En los tiempos que corren, tomar partido tiene costos para cualquier político. No tomar decisiones los tiene para la democracia, y la nuestra corre ese riesgo. Hacerlo con estándares vagos y luego criticar a los jueces es pretender caluga y menta. He aquí tres ejemplos.

La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que consagra el derecho a elegir los métodos de regulación de fertilidad y el deber del Estado de otorgar la información y poner los métodos a disposición de las mujeres. Aunque con lenguaje general, el proyecto del Ejecutivo incluía la llamada "píldora del día después". Los senadores discuten agregar que el proyecto no autoriza a distribuir sustancias que tengan efecto abortivo. ¿Resultado? Se volverá a litigar, por enésima vez, si la píldora es o no abortiva.

Ya se produjeron tres fallos, mientras el Congreso se abstenía de tomar decisiones: uno prohibió el Postinal, otro autorizó el Postinor, (ambos con iguales componentes) y un tercero prohibió su distribución por agencias estatales, aunque sin afectar su venta en farmacias. Los jueces no son los responsables de las desigualdades, pues no podían sino resolver los asuntos que se les sometieron. Los jueces no legislan. Los responsables de la desigualdad y la incerteza son los que no legislaron, y las que se produzcan en el futuro deben imputarse a los que se nieguen a decidir.

Segundo ejemplo, la puerta giratoria. Sebastián Piñera dice que le pondrá candado. Frei atribuye el giro a los jueces. En uno de los debates, el primero señaló que modificaría la ley, la cual está en la Constitución y dice que la libertad provisional es un derecho de los imputados, a menos que la prisión sea considerada por el juez como necesaria para la investigación, la seguridad del ofendido o de la sociedad. 

¿Cómo sellará el candado? ¿Habrá obligación de dejar preso al imputado de un delito grave, aunque no haya pruebas aún en su contra? ¿Quedará preso por mera sospecha? El candidato no dice eso, pero si no dice eso, entonces no nos dice nada, y deja a los jueces la resolución sobre la base, al igual que en el caso anterior, de un estándar vago. Seguirá la crítica política a los jueces por ejercer la facultad discrecional que los políticos decidieron dejar abierta.

El tercer ejemplo es la nueva Ley General de Educación (otro de los problemas básicos de Chile), que es rica en señalar los objetivos que debe alcanzar -universalidad, calidad, equidad, autonomía, diversidad, flexibilidad, etc.-, pero pobre en determinar las reglas a través de las cuales han de lograrse. Los jueces decidirán cuándo se respetan y cuándo se violan tan nobles principios.
La tendencia a legislar con principios, señalando fines en vez de reglas, es cada vez más frecuente. El vaso comunicante hace crecer el poder de los jueces.

La política es el arte de lo posible y la legislación el fruto de lo que se pudo acordar, dejando abierto aquello en que no se logró acuerdo. Es una limitación inevitable de la democracia. Otra cosa es pretender hacer de ello una virtud. Aunque cada político no pague los costos, la democracia sufre cuando los problemas de la convivencia son excesivamente delegados por los legisladores a los jueces, a quienes, con suerte, se les señalan apenas unos objetivos genéricos que deben procurar. 

Esa puede llegar a ser una actitud olímpica, que no compromete a los políticos, los muestra partidarios de fines nobles, permitiéndoles luego criticar a los jueces por las decisiones que ellos mismos les delegaron, sin suficiente regulación. En el juego de no decidir y sólo criticar, pierde la democracia.