Cámara de Diputados aprueba modificaciones a la Ley de Violencia en los Estadios

Por 74 votos a favor, 4 en contra y 10 abstenciones la Cámara de Diputados aprobó las modificaciones a la Ley de Violencia en los Estadios.

Las medidas aprobadas se relacionan con las penas por desórdenes y violencia en los partidos, la responsabilidad de los clubes y el sistema de identificación que deberá ser utilizado con todos quienes asistan a los estadios.

Para esto último, se incorpora la obligación para los clubes de que todos los estadios de futbol profesional de cuenten con tecnología para controlar la identidad de cada una de las personas que ingresan a los estadios.

Adicionalmente se eliminó el concepto de "barras" de la legislación vigente, pues se considera que es esencial "no aceptar la existencia legal de grupos organizados que muchas veces son los principales responsables de los hechos de violencia en los estadios", según consigna el sitio web de la Cámara de Diputados.

"Por amplia mayoría se aprobó la modificación en la Cámara. Una vez promulgada la nueva Ley, podremos contar con herramientas que permitan contrarrestar de manera más eficiente todas las situaciones de violencia en los estadios", aseguró el encargado del plan Estadio Seguro, Cristián Barra.

Asimismo, el personero destacó que que "cualquier dirigente, funcionario, jugador o entrenador que tenga vínculos, ya sea económica o de otra especie, con la hinchada serán castigados".

Además, resaltó que las modificaciones a la Ley permitirán que "los estadios tengan tecnología y sistema para controlar los aforos, dentro y fuera del recinto".

Al mismo tiempo, Barra consideró que "si esta ley hubiese estado vigente antes de lo que ocurrió el fin de semana (el asesinato de un hincha en Rancagua), muchas más personas tendrían hoy la prohibición de ir a los estadios y generar actos de violencia de ese tipo".

"Esto, sin embargo, no puede asegurar que no se den situaciones tan graves fuera de un estadio, especialmente cuando existen tales pugnas de poder", agregó.

El proyecto considera un plazo de 18 meses, contados desde la publicación de la ley, para que los estadios puedan adaptarse a las nuevas exigencias.