Los integrantes de la Comisión Asesora Presidencial Verdad y Niñez anunciaron su renuncia colectiva, acusando que no existen las condiciones mínimas para continuar con el trabajo encomendado por el Estado.

A través de una declaración pública, las y el comisionado señalaron que la decisión fue adoptada “con profundo pesar y sentido de responsabilidad”, tras semanas de diálogo con las autoridades, donde —afirman— presentaron propuestas, antecedentes técnicos y advertencias sobre los riesgos que enfrentaba la instancia.

Según indicaron, las decisiones adoptadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos han debilitado el funcionamiento de la comisión. Entre ellas, mencionaron la desarticulación del equipo profesional, cambios en el modelo territorial y el deterioro de las condiciones para la toma de testimonios.

“Las decisiones adoptadas (…) hacen inviable continuar en coherencia con dicho mandato”, sostuvieron.

La Comisión Verdad y Niñez fue creada con el objetivo de esclarecer vulneraciones a los derechos humanos sufridas por niños, niñas y adolescentes bajo custodia del Estado entre 1979 y 2024, en un proceso que busca reconocimiento y reparación para las víctimas.

En ese contexto, los ahora exintegrantes advirtieron que el trabajo de la comisión requiere condiciones específicas, especialmente para la recolección de testimonios. “La escucha no puede reducirse a un trámite. Exige confianza, continuidad, especialización y resguardo ético”, indicaron.

Asimismo, alertaron que lo que está en riesgo no es solo el funcionamiento de la instancia, sino también la confianza de las víctimas. “Hoy no está en juego solo una institucionalidad, sino la confianza de personas que, por primera vez, estaban dispuestas a hablar”, señalaron.

En la declaración también subrayaron que este proceso constituye una tarea de Estado, más allá de los gobiernos de turno, y que responde a estándares internacionales en materia de verdad, reparación y garantías de no repetición.

“Lo que hoy se debilita no es solo una Comisión, sino la respuesta del Estado frente a una deuda histórica”, afirmaron.

Los comisionados indicaron que su renuncia se hará efectiva el 15 de mayo, comprometiéndose a realizar una transición ordenada y a entregar los avances alcanzados para dar continuidad al proceso.

Finalmente, recalcaron que su decisión busca no validar medidas que, a su juicio, comprometen el mandato de la comisión. “Damos un paso al lado no para abandonar esta responsabilidad, sino para no avalar decisiones que la ponen en riesgo”, concluyeron.

La declaración fue firmada por la presidenta de la instancia, Soledad Larraín, junto a Matías Marchant, M. Estela Ortiz y Judith Schönsteiner.

Declaraciones desde el Ministerio

Desde el Ministerio de Justicia entregaron una versión distinta del conflicto y apuntaron a problemas de funcionamiento interno, bajo rendimiento en la toma de testimonios y a la necesidad de reformular el trabajo de la Comisión.

Según una fuente de la cartera, la instancia comenzó a funcionar en febrero del año pasado y durante los primeros seis meses se concentró en organizar el proceso de búsqueda. Posteriormente, se contrató a un equipo de 30 profesionales para contactar a personas que habrían sufrido vulneraciones de derechos fundamentales bajo custodia del Estado entre 1979 y 2024.

Sin embargo, desde Justicia sostienen extraoficialmente que los resultados fueron bajos. De acuerdo con los antecedentes entregados, hasta marzo de 2026 la Comisión había logrado recabar 233 testimonios, lo que, según la misma fuente, equivaldría a un promedio inferior a una persona contactada al mes por cada profesional.

En la cartera aseguran que ese desempeño hizo necesario intervenir y reformular el funcionamiento de la Comisión. En ese contexto, el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, habría presentado una serie de propuestas para mejorar la eficiencia del trabajo, entre ellas modificar el modelo de gestión y revisar el esquema de funcionamiento territorial.

Desde el ministerio también explican que se resolvió reducir parte del equipo profesional, manteniendo al menos un encargado por región, y que los comisionados continuarían bajo una modalidad ad honorem. Esa propuesta no habría sido aceptada por quienes finalmente decidieron renunciar.

Además, Justicia estaría pensando en designar a Pedro Natho como nuevo director ejecutivo de la Comisión Verdad y Niñez, quien asumirá el próximo 4 de mayo. Según la versión entregada por la cartera, su llegada busca fortalecer el mandato presidencial que creó la instancia y mejorar la eficacia del proceso.

Desde el ministerio recalcan que la reformulación no implica el cierre de la Comisión, sino un rediseño para dar continuidad al trabajo de escucha, análisis y reparación, en el marco de un proceso que mantiene carácter confidencial por la naturaleza de los testimonios recogidos.