Por José Miguel Wilson“Amenaza” propia de “Pablo Escobar”: acusación contra Grau indigna a socialistas y enrarece diálogo por megaproyecto
Aunque un libelo contra el extitular de Hacienda, descomprime la idea de acusar al exministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), el mero anuncio fue visto como un acto inamistoso por los socialistas que se vislumbran como los principales interlocutores por la megarreforma.

Una declaración pública pretendía sacar en las próximas horas los diputados socialistas que tomaron como una afrenta propia el anuncio de una acusación constitucional, por parte de las bancadas republicanas y libertarias contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau (Frente Amplio).
Aunque la arremetida contra el último jefe económico del gobierno de Gabriel Boric, implícitamente descomprime la idea de acusar al exministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), aspecto que los republicanos pretenden relevar como gesto a los socialistas, el mero anuncio de un libelo contra Grau fue visto como un acto inamistoso.
El eventual escrito, incluso, podría enrarecer el clima en el Congreso y la apertura al diálogo que podrían mostrar especialmente los senadores PS ante el megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica, que a partir del 2 de junio comenzará a ser discutido en la Cámara Alta.
La estrategia del gobierno y los republicanos era transformar a toda la bancada del Socialismo Democrático, en especial al PS, en el principal interlocutor en la tramitación de esta emblemática iniciativa gubernamental.
Sin embargo, el escenario se alteró a partir de este anuncio de acusación, aun cuando Grau no sea militante socialista.
“El ministro Jorge Quiroz tiene un estilo que se parece al de Pablo Escobar para hacer política. Ese estilo gansteril no sirve para hacer política. Si con esto quieren decirnos te voy a matar a un familiar, pero no al familiar que más quiero... Ese tipo de operaciones no es lo que dignifica al Congreso”, dijo el senador Gastón Saavedra (PS), quien señaló que esta presentación “tensiona” el clima para discutir la megarreforma, “que tal vez merece diálogo”.
“Es una amenaza a toda la oposición. Uno no puede pretender avanzar en el diálogo si la bancada republicana, que supongo responde al Presidente de la República, anuncia una acusación. En política eso es un chantaje”, dijo a su turno la senadora Daniella Cicardini (PS), quien integra la Comisión de Hacienda, principal instancia en la que se discutirá el megaproyecto.
Dos almas
Sea cual sea el ánimo del gobierno, en el PS ven señales erráticas entre los llamados a conversar que plantea, por un lado, el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado (UDI); y, por otro, la ofensiva republicana, gatillada por las erradas proyecciones de deuda pública denunciadas por Quiroz.
De hecho, el biministro reconoció que este libelo contra Grau podría afectar la tramitación de la megarreforma. Si bien indicó que “una acusación constitucional es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados”, recalcó que “indudablemente no sería serio negar que afecta el ánimo en una cierta discusión en el Parlamento”.
Esta dualidad a juicio de los socialistas se evidencia, además, en debate de los plazos de tramitación. Mientras el ministro de Hacienda había planteado que su meta era que el Senado despachara la megarreforma en junio, Alvarado planteó un nuevo horizonte en la medida que hubiera ánimo de conversar.
Las concesiones son otro factor que devela al menos “dos almas” en el Ejecutivo, el ánalisi del PS. Mientras el jefe económico ha sido renuente a ceder en los ejes centrales de la iniciativa, los ministros de La Moneda, incluyendo a Alvarado y al titular de a Secretaría General de la Presidencia, José García (RN), han tratado de mostrarse más flexibles para abrir negociaciones con legisladores del PS, el PPD y la DC.
No obstante, un punto que genera interpretaciones distintas en el PS es si Alvarado y Quiroz están actuando en forma coordinada (en una estrategia de negociación conocida como “policía bueno y policía malo”), o si da cuenta de una división al interior del gobierno de cómo tramitar el megaproyecto.
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