Para este lunes está programado el inicio del proceso de demolición de la toma Calicheros de Quilpué, en la Región de Valparaíso, emplazada en un terreno perteneciente al fallecido empresario Alejandro Correa, asesinado en 2020 por encargo de un sujeto que previamente había sido denunciado por la ocupación ilegal del espacio.

Fueron alrededor de cinco las reuniones en que las entidades involucradas coordinaron los trabajos, y aunque aún hay una serie de familias que se resisten a dejar el lugar, el delegado presidencial regional, Yanino Riquelme, confirmó este domingo que las labores se activarán.

“Mañana se inicia este proceso, primero con los operativos sociales y con los equipos de migración de la PDI, para verificar la situación migratoria de los habitantes. También tenemos definido, en conjunto con el municipio y el resto de las instituciones, los albergues para las personas”, aseguró la autoridad, junto con sostener que la demolición propiamente tal empezará el día martes.

Para esto, como manifestaron fuentes conocedoras del proceso, igualmente se dispuso un despliegue preventivo de Carabineros, ante la posibilidad de que ocurran situaciones que requieran de su intervención. Esto, considerando que parte de quienes residen en el lugar han recalcado que no se moverán de la zona.

Pese a esa postura, hay otro grupo que se ha acercado al municipio a requerir asistencia, pues no cuentan con redes de apoyo que les permitan reubicarse. Así, tras respectivos empadronamientos, se dispondrá de un albergue donde podrán permanecer por hasta 72 horas, como aseguró la alcaldesa, Carolina Corti (RN).

La jefa comunal, asimismo, manifestó que habrá un trabajo especialmente enfocado en la situación de niños, niñas y adolescentes, y adultos mayores, y que también hay coordinaciones para el traslado y protección de mascotas. Igualmente, dijo, se hicieron coordinaciones a través de la dirección de Salud de la municipalidad para la asistencia de personas que lo requieran.

Consultada por la planificación y coordinaciones con el Ejecutivo, en todo caso, Corti lamentó que esto se diera sólo con un mes de antelación, aunque insistió en que velarán por el restablecimiento del Estado de derecho.

“Yo habría partido hace varios meses haciendo un trabajo social en ese lugar, para tratar de llegar a una demolición con desalojo de la manera más responsable posible y no trabajando con premura un mes antes. Pero eso ya es decisión de ellos, del mandante, o sea, del Serviu, de la Seremi, del gobierno”, sostuvo.

La resistencia

Aunque las autoridades ya dan por hecho que este el lunes se iniciará todo el proceso, familias que habitan en el terreno y que no quieren dejar el lugar, no ceden.

Fue por esa razón que el pasado 24 de septiembre -mismo día que el Minvu adjudicó la licitación a la empresa que realizará la demolición- ingresaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Ahí, adicionalmente, presentaron una orden de no innovar con miras a paralizar todo hasta que se resolviera la acción.

Y si bien dicha solicitud fue rechazada dos días después por la Segunda Sala del tribunal de alzada, por intermedio de su abogado, Rodrigo Valdés, ayer sábado 27 presentaron una reposición, insistiendo en que no hay una planificación adecuada de la demolición que garantice la integridad de los habitantes de la toma, pues esta, dicen, no implica el desalojo de las personas.

“La orden de demolición, de acuerdo con los antecedentes acompañados, no comprenden la de desalojar, por cuanto los criterios y formalidades deben asegurar el respeto de los derechos de los ocupantes más aun tratándose de personas que componen un asentamiento precario. Las autoridades han señalado en medios de prensa que la demolición con desalojo se efectuará el lunes 29 de septiembre, en dos días, a pesar de ser de público conocimiento la interposición de la protección y haberse comunicado directamente a las autoridades la resolución que acoge a tramitación la acción”, se lee en el escrito.

Asimismo, el abogado hizo presente que “las personas que habitan en el lugar lo hacen en el contexto de un campamento y su desalojo debe cumplir con criterios mínimos, no debiendo utilizarse la figura de la demolición con este objetivo sin antes otorgar el debido resguardo que nuestra institucionalidad asegura”.

De no ser acogida la reposición, Valdés pidió tener por interpuesta la respectiva apelación. Si se acoge, en cambio, todo deberá detenerse hasta la revisión del fondo del recurso.