A tres años de la entrada en vigencia de la Ley N° 21.565 de Reparación a Víctimas de Femicidio y sus Familias, según datos a los que accedió La Tercera, el Estado ha otorgado, a través del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), 221 pensiones a niños, niñas y adolescentes cuyas madres fueron víctimas de femicidio consumado o suicidio femicida.

Al respecto, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, destacó el alcance de esta política, señalando que “la violencia contra las mujeres no solo afecta a quienes la viven directamente, sino que también impacta profundamente a sus entornos y a sus familias. Esta normativa permite reparar, en parte, algo que es irreparable, entregando protección y mayor seguridad a niños, niñas y adolescentes”.

La secretaria de Estado enfatizó además que “como Gobierno, vamos a seguir trabajando con fuerza para prevenir la violencia contra las mujeres. Nuestro objetivo es claro: que ninguna mujer más tenga que vivir situaciones de violencia porque su seguridad es primordial”.

Cabe recordar que esta normativa establece un sistema de protección integral para hijos e hijas de víctimas de femicidio, contemplando además de una pensión mensual hasta los 18 años, que alcanza casi los 180 mil pesos, acceso preferente al sistema de protección social del Estado y fuero laboral por un año para mujeres sobrevivientes de femicidio frustrado o tentado.

De acuerdo con cifras reportadas al 30 de abril de este año, en Chile se registran 11 femicidios consumados y 89 femicidios frustrados. Asimismo, el SernamEG ha presentado, en el marco de la nueva Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, seis querellas de oficio contra femicidas, mecanismo que permite avanzar judicialmente sin requerir patrocinio de las familias de las víctimas.

Evitar revictimización

En paralelo, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género comprometió su patrocinio a un proyecto de ley impulsado transversalmente por parlamentarias de las comisiones de Mujer y Familia, que busca fortalecer la protección de víctimas de violencia intrafamiliar y evitar su revictimización durante los procesos judiciales.

La iniciativa incorpora medidas como la declaración por videoconferencia, horarios diferenciados y mayores resguardos para impedir el contacto entre víctimas y agresores en tribunales, buscando garantizar un acceso a la justicia más seguro y digno.

“Como Ministerio creemos que es fundamental avanzar en medidas concretas que permitan resguardar a las víctimas durante todo el proceso judicial, evitando nuevas exposiciones o situaciones que afecten su seguridad y bienestar. Este proyecto apunta precisamente a fortalecer esa protección y mejorar el acceso a la justicia para muchas mujeres”, señaló la ministra Judith Marín.