El Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) tiene su debut operativo este primero de febrero, tras 13 años de tramitación legislativa, que se extendieron en los últimos cinco gobiernos. Entre sus propósitos está evitar la dispersión institucional, con la consolidación del patrimonio natural chileno en un solo organismo, además de gestionar las áreas protegidas y desarrollar cerca de 30 instrumentos de conservación para proteger la biodiversidad.

Este servicio, bajo la dirección del exdirector ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Aarón Cavieres, considera la optimización de recursos y competencias superpuestas, ya que asume labores que recaían -o recaen, porque el proceso de implementación sigue en curso -en cinco ministerios, que antes debían coordinarse entre sí: Agricultura, Culturas, Economía, Bienes Nacionales y Medio Ambiente.

SBAP unifica la administración de las áreas protegidas, que son espacios delimitados de preservación y conservación de la biodiversidad y del patrimonio natural y cultural. La tarea de proteger estos ecosistemas será ejecutada por el nuevo Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).

Es entonces que alrededor de 62 millones de hectáreas pasan a SNAP desde el 1 de febrero, con la inclusión de las categorías región virgen, parque nacional, monumento natural, reserva nacional, áreas de conservación de múltiples usos y áreas de conservación de pueblos indígenas.

En el pasado 2025, surgieron críticas desde los sectores inmobiliarios y mineros al Ministerio de Medio Ambiente (MMA), frente a la consulta ciudadana que realizaron para proteger por ley 99 sitios prioritarios, que son sitios con alto valor ecológico, diferentes a las áreas protegidas. Los opositores al proceso destacaron, entre otros elementos, la falta de un reglamento establecido para definir estas áreas y las 273 instalaciones mineras insertas en ellos.

SNAP va a supervisar los santuarios e iniciativas de conservación privadas con un proceso de homologación: donde se verificará que formen parte de alguna categoría de área protegida y luego pasarán a ser parte del sistema. El procedimiento es voluntario por los próximos 5 años.

Una vez que las áreas protegidas privadas llegan a integrar el sistema, su administración y manejo recae de igual forma en manos de los propietarios, pero será supervisada por el servicio, que también entregará apoyo técnico y contará con la facultad de ingresar a los terrenos para labores de inspección.

Además, el SBAP incorporará un procedimiento sancionatorio y labores de fiscalización, con denuncias por escrito o con oficios, mediante programas anuales de revisión.

Es en esa dirección que trabajarán con servicios públicos y órganos estatales, como la Conaf y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), con comités de asesores científicos, académicos y actores de conservación no gubernamentales, además de considerar al mundo productivo y la ciudadanía.