La presidenta de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados (ANMM), jueza Mariela Hernández, entra al debate por los cuadernos de remoción que abrió la Corte Suprema a los jueces sumariados por viajar al extranjero con licencia médica.

Hernández critica el actuar de la Suprema, pide debatir la eliminación del artículo 80, acusa que los supremos no respetan el debido proceso y anuncia reclamos ante el TC e instancias internacionales.

Como asociación han tomado una postura de creciente malestar frente a determinaciones del pleno de la Suprema en el denominado caso licencias. ¿Cómo califican la decisión del pleno?

Más que molestia, es una preocupación. Esto deriva principalmente de esta interpretación que realiza la Corte Suprema respecto al artículo 80 de la Constitución. En base a eso, respecto de investigaciones que ya estaban ejecutoriadas, que ya se encontraban incluso algunas sanciones cumplidas, la Corte Suprema hace uso de esta facultad para evaluar si el juez tiene idoneidad para continuar en el cargo. Cuando se destapó este famoso caso por parte de la Contraloría, la propia Corte Suprema ordenó investigar sobre la base de lo dispuesto en el Acta 108 del año 2020. Acá no defendemos conductas irregulares, defendemos un debido proceso y creemos que se borra con el codo lo que escribieron en el auto acordado, porque se vuelven a revivir antecedentes. Eso pone en riesgo uno de los valores principales que nuestro ordenamiento jurídico tiene, que es el valor de la cosa juzgada, la certeza jurídica, y para qué decirle lo grave que puede ser esto para el Estado de Derecho.

¿Es de la idea de que si los procedimientos se iniciaron en función del Acta 108 no corresponde que luego se abra otro invocando el artículo 80?

Es que la Corte Suprema ordenó que se hicieran estas investigaciones conforme al Acta 108. Esta interpretación que hicieron después lleva básicamente a un doble juzgamiento, lo que es una vulneración al principio non bis in idem. Una persona no puede ser sancionada dos o más veces por el mismo hecho. Acá la Corte Suprema, sobre los mismos hechos que ya fueron resueltos, ordena abrir cuadernos de remoción. Entonces, ¿para qué la Corte Suprema dicta un auto acordado si posteriormente no lo respeta?

¿Fue un error del pleno abrir estos cuadernos de remoción?

La interpretación que se dio es errónea, no correspondía que se revisaran nuevamente estos hechos. Aquí la única facultad que tenía la Corte Suprema era revisar aquellas causas que habían sido objeto de recursos de apelación.

¿Qué acciones van a tomar?

Suscribimos un convenio con el abogado Ciro Colombara para que pueda representar a cada juez que lo requiera, de manera individual. Y como asociación estamos viendo la posibilidad de que nos represente otro grupo de abogados para agotar las instancias internas, por ejemplo en el TC, y así luego recurrir a los tribunales internacionales, específicamente a la Corte Interamericana. Además de ello, ya pedimos una audiencia temática con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque el actuar de la Corte Suprema y la gravedad que esto significa, en especial para la independencia judicial, lo amerita. Aquí hay una grave afectación a la independencia judicial y, por cierto, también al principio de inamovilidad de los jueces. Eso pone en riesgo el Estado de Derecho y la democracia, puesto que los jueces somos garantes de la democracia.

¿Este caso sirve para instalar el debate en torno a suprimir el artículo 80?

Absolutamente. Este es el minuto, hay un punto de inflexión. Reiteradamente le hemos pedido a la Corte Suprema que inicie reformas con los poderes colegisladores. No hemos visto ningún actuar, a pesar de los graves hechos que ellos vivieron en los últimos dos años. Eso debía haber sido un llamado a atención absoluto respecto de lo que es el sistema disciplinario. Acá se deben establecer claramente los procedimientos y mecanismos de sanción. Pero lo que vimos en este caso es que la Suprema se da toda una vuelta y ordena abrir cuadernos de remoción porque al parecer no les gustó el resultado de los procesos disciplinarios.

¿Cree que la Suprema aplica una vara más alta a funcionarios de los escalafones inferiores?

Yo creo que sí.

¿Y eso lo atribuye a gestiones de la presidenta Chevesich?

Respecto del trabajo de la presidenta no tengo nada que decir, no me corresponde. Entiendo que acá es la Corte Suprema la que actúa, no es ella la que ha impulsado esto. Pero creo que en otras circunstancias han actuado de formas distintas, por eso es que, para mí, como jueza penal además, hubiera tenido otro tipo de reproches u otro tipo de acciones frente a determinados actos. Por eso es preocupante que el día de hoy se esté utilizando el Artículo 80 de la forma como se hizo, sin respeto alguno de la cosa juzgada.

¿Viajar al extranjero con licencia médica es una falta a la prioridad que constituye una mala conducta judicial?

He aprendido en mis años como jueza de garantía, y ahora como presidenta, a no responder sobre antecedentes que desconozco. En ese sentido, hablar sobre supuestos es bastante complejo. Pero por cierto, hay casos en que hay conductas que son absolutamente reprochables y que en definitiva debieron ser sancionados con el máximo rigor de la ley. En eso hemos sido siempre claros. Pero independientemente de la conducta que se esté investigando, lo que se tiene que hacer aquí es cumplir con las normas del debido proceso. Las sanciones tienen que ir acorde con la conducta que se realiza.

¿Considera proporcional remover a un juez que viajó fuera de Chile con licencia médica?

Si hizo mal uso de licencia, eso se tiene que determinar y sancionar. Y lo mismo si hay un uso fraudulento de licencia, aunque necesariamente eso debe ser investigado por el Ministerio Público. Yo creo que hay casos donde el mal uso sí se puede sancionar con remoción, siempre en la medida que eso se establezca en un debido proceso. Nosotros no respaldamos conductas irregulares, sólo queremos que se respeten los principios.