Zoom a las causas y tiempos del Poder Judicial: juicios por homicidios registraron un alza de un 16% en un año

El 29 de marzo de 2022 se llevó a cabo uno de los primeros juicios por homicidio del año pasado en un Tribunal Oral en lo Penal (TOP). La audiencia, en Arica, tenía por objetivo comenzar el proceso de juzgamiento de una persona -en una causa reservada- que había asesinado a otra. Los juicios por este tipo de delito, según cifras del Poder Judicial, aumentaron durante 2022. Pero no es el único tipo de causas que varía durante el último año en la justicia.

En números del Poder Judicial, durante 2022 ingresaron 11.461 causas a los TOP, tribunales que tienen como función principal juzgar y dictar sentencia a un imputado, o en caso contrario, absolverlo. El número de ingresos revela un aumento de un 12,8% respecto del año pasado, cuando ingresaron 10.156 causas, aunque es inferior a las 12.382 que hubo el 2019 (ver infografía).

El delito por el que más causas ingresaron a un TOP, es decir, que llegaron a juicio, fue por microtráfico, seguido del tráfico ilícito de drogas. Si bien durante los últimos años estas son las causas que lideran el número de juicios, existen algunas variaciones en otras materias. Una de ellas son los homicidios, los que aumentaron un 16% respecto del año anterior.

Para la abogada penalista y académica de la PUC Paula Vial, esta situación tiene dos lecturas, la primera es que efectivamente se trata de un delito que está en aumento, aunque también cree que esto demuestra “cierta eficiencia de persecución del sistema”. Según Vial, el hecho de que puedan llegar a juicio oral “quiere decir que se conoce o se cree conocer quién es el autor (del delito) y se posibilita entonces su juzgamiento, que es el óptimo en el sistema”.

A juicio de la directora de Derecho Penal de la UDP, Alejandra Castillo Ara, las cifras no muestran un cambio muy radical respecto de este delito, y podría deberse a la variación normal de cifras delictivas, por lo que habría que analizarlo con los años. Además, advierte que “puede que hayan ingresado más causas, pero que hayan tenido más absoluciones. Esto no da cuenta necesariamente de un alza criminal de este delito necesariamente”.

Donde también existe un aumento es en los delitos de abuso sexual. Durante 2022 se ingresaron 1.094 causas, un 20% más respecto del año anterior. Aquello, a juicio de Castillo Ara, “puede deberse, sin tener el detalle, a un mayor incentivo de denuncias a través de los movimientos sociales recientes”.

Sin embargo, sí hay otros delitos que disminuyen, como es el caso del de posesión y porte de arma de fuego. Además de eso, hay otros, como los juicios por robo con intimidación, que, si bien son más que el año pasado, aún siguen por debajo de lo que ocurría antes de la pandemia.

En el resto de tribunales que participan en otras instancias o revisan otras materias también hay cambios. En los juzgados de garantía durante 2022 ingresaron 459.165 causas, 88 mil menos que en 2021. Sin embargo, existe un cambio importante respecto de las causas que más se tramitaron, ya que desde 2020 en adelante se revisaron causas de delitos y faltas de tipo sanitarias.

El coordinador del Centro de Justicia y Sociedad, Udla Figueroa, cree que este tipo de causas generaron un “recalentamiento del sistema penal”, debido a “la decisión de perseguir penalmente las infracciones sanitarias, y cuya eficacia es bastante discutible, lo que podría explicar, junto a otros factores, el incremento de 168 días en promedio en la investigación y juzgamiento de los casos penales”.

Figueroa apuntó a lo que los abogados consultados más destacan del año pasado en cuanto a lo visto por la justicia, los tiempos de tramitación de una causa. Y es que si una causa penal durante 2019 tomaba 227 días en promedio, tres años después llega a los 395.

Para Rosa Fernanda Gómez, profesora de derecho administrativo en la Universidad de los Andes y senior counsel de Guerrero Olivos, lo más preocupante radica en los tribunales de materia civil, donde se pasó de 1.685.290 causas que ingresaron en 2019, y que tenían un tiempo de tramitación de 80 días, a 891.173 causas que tomaron 321 días promedio en ser vistas en 2022, cuadruplicando el tiempo. A su juicio, “este fenómeno se puede explicar, en parte, por la suspensión de los plazos procesales durante la crisis sanitaria”.

Castillo Ara, por su parte, apunta a varios factores que pueden incidir, como es el caso de las dificultades para investigar y la presentación de recursos que se interponen durante una causa. Sin embargo, agrega, también podría deberse a que la pandemia y el estallido social hayan derivado en un déficit de personal administrativo.

En los tribunales de familia, en cambio, si bien no existe gran variación respecto de los tiempos de tramitación, sí lo hay en las causas. Esto, porque si el 2019 la mayor cantidad de causas que eran vistas por este tribunal eran por “vulneración de derechos”, ahora lo son las causas de “alimentos”. Según las expertas consultadas, aquello estaría relacionado con los retiros de fondos de pensiones.

Respecto de las causas laborales, el número de ingreso de causas tiende a la baja, si en 2019 fueron 82.336 causas, en 2022 llegaron a 73.904. Sin embargo, el tiempo de tramitación aquí también aumenta.

Que existan juicios tan largos, señala la abogada Vial, afecta “claramente la garantía de ser juzgado en tiempo oportuno, pero, además, la extensión de los juicios hace que las pretensiones o las posibilidades de que haya justicia van disminuyendo o afectando gravemente”, para lo que cita el caso del juicio de SQM, que ha sido visto por la justicia durante ocho años.

La Corte Suprema es otra de las instancias en las que existe una gran variación. Si en 2019 se ingresaron 41.327 causas, el año pasado esta cifra ascendió a 171.875. Siendo la mayoría de ellas (155.767) recursos de protección.

Juan Francisco Sánchez, especialista en derecho público y asociado de Correa Squella, explica que “la mayor cantidad de trabajo de la Corte Suprema lo concentra la Tercera Sala, a la cual le corresponde revisar fallos de las causas que involucran al Estado y todos los recursos de protección”. El abogado describe como un “incremento exponencial” la cantidad de recursos que revisó el máximo tribunal el último año: “En 2022 el trabajo de la Corte Suprema se incrementó en cuatro veces respecto de 2019″, asegura.

En la Suprema, el tiempo de revisar un recurso no ha sufrido grandes variaciones, pasando de 69 a 62 días en promedio. A juicio de Gómez, aquello se explica “por el fenómeno de los recursos de protección en isapres y las acciones de amparo, las que son de rápida resolución. Adicionalmente, cabe destacar que las directrices vinculadas con el uso del lenguaje claro en los fallos han influido en la emisión de sentencias más acotadas, lo que contribuye a una mejora en los tiempos de respuesta”.

Para Figueroa, el periodo entre 2019 y 2022 “permiten hacer algunas inferencias sobre al menos tres grandes fenómenos sociales vinculados al funcionamiento del sistema de justicia durante los últimos años y con posterioridad a la pandemia: transformación de la criminalidad en Chile, aumento de la violencia interpersonal de carácter físico y sexual en los años posteriores al Covid-19, atochamiento del sistema penal e incremento de los tiempos de tramitación de casos posteriores al uso del castigo penal durante las cuarentenas”.

Las cortes de Apelaciones también tuvieron cambios en sus estadísticas durante el año pasado. Los tribunales de alzada dictaron 1.220 expulsiones judiciales durante 2022, un 62,4% más que en 2021. Este tipo de acciones se dicta contra personas que han cometido delitos y tienen condenas de menos de cinco años y un día, a quienes se les conmuta la pena con la condición de ser expulsados del país.

La Corte de Apelaciones de Iquique es la que registra un mayor aumento en el número de expulsiones dictadas, con un aumento de 321 casos más de este tipo de dictámenes. La nacionalidad de las personas que fueron expulsadas es liderada por bolivianos, con 745 casos el 2022, seguido de venezolanos, con 199.

Desde el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) explican que dicha institución “se encarga de coordinar las expulsiones judiciales que materializa la Policía de Investigaciones (PDI). El Sermig también financia los pasajes comerciales de todas las personas extranjeras y sus escoltas, así como también de gestionar otro tipo de vuelos de expulsión grupal”.

En octubre de 2022, la PDI materializó la expulsión de 49 personas extranjeras -en coordinación con Migraciones- que estaban condenadas por diferentes delitos. Este grupo de personas forma parte de los 1.039 sujetos cuyas órdenes judiciales de los tribunales Migraciones materializó durante el año pasado, un 55,7% más que en 2021, cuando se registraron 667.