El viernes 25 de julio fue el primero de seis días casi idénticos para los liceos emblemáticos de Santiago: amanecen tomados por estudiantes y avanzado el día son desalojados por Carabineros. La tónica se ha repetido en el que se supone es el primer test en serio para un alcalde Mario Desbordes (RN) que llegó prometiendo mano dura.

La instrucción de desalojo, según revelan entendidos en el municipio santiaguino, es inmediata. “Pero son tomas raras, cuando Carabineros llega ya no hay gente”, reseñan las mismas fuentes.

La hipótesis que ronda en las dependencias municipales es que las manifestaciones son por temas políticos, al no estar los alumnos de acuerdo con la mirada del alcalde, ejemplificando que no se vieron acciones coordinadas así entre liceos en la administración de Irací Hassler (PC).

Los recintos con tomas son el Instituto Nacional y los liceos Barros Borgoño, Aplicación, Isaura Dinator, 1 y Confederación Suiza.

Y si bien casi todos los centros de estudiantes tienen petitorios que apuntan a problemas que se arrastran hace años, como infraestructura, lo cierto es que lo que gatilló el actual conflicto tiene que ver con la decisión de Desbordes de explicitar -cuando amerite- el uso obligatorio de Aula Segura en los Reglamentos Internos de Convivencia Escolar (RICE), siendo que estos son elaborados por las propias comunidades escolares.

El descontento con la idea se deja ver, por ejemplo, en el petitorio del Aplicación: “Rechazamos tajantemente la incorporación al RICE de la Ley Aula Segura (21.128) como otra medida represiva para los estudiantes”. Los mismos alumnos hicieron ver el disgusto explícito con esa posibilidad el 24 de julio, día que llegaron hasta el municipio exigiendo reunirse con el edil, cosa que, según comentan en el entorno de la administración, no ocurrió por la agenda del alcalde. Los representantes estudiantiles criticaron no haber sido recibidos y en medio de algunas acciones violentas acusaron que Desbordes no quería conversar. Al día siguiente comenzaron las tomas.

Pero desde el entorno de la administración municipal descartan que Desbordes -o quienes trabajan con él- no quieran conversar. Dicen que ese 24 de julio los alumnos no llevaban petitorios, los que recién se conocieron el lunes de esta semana, al segundo día de tomas.

Pilar Sazo, directora de Educación Municipal, señala que desde su repartición “hemos respondido siempre a las solicitudes que nos han llegado”, y que lo vivido ese 24 de julio “no se condice con la forma en que hemos trabajado con las comunidades escolares”. Agrega que pese a ello y “ante la necesidad de asegurar el servicio educativo y, entonces, terminar con las tomas, nos reunimos con los centros de estudiantes el lunes, recibimos sus petitorios y nos comprometimos a responder el viernes de esta misma semana. Esto demuestra que la voluntad nuestra está”.

Esa conversación es la que se dio ayer (con liceos tomados en paralelo), hasta donde llegaron los representantes de los establecimientos en toma. Según conocedores de la cita, esta no se dio en buenos términos y habría terminado incluso con improperios y menores llorando. Pero antes de eso el municipio había planteado lo que podía y no podía hacer. Dentro de esto último, por ejemplo, no poder dar los profesores extras que exigen los estudiantes, toda vez que por ley está prohibido que las comunas que están próximas a ser traspasadas a un SLEP -Santiago lo hará el 1 de enero- agranden su dotación educativa.

A esta cita, dicen en las entrañas de Santiago, habían sido invitados la directora ejecutiva del futuro SLEP Santiago Centro, la Dirección de Educación Pública (DEP) y la Secretaría Regional Ministerial de Educación. Según las mismas fuentes, sólo llegó el jefe de gabinete de la seremi, mientras que la directora del SLEP se excusó por una jornada de planificación ya programada, y desde la DEP confirmaron y no llegaron, algo que descartan en esta última. Como sea, lo cierto es que en el municipio creen firmemente que las autoridades educativas miran que este es un problema del sostenedor, y como tal, y hasta que lo siga siendo, tiene que resolverlo.

Pero la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, asegura que el Mineduc, a través de sus representantes regionales y provinciales, ha querido colaborar. Reflejo de eso es que ella misma conversó con Desbordes “para ponernos a disposición de apoyar, y como este municipio se traspasa el próximo año, articular con la DEP. La conversación fue para manifestar que podemos apoyar y que se puedan abordar temas dialogando, pero que no se interrumpa el proceso educativo”.

“Lo hemos conversado con el delegado presidencial (Gonzalo Durán): es importante hacer cumplir el Estado de Derecho. Si hay toma y el sostenedor solicita auxilio de fuerza pública es necesario resguardar el derecho a la educación. Quisiéramos que se instale una mesa, que no haya desalojos y sí conversación, pero es facultad de los sostenedores pedir esta ayuda”, ahonda Arratia.

La cartera, básicamente, se ofreció para participar de las reuniones que se requieran, además de tratar de responder a los requerimientos de infraestructura de los estudiantes. “Uno podría desarrollar proyectos con la municipalidad y luego se pueden trabajar desde el SLEP, pero esos procesos toman tiempo”, dice.

Con eso como contexto, la subsecretaria recuerda que una de las medidas que podrían destrabar el conflicto es el proyecto de recuperación de liceos emblemáticos comprometido en el Congreso en medio de la última discusión presupuestaria. “Es un plan robusto que busca revitalizar esos recintos”, dice.

En la vereda de los estudiantes, eso sí, creen que como Desbordes dejará de ser sostenedor en cinco meses, poco tiene que perder. Y que por eso tiene una actitud a la ofensiva. Pero en el entorno del edil lo descartan de plano -en privado- así: el alcalde seguirá por tres años, y lo que pase en los liceos les afectará siempre a los vecinos, muchos de los cuales son estudiantes de los mismos establecimientos. Y que por eso siempre va a desalojar para intentar asegurar el servicio educativo.

“Nuestra postura en todo momento ha sido cuestionar lo ético de esto (...). Le solicitamos que pueda respetar las legítimas movilizaciones que tenemos como comunidades estudiantiles a lo largo de muchísimos años”, dijo hace unos días Matías Valdés, presidente del Centro de Estudiantes del Instituto Nacional, en Instagram.

Y aunque en el municipio creen que las movilizaciones no tienen demasiado respaldo, sí confiesan algo: el temor a que esto escale es real. “No lo podemos descartar”, murmullan en sus dependencia.