El anuncio del Presidente Gabriel Boric, el lunes 3 de noviembre, de que Punta Peuco dejará de ser un penal especial tras la toma de razón del decreto que lo integra al sistema penitenciario común, cayó como una bomba en Tiltil. La posibilidad de que el recinto reciba nuevas tipologías de reclusos y aumente su capacidad generó, de inmediato, tensión en una comuna que dice no tener infraestructura ni recursos para absorber ese impacto. Esa misma semana, decenas de vecinos levantaron barricadas e interrumpieron el tránsito en la Ruta 5 Norte para protestar por la medida.

En paralelo a las quejas, la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Tiltil detectó una serie de irregularidades en el penal, lo que elevó aun más la tensión local. Para el municipio se trata de evidencias de deterioro estructural en un recinto que, pese a sus falencias, está en proceso de expansión para sumar 32 plazas adicionales.

Alejandro Lara, director de la DOM, explica que la investigación comenzó tras alertas de vecinos sobre malos olores y movimientos inusuales. Tras una inspección constataron que “había un estero seco frente al penal donde se estaban depositando aguas servidas sin tratamiento. Las fotos y videos son elocuentes”, dice. Según detalla, la planta de tratamiento está en desuso y opera deficientemente. “Denunciamos de inmediato a la Seremi de Salud, a la DGA y también hicimos una presentación ambiental”, añade. El oficio se envió formalmente el 7 de noviembre.

El equipo municipal también detectó que el pozo que abastece de agua al penal entrega menos de un litro por segundo, obligando a Gendarmería a recurrir a camiones aljibe diariamente. Además, identificaron una ampliación en curso “sin permisos de la Seremi de Salud ni informe favorable del Minvu”. A esto se sumó otro hallazgo: el retiro de cubiertas de asbesto-cemento por parte de funcionarios, sin autorización ni protocolos.

La Seremi de Salud se presentó el 20 de noviembre en la zona para constatar la situación de alcantarillado y aguas servidas. En el informe al cual La Tercera tuvo acceso se detalla: “Punta Peuco cuenta con sistema de aguas servidas y agua potable particular sin resolución sanitaria otorgada por esta Seremi de Salud”, mientras que la planta elevadora de aguas servidas se encuentra “sin mantención”.

Toda la información fue enviada a Contraloría, que según el municipio advirtió a los ministerios de Justicia y Vivienda para referirse al respecto. En paralelo, la DOM de Tiltil envió oficios a otras carteras alertando de la situación, como la propia Salud y Medio Ambiente.

“Gendarmería nos dijo que todo está malo: alcantarillado, electricidad, agua, cubiertas. No hay recursos”, asegura Lara, quien explica que la DOM está preparando un consolidado con más de nueve oficios y documentación técnica.

En el sector Punta de Peuco viven cerca de 500 personas y, según cuentan, nunca fueron informadas del cambio. “Nos enteramos ese mismo día por la prensa”, relata la dirigenta vecinal del sector Grace González, quien afirma que lo que más inquieta a la comunidad es “repetir el caso de Colina”.

“Era un pueblo tranquilo y cuando llegaron las cárceles no hubo contención de las familias de los reos. Se formaron poblaciones, tomas, terrenos ocupados, y ahora hay zonas donde no se puede entrar”. Ella representa al sector Punta de Peuco, en el cual viven unas 120 familias.

A su juicio, el crecimiento desordenado de asentamientos vinculados a la presencia de cárceles “terminó generando tomas, aumento de delitos y pérdida de control territorial. Ese es el miedo que tenemos acá”.

Protestas

La ubicación del recinto penal intensifica la alarma. Y es que Punta Peuco se encuentra cerca de la Ruta 5, frente a viviendas, muy cerca de un centro del Sename y a unos tres kilómetros de otros sectores habitados. “Nosotros no estamos a kilómetros, estaremos a 500 metros”, subraya González. Ella misma enumera hechos que, asegura, ya afectan al sector: fuegos artificiales nocturnos provenientes del centro penitenciario juvenil, lanzamientos de droga y teléfonos al interior a través del estero seco, y un alza de delitos violentos en los caminos interiores. “Hemos tenido tres o cuatro encerronas”, advierte. Eso, cree, podría intensificarse.

La comunidad insiste en que no se trata de una protesta partidista. “Con el penal especial nunca tuvimos problemas porque las visitas eran distintas. El riesgo está en los nuevos reclusos y en las familias que podrían instalarse”, señala González.

Desde el municipio comparten la preocupación. Tiltil es una comuna con recursos acotados, recién incorporó un equipo de seguridad pública hace tres meses y asevera que cuenta con apenas cuatro carabineros desplegados por día.

Según relatan en la interna, lo que inquieta es el tipo de reclusos que podrían llegar, especialmente si son jóvenes o de alta peligrosidad, sumado a que las familias de reclusos puedan instalarse en la zona, a diferencia del Sename, donde hay poca visita. El pasado 13 de noviembre ingresó al centro penitenciario el primer interno condenado por un delito común. Se trató de un hombre de 75 años que cumple condena por violación de menor de 14 años.

El alcalde César Mena (ind. Rep.) solicitó una reunión con el ministro de Seguridad para abordar los efectos del decreto, pero, según afirman en el municipio, aún no recibe respuesta.

La cárcel

Punta Peuco fue creada en 1995, durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, para recibir a Manuel Contreras y Pedro Espinoza, condenados por el asesinato de Orlando Letelier. Con los años se convirtió en el principal penal para sentenciados por crímenes de la dictadura. Su condición de recinto especial ha sido objeto de debate político durante décadas.

El gobierno sostiene que el nuevo decreto “termina con un trato diferenciado y refuerza la igualdad ante la ley”, y ha proyectado obras de adecuación que deberían finalizar en febrero de 2026.

“Queremos evitar perder más territorio con cárceles y otras externalidades negativas. A nosotros nadie nos preguntó nada”, sentencia González.