“Ante cualquier información o procedimiento policial con este individuo, comunicarse en forma inmediata al fono emergencias de Carabineros o al Departamento de Investigación de Organizaciones Criminales OS-9. Extremar medidas de seguridad ante eventual fiscalización”.

Esa es la alerta que durante la jornada de este martes comenzó a difundir Carabineros respecto de Osmar Alexander Ferrer Ramírez, imputado de nacionalidad venezolana investigado por el homicidio calificado del comerciante José Felipe Reyes Ossa (43), más conocido como “El Rey de Meiggs”.

Pese a que Ferrer fue detenido y formalizado el miércoles 9 de julio, la prisión preventiva que decretó la jueza del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, Irene Rodríguez, su paso por la cárcel no duró nada. Luego de la audiencia, en poco más de 24 horas fue puesto en libertad. Esto, producto del enredo que se produjo tras la dictación de una orden con errores de identificación y el presunto extravío de otro documento.

Cuando se destapó el caso, el escándalo creció como la espuma. Los cuestionamientos llegaron directamente contra la magistrada Rodríguez, pero también contra los gendarmes que liberaron al imputado. Incluso el asunto escaló al mundo político. La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, pidió convocar al Cosena y el presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), afirmó: “Yo creo que algo le hicieron a la jueza”

Las decisiones

La audiencia de formalización del imputado se realizó entre las 16.26 y las 20.13 horas del miércoles 9 de julio. Ahí el fiscal de la zona Occidente Sergio Soto lo formalizó junto a Yonder Emilio Blanco Veliz y Neomar Andrés Arismendi Duarte, también venezolanos, por homicidio calificado, robo con intimidación y posesión, tenencia o porte de arma.

En esa audiencia la magistrada Rodríguez accedió a la petición del Ministerio Público y decretó la prisión preventiva para los tres imputados, ordenando su ingreso a la cárcel Santiago 1.

La orden que zanjaba la disposición, según informaron desde el Poder Judicial, se firmó a las 20.17 horas de ese mismo miércoles. Sin embargo, tras alertar un problema con “la identificación del imputado”, ocho minutos después, a las 20.25, se firmó una nueva resolución que dejó sin efecto la primera. Fue ahí cuando partió el escándalo que derivó en que Ferrer quedara en libertad durante la tarde del jueves 10 de julio.

Solo tres minutos más tarde, a las 20.28, el tribunal emitió un tercer documento. Esa resolución ahora venía sin errores en la identificación del imputado y ratificaba el ingreso del imputado a prisión preventiva. Quienes han sabido del caso, comentan que esta sería la resolución que, aparentemente, no llegó a manos de Gendarmería.

¿Por qué no llegó a la institución penitenciaria o no fue advertido por los funcionarios? Eso es lo que se intenta despejar, pues desde el Poder Judicial insisten en que las distintas órdenes que despachó la jueza fueron remitidas por correo electrónico a Gendarmería a las 12.11 y a las 14.13 horas del jueves 10 de julio.

Ferrer, quien estaba en situación migratoria irregular, salió de la cárcel ese jueves y hasta ahora se mantiene inubicable.

Alarmas y reuniones de emergencia

La primera hipótesis que se pensó que podría explicar esta negligencia fue que los sistemas informáticos del Poder Judicial o Gendarmería habían sido vulnerados. Sin embargo, durante la mañana dicha situación fue descartada por ambas instituciones. Todas las resoluciones son oficiales y llevan las firmas correspondientes.

“Gendarmería ha descartado que esto hubiese sido un hackeo y que por lo tanto recibió una resolución que en opinión de Gendarmería está válidamente emitida a través de los canales regulares”, dijo el ministro de Seguridad, Luis Cordero, durante la mañana en entrevista con Radio Pauta.

La gravedad de lo ocurrido golpeó directamente al Poder Judicial. Esa fue la razón por la cual la presidenta (s) de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, se puso en contacto, la noche del lunes, con el fiscal nacional, Ángel Valencia, y el ministro de Justicia, Jaime Gajardo (PC).

Tras la serie de contactos iniciales, desde el Ministerio Público se informó que el fiscal regional Occidente, Marcos Pastén, lideraría la indagación para esclarecer lo ocurrido, ya que por ahora no se ha descartado una eventual injerencia del crimen organizado. Además, durante la mañana de este martes la Corte de Apelaciones de Santiago comunicó la apertura de un sumario en contra de la jueza Rodríguez.

“Lo que hemos dispuesto es conformar una fuerza de tarea para la investigación de este grave hecho. Me refiero a la evasión del detenido. Es una situación que tenemos que vincular a los procesos administrativos desde el tribunal hacia Gendarmería, sin descartar ninguna hipótesis”, dijo el fiscal Pastén. El persecutor ya ordenó las primeras diligencias y llegó hasta el tribunal para incautar documentos y dispositivos.

Pese a todo, la jueza ha defendido su actuar. “Está recién empezando una investigación y no voy a hablar respecto de lo que pasó. Solamente puedo decir que no hubo ni un dolo, ni una corrupción, ni nada en el Poder Judicial. Nada, es lo único que les puedo decir y me declaro inocente en ese sentido”, aseguró la jueza en conversación con 24 Horas.

“Yo decreté las tres prisiones preventivas, mandé las órdenes de ingreso esa misma tarde a Gendarmería. Lo demás hay que ver qué es lo que pasó ya que es objeto de investigación. Pero las tres órdenes de ingreso a Santiago 1 después de la audiencia que hice fueron firmadas por mí y fueron remitidas a Gendarmería. Y se dejó constancia en la historia de la causa que Gendarmería recibió las tres órdenes de ingreso correspondientes y se las llevó esa noche”, agregó.

A eso de las 11 horas, adicionalmente, Gajardo y Valencia llegaron hasta la Corte Suprema para reunirse con Chevesich y abordar el tema. En esa cita se definió que convocarán a una mesa técnica con miras a prevenir casos futuros.

“Para abordar la situación concreta que ocurrió en este caso y también para evitar futuros hechos similares, se dispuso conformar una instancia técnica con el Ministerio de Justicia, el fiscal nacional y el Poder Judicial. Hasta este momento, se han adoptado todas las medidas necesarias para evitar que ocurran estos hechos, tal vez un doble control, marcar las causas que dicen relación con el crimen organizado”, afirmó Chevesich.

Por su parte, el titular de Justicia manifestó que lo sucedido “son hechos que no pueden ocurrir en nuestro sistema de justicia y por lo mismo tienen que investigarse y definir si hay faltas administrativas y eventualmente también si hay comisión de algún ilícito penal”.

Gajardo también agregó que “ya se han dispuesto las investigaciones tanto administrativas como penales” y además dijo que van a “formar una instancia de trabajo que nos permita enfrentar el desafío que es de comunicación entre los distintos órganos para que se tomen todas las medidas en los casos de crimen organizado y podamos tener mejores medidas de control”.