“Capuchas golpean a una docente, cae al suelo y la patean. Otra docente fue agredida con empujones y tironeos en la ropa, le rompen la blusa y queda en ropa interior. A uno de los inspectores lo golpean”.

El 24 de noviembre un hasta aquí desconocido hecho de violencia sacudió al Internado Nacional Barros Arana (INBA). Ese día, tres funcionarios del establecimiento fueron ferozmente violentados y pasaron a engrosar el registro que lleva la Dirección de Educación Municipal (DEM) de Santiago sobre docentes y asistentes de la educación agredidos físicamente en liceos capitalinos. Hasta el cierre de esta nota eran 25 agresiones en lo que va de año . Esto, sin considerar que hay otras que las autoridades educativas saben que no se terminan denunciando por temor a más represalias. Y tampoco las sicológicas, que están a la orden del día.

“Estos hechos escapan a la institucionalidad, a los centros estudiantes, a los centros de padres, claramente la intención no es amedrentar, se busca hacer un daño grave. Creemos que son grupos anarquistas que están en contra de la autoridad. Aquí no hay diálogo. Hay violencia porque sí”, señala, categórica, Pilar Sazo, directora de la DEM.

Agresiones a funcionarios de liceos santiaguinos en 2025:

Pero esa triple agresión no es la única que ha visto este año el INBA. Son, en total, 10 episodios contra funcionarios en 2025: el 13 de junio, el 31 de julio y el 22 de octubre, al rector interino Gonzalo Saavedra, le lanzaron -ninguna le llegó- bombas molotov. En el último episodio, además, su camioneta fue vandalizada. Por el primero de los hechos hay una querella en curso por diversos delitos, entre ellos el de lesiones, con imputado desconocido; y por el último hay una querella contra un estudiante identificado por los delitos de homicidio frustrado, amenazas y lesiones leves, entre otros.

Santiago, en total, ha interpuesto o patrocinado 23 querellas por hechos de violencia -en todos se ha invocado Aula Segura-, aunque no necesariamente todas son por agresiones a funcionarios. Hoy hay seis alumnos recluidos en el Sename por alguno de los incidentes.

Otro hecho en el INBA ocurrió el 24 de julio, cuando le lanzaron una molotov a una inspectora. Y el 11 de agosto le tiraron bencina al profesor encargado de la seguridad, tras lo cual se presentó una querella, entre otros delitos, por el de homicidio tentado contra quien resulte responsable. El otro hecho grave ocurrió el 4 de noviembre, cuando capuchas agredieron a un inspector y un docente a martillazos. En este caso el municipio se querelló contra quien resulte responsable, por intento de homicidio.

El Instituto Nacional, protagonista de diversas salidad de encapuchados a lo largo de este año, es el otro establecimiento con varios hechos graves. El primero ocurrió el 19 de marzo, cuando overoles blancos agredieron a una inspectora. Días después, en redes sociales circuló un video amenazándola. Por este hecho hay un menor de edad querellado por diversos delitos, entre amenazas y lesiones leves.

El 3 de octubre, otro episodio desconocido hasta esta nota se vivió en el recinto. Ese día, un número indeterminado de encapuchados sacaron a la fuerza a una profesora de la sala, le lanzaron una molotov a un funcionario y agredieron a otro con un fierro. ¿Querella? Sí, por los delitos de incendio, daños, porte injustificado de combustible, elaboración de artefactos incendiarios, arrojamiento de bombas molotov y homicidio frustrado. ¿Imputados conocidos? No. Tres días después a un trabajador le lanzaron una molotov en el mismo recinto.

El último de estos hechos en el Instituto fue el 28 de noviembre, cuando tres docentes fueron las víctimas: una fue rociada con líquido acelerante en su rostro, a otra le dieron un golpe de puño en la cara, y otra fue agredida con un objeto contundente en la pierna. Antes de esto ya se había presentado una querella por amenazas y lesiones leves por hechos reiterados desde 2023.

A raíz de estas situaciones la DEM ha capacitado a equipos directivos y funcionarios para que sepan cómo actuar. También han hecho charlas de responsabilidad penal adolescente “con el fin de que nuestros estudiantes sepan cuáles son las consecuencias de hechos que con características de delito”, señala Sazo. Del mismo modo, siempre se entabla una querella cuando hay agresión a funcionarios.

El otro de los recintos públicos santiaguinos que registra agresiones a funcionarios este año es el Liceo Manuel Barros Borgoño. En un sólo episodio tuvo como víctimas a tres trabajadores: el 1 de septiembre encapuchados encerraron a tres docentes en una sala, rociaron bencina en la entrada de ésta y amenazaron con quemarlas vivas. En este caso también existe una querella, sin imputado conocido, por incendio frustrado, daños, desórdenes públicos, porte injustificado de combustible, elaboración y arrojamiento de artefactos incendiarios, y amenazas. Además, el 22 de octubre y según consta en la querella por el delito de lesiones leves presentada por el municipio, cuatro individuos externos ingresaron y empujaron “con violencia”, “agrediendo” a dos funcionarios del acceso. Luego, al intentar salir, cercaron de manera violenta a otros dos funcionarios que intentaban cerrar el paso.

Al respecto, Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, señala que lo que se evidencia con estas agresiones es que hay un problema “no resuelto y grave, de un tipo de violencia muy extrema que se da en ciertos colegios de los llamados emblemáticos de Santiago y que hemos dicho que quienes son responsables de garantizar la seguridad de las comunidades escolares son el sostenedor y las instituciones educativas que están para eso, como el ministerio, la superintendencia y otras que tienen que asegurar esas condiciones. Evidentemente han fallado y tratan de desviar la atención”.

Desde la DEM, Sazo señala que todos estos hechos son “muy graves y no solamente físicos, también son sicológicos. Hay una conmoción cada vez que se producen, pero si cada uno de nosotros hiciera su trabajo tendríamos más resultados”. Y cierra: “Espero que nunca se normalice la agresión a funcionarios”.