, los cuales "podrá bajarlos si se estiman muy elevados, pero nunca aumentarlos".

Exige, además que el administrado de cierre sea "responsable de la documentación académica de cada uno de los estudiantes de la institución", ya sea virtual o física.

Esto luego de que Beltrami denunciara que muchos documentos académicos de estudiantes de la Universidad Arcis se perdieron luego del cierre de la sede educacional. Es por ello que señala que "de ser extraviada dicha documentación deberá responder civilmente hasta con la culpa grave".

Reubicación a otras instituciones

Tras el cierre de la Universidad Arcis, la ministra de Educación, Marcela Cubillos firmó un convenio, en agosto pasado, que permite garantizar que los alumnos continúen sus estudios en la Universidad Católica del Maule.

Sin embargo, luego de hecho este cambio muchos alumnos no le permitieron rendir exámenes por supuestas deudas, pese a que habían realizado el pago el derecho respectivo para realizar el examen.

En cuanto a esto, el proyecto de ley presentado por la ex Feuarcis y la Comisión de Educación, exige que la institución a cargo "estará obligada a reconocer los certificados de egreso, convalidaciones, calificaciones pendientes, procesos de tesis, práctica o de titulación en general que hayan sido efectuados por la universidad de origen", y por tanto no tener la facultad de denegar las matrículas de estos estudiantes.

Así mismo señalan que la universidad en convenio tampoco "podrá subir los aranceles de los estudiantes, pero sí reducirlos", así como tampoco realizar otros tipos de cobros "que no estén establecidos en el reglamento" de dicha institución.

Finalmente piden que la institución con la cual se hizo el convenio, tenga la "obligación de permitir que los estudiantes" rindan sus exámenes de titulación ante el Consejo Nacional de Educación.

Comenta