A inicios de mayo, cuando Pulso informó de los nombramientos que hizo el gobierno en los directorios de empresas estatales, la noticia rápidamente fue un comentario obligado entre los funcionarios y ministros del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).

La razón apuntaba a lo inusual que resultaba que la relatora de un tribunal fuera designada en el directorio de una empresa. Se trataba de la abogada Carmen Gloria Valladares, funcionaria histórica del Tricel hace más de 42 años, quien había sido escogida para sentarse en un puesto del directorio de Casa Moneda.

La noticia no cayó bien en algunos de los ministros del Tricel. Fuentes judiciales comentan que uno de los más preocupados fue el presidente del tribunal, el ministro Arturo Prado.

Valladares no solo es la relatora del Tricel, sino que además ejerce como jefa de servicio y también como ministra de fe. Por eso a algunos de los magistrados les hizo ruido que la secretaria relatora del Tricel -de quien se espera imparcialidad- estuviera en contacto para asumir un cargo de este tipo, incluso a pesar de que este nombramiento se hace a través del Consejo Directivo del Sistema de Empresas Estatales (SEP).

Quienes supieron de lo ocurrido comentan que antes de aceptar el encargo, Valladares analizó la situación para asegurarse de que no hubiera alguna incompatibilidad legal.

Para eso, dicen las mismas fuentes, analizó dictámenes y las normas en cuestión. En esa revisión pesó el hecho de que el Tricel es un órgano con autonomía constitucional, que Casa Moneda no forma parte de la Administración del Estado y se rige por normas de derecho privado y el vínculo laboral de Valladares en el Tricel, que se regula por el Código del Trabajo y el artículo 22.

Despejado el asunto legal, fuentes que supieron del proceso con Casa Moneda, cuentan que otro factor a considerar era el ruido que se podía hacer por el hecho de recibir más de una remuneración. A eso se sumaba su interés de resguardar la transversalidad que ha ganado a nivel de opinión pública.

En el último tiempo su imagen ha estado marcada por su rol durante más de cuatro décadas en el tribunal encargado de velar por los procesos eleccionarios del país. A eso se suma su momento estrella, cuando de forma exitosa -y como representante del Estado- logró hacerse cargo de la instalación de la fallida Convención Constitucional.

En el análisis luego entró a jugar otro factor. Fuentes judiciales cuentan que hasta ese momento, Valladares ya había presentado su renuncia al cargo y que ejercería sus funciones hasta el 30 de junio. Por eso, pidió para los días de mayo y junio, mientras aún estuviera en el Tricel, ejercer de forma ad honorem en Casa Moneda y comenzar a recibir remuneración solo una vez que culminara su ciclo en el máximo tribunal de la justicia electoral.

Lo que pocos saben es que en paralelo a que Valladares cerrara su nombramiento en el directorio, y consciente de que su periodo en el Tricel llegaba a su fin en junio, la histórica secretaria del Tricel había expresado su interés de seguir aportando en instancias de Estado.

En esa búsqueda es que desde marzo que Valladares había estado en conversaciones con el gobierno, específicamente con el Ministerio de Justicia, para asumir al mando de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Verdad y Niñez.

Valladares tuvo conversaciones con el subsecretario de Derechos Humanos Pablo Mira (RN) e incluso alcanzó a ser entrevistada por los comisionados. También le dijo a Mira que hasta el 30 de junio tenía que ejercer ad honorem.

El encargo de caer en la comisión que investiga violación a los derechos humanos en el Sename parecía desafiante. Quienes conocen a Valladares cuentan que además de ser abogada, tuvo estudios de Trabajo Social, por lo que en sus temas de interés siempre han estado presente los asuntos de niñez.

La renuncia

Sin embargo los planes de Valladares para seguir ejerciendo funciones en el Estado después de terminar su ciclo en el Tricel se frustraron.

Pese a que su nombre alcanzó a aparecer en la página web de Casa Moneda, eso duró poco. En el pleno del Tricel del 12 de mayo, los ministros citaron a la relatora para hablar sobre la situación.

Lo que ocurrió en ese pleno se guarda con fuerte hermetismo, pero hay quienes plantean que Prado expuso su incomodidad con los planes futuros de Valladares. En ese diálogo, se puso sobre la mesa que la relatora ejercía hasta el 30 de junio y en ese momento se abrió un debate.

Fuentes judiciales cuentan que el ministro Mauricio Silva y la ministra Adelita Ravanales -los dos magistrados que han apoyado a Valladares en los últimos meses- expusieron que la alta carga laboral del Tricel hacía necesario revisar la posibilidad de extender las funciones de Valladares y así se propuso incluso que la abogada se quedara hasta enero de 2028.

La conversación en el pleno terminó en que Valladares aceptó quedarse más tiempo en el Tricel y que ejercería sus funciones hasta el 31 de diciembre de este año. Las mismas fuentes agregan que la abogada no explicó -ante las consultas de Prado- cómo había llegado a ser designada en Casa Moneda. Conocedores de lo ocurrido cuentan que la renuncia ya fue presentada.

Con esto, se concretó algo que se viene conversando al menos desde al año pasado, cuando incluso se hicieron consultas a la Dipres sobre el retiro.

Luego del pleno, la relatora se comunicó con Casa Moneda y con Justicia para informar que no podría asumir sus nuevas funciones. Acto seguido fue sacada de la página web de Casa Moneda y dos días después la gerenta general (s) de la entidad Susana Alcaíno informó -en un hecho esencial ante la Comisión para el Mercado Financiero- la renuncia de Valladares, la que quedó registrada con fecha 13 de mayo.

El castigo

El episodio vivido con Valladares y su frustrada llegada a Casa Moneda y la Comisión Verdad y Niñez, según fuentes judiciales, revivió el ambiente de tensión que se vive entre los funcionarios del Tricel y también en el pleno de ministros.

La razón, de la que pocos se animan a hablar, se vincula con el mal ambiente laboral que se vive en el Tricel entre Valladares y alguno de los otros funcionarios de la entidad. De hecho las mismas fuentes comentan que una de las más afectadas ha sido la oficial primero Katherine Martínez, quien registra licencias médicas producto de esto.

Fuentes judiciales comentan que la señal más evidente quedó registrada en el castigo que recibió Valladares el año pasado por parte del pleno.

En una decisión dividida por una mayoría construida por Prado, la exministra del Tricel María Cristina Gajardo, y el ministro -del cupo político- Gabriel Ascencio, se optó por apartar a Valladares de sus funciones de administración de personal.

Aquella vez el ministro Silva y la ministra Ravanales se opusieron al castigo, el que finalmente se impuso a través de una resolución y sin haber realizado ningún sumario o proceso administrativo previo.

Ese, comentan fuentes judiciales, fue el episodio de mayor tensión en el Tricel. La Tercera, a través de la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial, consultó al ministro Prado sobre los motivos para aplicar ese castigo y si eso tenía vinculación con una situación de acoso laboral, pero el magistrado no respondió la pregunta de este medio.

De este episodio se sabe bastante poco. Sin embargo, una nota del año pasado en El Mercurio dio señales de lo que estaba pasando. Esa vez se reportó la tensión que se generó en el tribunal por el hecho de que las jefaturas pudieran revisar en tiempo real el circuito cerrado de las cámaras de seguridad y otras situaciones de carácter laboral.

Fuentes vinculadas al Tricel comentan que la resolución del pleno implicó apartar a Valladares, durante seis meses, de sus funciones administrativas vinculadas al personal para que solo se dedicara a relatar las causas. En su reemplazo, quedó a cargo el jefe de la División Electoral, Informática y Finanzas Arturo Lagos.

El asunto escaló al nivel de que dicha resolución establecía que el tribunal debía adecuar sus reglamentos conforme a la nueva Ley Karin y para eso se ordenó contratar una asesoría con el estudio Lizama Abogados, una oficina especializada en derecho laboral.

Si bien el castigo recibido por Valladares nunca fue bien comunicado, y quienes supieron de eso afirman que ella desconoce los motivos, lo cierto es que detrás de la decisión hubo un fuerte encontrón entre los ministros del pleno. De hecho fuentes judiciales comentan que se activaron gestiones para evitar que las situación de clima laboral al interior del tribunal se formalizara en una denuncia por Ley Karin ante la Dirección del Trabajo.

Esto incluso terminó con la renuncia de la exministra Gajardo. Fuentes judiciales cuentan que la suprema tuvo fuertes diferencias con el ministro Silva -quien es de los principales apoyos de Valladares- y la tensión por el ambiente laboral precipitó que presentara su renuncia al cargo en el Tricel y en su reemplazo luego saliera sorteado el ministro Omar Astudillo.