En los próximos días el presidente del CDE, Raúl Letelier, terminará su mandato como máxima autoridad del organismo luego de que recibiera el encargo por parte del expresidente Gabriel Boric. El abogado experto en derecho público aborda los desafíos del consejo que en los últimos años enfrenta, con el mismo personal, un aumento exponencial en los casos que debe litigar.

¿Cómo fue pasar a la primera línea y ser el rostro del consejo, lo que a veces conlleva críticas de índole política de personas que son querelladas por el propio organismo?

El consejo siempre ha tenido críticas de este tipo. En muchos de los casos que interviene es frecuente que distintas facciones políticas observen las decisiones que tomamos como favorables o contrarias a lo que ellos piensan. Es una cosa común, principalmente en el ámbito penal, que nuestras querellas tengan una lectura de algún sector de una determinada manera. Eso lo sabemos y estamos acostumbrados a esa crítica. Y, bueno, la vivimos simplemente como una crítica que se mueve en el mundo político, que es un mundo distinto al que nos movemos internamente

¿Logró llevar su presidencia separando aguas, la política de la técnica?

Siempre han estado separadas. Este es un órgano compuesto por personas que tenemos ideologías políticas completamente distintas. Y son decisiones que tomamos con alta mayoría, con mucho debate, con muchas idas y vueltas, con muchas peticiones de antecedentes nuevos, con mucha espera. A veces la prensa y la gente también quiere respuestas un poco más rápidas, pero nosotros nos tomamos estos casos con mucha más cautela.

¿Qué sello logró dejar en estos años de presidencia y cuáles son los desafíos pendientes que se vienen?

El futuro en general del Estado se orienta a dos líneas principales, una que uno puede llamar como un Estado estratégico y otro como un Estado más personalizado. La idea de un Estado estratégico es un Estado que funciona ya no observando todos sus asuntos de la misma manera, ya no colocando todos sus juicios como si fuese un trámite administrativo más. Nosotros tenemos que tener la capacidad de observar cuáles son los casos que tienen una importancia estratégica para nosotros, estratégica para el futuro, tratando de a lo mejor cambiar algún tipo de jurisprudencia en la corte, que tenga algún impacto en el cambio de la manera en cómo se ven este tipo de casos. Entonces, una de las cosas que hemos trabajado en este tiempo es una litigación especial estratégica que toma casos y los desarrolla con nuestro máximo potencial.

¿El Estado está mejor preparado que antes para enfrentar esas causas complejas?

Nos hemos ido ajustando a eso. Lamentablemente, en los últimos años llevamos mucho tiempo con restricciones presupuestarias. Entonces nos hemos tenido que acostumbrar a una litigación más sofisticada, pero con los mismos recursos de siempre. Eso ha sido difícil, más todavía ahora con este aviso de una restricción presupuestaria. El consejo litiga con los estudios jurídicos más importantes de este país. Pero en ese camino yo pensaría que la focalización, la consideración de este litigio estratégico hace que en ese tipo de juicios estemos mucho mejor preparados que antes.

¿El Ejecutivo entiende la necesidad de no cortar recursos?

Espero que así sea. Yo lo he comunicado ya varias veces al ministro. Somos un servicio de personas, entonces tampoco es que tengamos una especial capacidad de reducir personal, sobre todo si creamos una nueva Unidad Especial de Análisis Patrimonial y Triangulación Societaria. Espero que las razones que hemos dado tengan eco en la autoridad.

¿Se condice recortar, cuando en su cuenta pública alertó sobre el aumento de la litigación del CDE?

Nuestro principal problema es una litigación que crece exponencialmente. Tenemos en dos años 20% más de ingresos. Eso es mucho. Tenemos más de 40.000 asuntos en carpeta. Ese aumento de litigación ningún servicio lo puede soportar con los mismos funcionarios y menos con un recorte como los que se quieren realizar. Para nosotros es un problema grave. Eso es un desafío para todos. El crimen organizado es una empresa legal que requiere litigación estratégica y más recursos, no menos. Es fundamental para ajustarnos a esa ingeniería legal y neutralizarla. Eso requiere más gente trabajando en casos y un proceso penal no construido para el delito más simple.

¿Les han planteado acelerar la recuperación de dinero o búsqueda de recursos?

Nosotros siempre aportamos el dato de lo que significa el trabajo del CDE en términos monetarios. Tomamos, por ejemplo, lo que significa sumar todas las demandas que hay en contra del Estado. Si usted suma el valor de todas las demandas, esos son más de cuatro puntos del PIB. Es una suma brutal.

¿Fue lo correcto no querellarse contra Orrego en la arista ProCultura del caso Convenios?

El análisis nuestro es lo que es. Nosotros lo hacemos con los antecedentes que tenemos en el momento. El análisis lo hicimos varias veces y nos tomamos un tiempo importante en pedir incluso más antecedentes o en solicitar diligencias. Con los antecedentes que teníamos, concluimos que no era posible imputar al gobernador Orrego.

¿Cómo se tomó esa decisión? Se comentaba que había sido una discusión álgida.

Nuestros casos siempre tienen la misma estructura. No es que esto lo hayamos hecho con un tratamiento distinto. Este es un caso que vimos varias veces y lo tuvimos que decidir en el comité penal y luego revisarlo en el consejo. No es un caso de una discusión especialmente álgida.

¿El contundente rechazo del desafuero en el pleno de la Corte de Santiago les dio la razón?

Yo creo que sí.

¿Y eso qué significa entonces? ¿Que la Fiscalía estuvo haciendo una imputación forzosa con antecedentes insuficientes?

En el mundo legal a veces tenemos diferencias entre abogados. Es probable que ellos hayan visto o hayan enfatizado algunos aspectos de la causa que nosotros no observábamos como especialmente importantes y que tampoco fueron observados así por los ministros de la Corte de Santiago.