Este martes, el Senado continuó con la votación en particular de los artículos del proyecto Escuelas Protegidas, que establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa, concluyendo su tramitación y despachando la iniciativa a la Cámara de Diputados para su tercer trámite.

Ahora, el proyecto volverá a la Cámara Baja para la revisión de los cambios introducidos por la Comisión de Educación del Senado y respaldados por el pleno.

Aunque la expectativa de La Moneda era despachar la iniciativa el lunes, durante esa jornada solo se logró su aprobación en general y se dejó para la tarde de este martes la revisión del articulado, situación que podría generar que el proyecto no alcance a ser aprobado antes de la cuenta pública.

Uno de los primeros elementos que se votó fue la revisión de mochilas, parte del artículo 1 del proyecto de ley. La indicación esperaba agregar que la revisión fuese bajo una situación fundada, lo que fue apoyado por legisladores opositores como Yasna Provoste (DC) y Claudia Pascual (PC).

Sin embargo, finalmente esto fue rechazado por 18 votos a favor y 22 en contra, además de un pareo.

Posteriormente, se votó una indicación sobre el lugar de la revisión del estudiante y la inclusión de aclaraciones sobre la revisión especial.

Según detalló la ministra de Educación, María Paz Arzola, la modificación buscaba aclarar lo que es una revisión especial e individual, además de incorporar resguardos a esta instancia.

Así, finalmente fue aprobada de forma unánime por 39 votos.

Posteriormente se solicitó una modificación al apartado que permitiría la revisión de bolsillos de los estudiantes, la que fue llamada a ser votada en contra por la senadora Provoste, al considerarlo en una vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Al respecto, la modificación fue aprobada por 24 votos a favor y 15 votos en contra.

Con posterioridad, se revisó una indicación respecto de la presencia policial en casos en que un apoderado no asista al llamado por una revisión de un alumno.

La modificación, que evitaba redundar, por parte del senador Rojo Edwards, fue aprobada por 23 votos a favor, 14 en contra y una abstención, mientras que la petición de la senadora Beatriz Sánchez de suprimir este apartado fue rechazada por 17 votos a favor, 21 votos en contra y 1 pareo.

Otro elemento fue la edad de revisión de mochilas, en una indicación agregada por la senadora Sánchez, y que buscaba establecer la edad para esta acción sobre los mayores de 14 años. Esto terminó por ser rechazado por 15 votos y 19 votos en contra, además de 2 pareos.

También se votó la indicación que buscaba la no divulgación de elementos encontrados en cuadernos o libretas del estudiante cuando se realiza una revisión de mochilas, lo que fue rechazado por 19 votos a favor, 21 en contra y un pareo.

Otra indicación por parte de la legisladora frenteamplista fue incluir un inciso que permitiera a los docentes rechazar participar en la revisión de mochilas o bolsillos, que terminó por ser rechazado por 17 votos a favor, 21 en contra y un pareo.

En tanto, el liberal Vlado Morosevic solicitó, en votación separada, una indicación donde buscaba reemplazar el plazo para que los condenados no puedan acceder a la gratuidad universitaria, cambiando el plazo de cinco a tres años.

La propuesta fue rechazada por 11 votos a favor, 18 en contra y ninguna abstención.

Otra indicación de igual índole de Beatriz Sánchez, que buscaba eliminar el artículo con la sanción, fue rechazada con 16 votos a favor, 17 en contra y 5 pareos.

Reserva de constitucionalidad

Durante la discusión, la senadora Yasna Provoste (DC) solicitó a la mesa recalificar el quorum del artículo 2 del proyecto, que busca agregar un nuevo artículo 87 ter al Código Procesal Penal “por estimar que la disposición incide directamente sobre el ejercicio y limitación del derecho fundamental a la vida privada e intimidad protegida por el artículo 19 número 4 de la Constitución Política”.

Provoste estimaba que la medida incluía actuaciones policiales de revisión de efectos personales de estudiantes al interior de colegios, lo que vulneraría la Carta Magna.

“La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha sostenido reiteradamente que normas que habilitan registros personales, vigilancia, acceso a datos personales, revisión de comunicaciones, geolocalización, incautación de dispositivos, requieren habilitaciones legales estrictas y compatibles con el derecho a la intimidad”, señaló Provoste, quien señaló que este tipo de materias requieren aprobación mediante quorum calificado y no por simple mayoría.

El secretario de la mesa del Senado, explicó que dicha situación no fue discutida en las comisiones, por lo que se abrió la palabra al resto de senadores.

El senador Andrés Longton (RN), planteó que el primer antecedente para rechazar lo señalado por Provoste, es cómo votó la Cámara de Diputados, que lo hizo por mayoría simple.

“El segundo antecedente es el artículo 63 de la Constitución, que establece que son materias de ley, las codificaciones, es decir, los códigos y acá hablamos del Código Procesal Penal, por lo tanto, los códigos, en general, son aprobadas por mayoría simple”, recalcó.

La mesa, en ese momento presidida por el senador Iván Moreira, defendió que era una iniciativa de mayoría simple, lo que fue compartido por la secretaría.

Posteriormente, el senador Ignacio Urrutia, tomó la posta por la mesa directiva y trató de “chiquilla” a la senadora Provoste para argumentar su punto, tras lo cual fue llamado al orden y se solicitó su envío a la Comisión de Ética.

Tras la pugna, que incluyó la petición de lectura del Reglamento de la Cámara Alta, la senadora Provoste solicitó la reserva de constitucionalidad de la norma, a lo que se sumó Beatriz Sánchez (FA) y Claudia Pascual (PC).

Con todo, la disputa terminó con la inclusión de un nuevo artículo 87 ter al Código Procesal Penal, aprobado por 24 votos, 17 en contra y dos pareos.

Discusión previa

La senadora Ximena Órdenes (Ind. PPD) criticó el proyecto de ley al considerar que “instala una lógica de sospecha permanente dentro de las escuelas, normaliza la revisión de mochilas, pertenencias y bolsillos de estudiantes, e incorpora intervención policial sin orden previa del fiscal”.

Además de esto, la parlamentaria también mostró sus dudas respecto al personal que sería responsable de la revisión de mochilas: “¿Quién autorizará a este personal? ¿Qué institución u órgano capacitará? ¿Sobre qué materias o aspectos se capacitará? Nada de esto lo resuelve el proyecto".

Por su parte, Danisa Astudillo (PS) enfatizó que apoyaría la votación separada de las iniciativas que considera “mejoren el proyecto”.

Para la legisladora, la iniciativa “replica un modelo que ya fracasó, que trata a los estudiantes como sospechosos, que excluye en vez de integrar y que encima no trae un solo peso adicional”.

En el oficialismo, Javier Macaya (UDI) dio su apoyo al texto legal, ya que “la primera preocupación del Estado tiene que estar puesta en las víctimas, en los alumnos que quieren estudiar, en los profesores que quieren enseñar y en las familias que esperan que el colegio sea un espacio seguro y en una zona de conflicto permanente”.

“Desde esa perspectiva, este proyecto no significa renunciar ni a la reinserción, ni al apoyo psicológico, ni al acompañamiento. Y creo que es una buena demostración lo que muestran las cifras de asistencia escolar en estos meses, desde la perspectiva de que esa mirada sigue importando, pero sí significa también entender que la autoridad, los límites y las sanciones también cumplen un rol esencial en una sociedad democrática”, añadió.

Por el Partido Comunista, la senadora Karol Cariola criticó que “la respuesta de los legisladores no puede ser improvisada ni efectista. No puede convertir la legitima preocupación por la convivencia escolar, en una política de sospecha y criminalización de niños y adolescentes”.

“Cuando un estudiante llega a un colegio con un arma blanca o con drogas, ya llegamos tarde”, planteó Cariola, quien calificó como una “forma de control” la revisión de pertenencias a los estudiantes.