Con fecha 9 de abril un oficio firmado por Paulina Retamales, directora ejecutiva del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santiago Centro, llegó a los 43 directores de los establecimientos del cual es sostenedora, incluyendo todos los liceos emblemáticos capitalinos. En el escrito la máxima autoridad del SLEP pide a las autoridades educativas abordar la publicación de la Ley N° 21.809 sobre convivencia escolar, que en su artículo 10 permite que los colegios puedan implementar recursos tecnológicos como detectores de metales.

En tal sentido, en el oficio se recuerda a los directores que la medida se puede adoptar si es que hay elementos para pensar que se puede poner en riesgo la vida o la integridad física de las personas, aunque con razones fundadas y el acuerdo de la comunidad educativa.

Del mismo modo, la ley exige que en caso de adoptarse dicha medida se debe elaborar un protocolo interno.

“Lo anteriormente señalado implica que el Servicio debe planificar con antelación los aspectos presupuestarios y administrativos necesarios para una eventual implementación, incluyendo la gestión de recursos, procesos de licitación y compra, suscripción de convenios y apoyo en la elaboración de los protocolos correspondientes, en coordinación con los ministerios competentes”, se lee.

Para esto, Retamales le pide a cada director de establecimiento presentar una propuesta que detalle la forma en que se hará la consulta a sus respectivas comunidades educativas.

Para esto, se pide un diagnóstico con información sobre hechos de violencia o riesgo y percepción de seguridad de la comunidad; revisión de reglamento interno y protocolos de convivencia escolar; recopilar antecedentes fundados; y entregar un informe de diagnóstico con evidencias y riesgos identificados.

Además, un trabajo de información y sensibilización con la comunidad para explicar lo que indica la normativa y lo que implica el uso de tecnologías; y las posibilidades de elección.

Por otra parte, también decidir la propuesta que se utilizará para deliberar, considerando a todos los estamentos de la comunidad educativa. Finalmente, formalizar la decisión con acta del Consejo Escolar o acuerdo de la comunidad educativa.

Así, el oficio detalla que las propuestas presentadas por cada establecimiento serán revisadas por el SLEP y luego analizadas en conjunto con cada director para evaluar su viabilidad. “Una vez aprobadas, podrán avanzar a la etapa de implementación”, se añade.

Y así, considerando que la entrada en vigencia de la ley está prevista para el 1 de julio, a los directores se les pide enviar la información solicitada a más tardar el viernes 15 de mayo.

“Con este proceso, el SLEP Santiago Centro busca fortalecer entornos educativos seguros, promoviendo decisiones informadas, participativas y respetuosas de los derechos de toda la comunidad escolar”, señala Retamales.