Este miércoles la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), se transformó en la primera institución que el gobierno de José Antonio Kast denunció en Fiscalía tras auditar a la administración anterior de Gabriel Boric.

En su pesquisa interna, Junaeb, actualmente conducida por Fernando Peña, dice haber encontrado pagos irregulares por raciones que nunca se entregaron que sobrepasan los 14 mil millones de pesos en la época en que Camila Rubio era la directora.

Entre otras cosas, el organismo dice haber encontrado posibles fraudes e irregularidades en licitaciones del Programa de Alimentación Escolar (PAE), con pagos por servicios no realizados y sobreprecios, sumando antecedentes a una situación que explotó en 2023 y que Contraloría investigó. Hace pocos días, de hecho, emitió un informe de seguimiento en el que daba por subsanadas algunas de sus observaciones.

Justamente, es este último organismo en el que ahora Peña pone el foco, al asegurar que durante esa investigación se le ocultó información relevante por parte de las autoridades salientes.

¿Qué es lo que se detecta en esta auditoría a Junaeb?

Esta es una auditoría que recoge hallazgos de una investigación en curso de Contraloría que se hace a la licitación 18-20, que inicialmente había pesquisado el pago de 5.200 millones de pesos en onces que no se entregaron. Dentro de nuestra investigación descubrimos que ese monto era mucho más elevado y hasta 2023 ascendía a más de 14.000 millones de pesos. Eso se hizo principalmente gracias a la modificación del contrato con la empresa Soser que se realizó en 2022 en el gobierno anterior a través de resoluciones exentas, sin toma de razón, en circunstancias de que sí se debió haber hecho el control de legalidad. Eso permitió aumentar la cantidad de raciones exponencialmente asignadas a la empresa, y además, subir el valor referencial de cada una de esas onces a 8.680 pesos en 2023, que es un valor absolutamente ridículo.

¿En eso se funda su denuncia?

Ese es el aporte adicional a una investigación que ya estaba en curso y que le presentamos a la contralora general la semana pasada. También presentamos esos mismos antecedentes a la Unidad Especializada Anticorrupción de la fiscalía, que ya está investigando esto por una denuncia de un grupo de parlamentarios. Creemos que va a aportar una línea de investigación adicional, toda vez que quienes aparecen como los responsables de habilitar este aumento exponencial de raciones y valores son personajes que trabajaron en Junaeb, particularmente Alejandro Layseca, que era el jefe jurídico de la época y que hoy es gerente legal de la empresa cuestionada -Soser-, lo que consideramos un hecho relevante y grave que merece, al menos, ser investigado.

¿Qué nivel de responsabilidad tiene Layseca en estos hallazgos?

Me reservo ese antecedente porque es una pieza fundamental dentro de la estrategia de investigación.

¿Qué delito es el que creen que se incurrió?

No quiero adelantar los tipos penales porque van a ser parte de la estrategia que esperamos conversar con el Consejo de Defensa del Estado, buscando que se hagan parte. Me atrevería a decir que dentro de los eventuales tipos penales hay varias situaciones que se enmarcan dentro de la familia de delitos de la administración desleal.

Esta licitación se hizo bajo la administración Piñera y hay hechos que se remontan a 2021, antes de que asumiera el gobierno anterior. ¿Perseguirán también a personas de ese período?

La investigación abarca desde la licitación, por lo tanto esperamos resultados y hallazgos en un amplio espectro, sin perjuicio de que tenemos muy bien periciado que el daño patrimonial estuvo concentrado entre 2022 y 2023, que es cuando se hacen las modificaciones de contrato.

¿Tomarán algún curso de acción con Soser, que tiene contratos vigentes con Junaeb?

Vamos a esperar los resultados de las investigaciones y vamos a ser muy respetuosos de los contratos vigentes. Vamos a ser prudentes para apegarnos no solamente a los contratos, sino también a las resoluciones de los órganos de fiscalización.

Cuando todo esto explotó Soser se autodenunció en el Ministerio Público y fue sobreseído al menos por los hechos anteriores a los detectados en la auditoría que ustedes hicieron.

Hay varios antecedentes nuevos, empezando por el monto comprometido y, además, antecedentes que creemos se entregaron de forma parcial a los órganos de fiscalización y que consideramos que son una línea de investigación nueva.

Pero si dice que hubo una entrega parcial de información hay un cuestionamiento a los órganos que tienen que fiscalizar.

Mi opinión es que acá hay un mecanismo muy sofisticado, muy difícil de periciar, si no es con la ayuda o colaboración de la institución. Creo yo que fue el gran déficit de la administración anterior, que lejos de colaborar, lo que hizo fue aumentar el daño patrimonial a través de estas modificaciones de contrato.

Contraloría dio por subsanadas varias de las observaciones que hizo cuando ivestigó, incluída, por ejemplo, la del pago de 3.500 millones de pesos por las 30 raciones.

Mi opinión profesional es que a Contraloría se le ocultó información y tengo pruebas de eso. Además, descanso en el hecho de que Contraloría tiene un sumario abierto, en ningún caso hay un cierre del proceso y en esa investigación vamos a colaborar.

Cuando habla de que a Contraloría se le ocultó información, ¿a quién se refiere? ¿A Camila Rubio, directora de Junaeb del período en cuestión? ¿A las personas que fueron requeridas?

A la administración anterior.

¿Desde Camila Rubio hacia abajo?

Sí.

Camila Rubio ha planteado que la licitación, como fue mal hecha en el gobierno de Piñera, dio pie para un montón de cosas que ellos intentaron corregir y subsanar. ¿Ve que hubo esa intención?

No hubo ninguna intención de corregir. Lo que dice Camila Rubio es falso. En su gestión se modificó el contrato con Soser, se aumentaron los valores de las raciones y la asignación de las raciones, y fue donde se produjo el mayor gasto por estos pagos de onces que nunca se entregaron. Camila Rubio realizó esas modificaciones de contrato a través de resoluciones exentas sin consultar a la Contraloría en circunstancias de que su deber como jefa de servicio era hacer el control de legalidad. La pregunta es por qué razón se le oculta esa maniobra a Contraloría.

Camila Rubio también dice que esta es una campaña que busca construir un relato para justificar el recorte de los beneficios sociales, que no es un tema nuevo ni desconocido. ¿Cómo responde?

El Presidente me pidió investigar y llegar a la verdad de esto, sea cual sea la consecuencia y caiga quien caiga. Estoy dedicado y concentrado en seguir investigando, en dar a conocer los hallazgos que responsablemente podamos construir y luego de eso buscar las responsabilidades e informar a los órganos de fiscalización y de persecución. Ninguna advertencia y ningún fraseo me va a amedrentar.

En ese caiga quien caiga, ¿está en su horizonte ampliar auditorías hacia más atrás incluso?

El Presidente me ha pedido no descansar y seguir investigando situaciones que no solamente convergen dentro del PAE y en eso vamos a gastar bastante energía. Parte importante de nuestro desafío es modernizar la institución, pero también escanear y, sobre todo, sanear todos los déficits y debilidades institucionales que se han acumulado durante tantos años.

Hay jefaturas del período anterior que se mantienen. Si las irregularidades detectadas son tan graves, ¿por qué no han sido removidos? ¿Tiene considerado hacerlo?

Estamos evaluando en todo momento, pero también buscando cuáles son las causas para actuar en justicia y para eso necesitamos las conclusiones del órgano de fiscalización.