Los casinos desaparecieron en Ecuador hacia la medianoche del viernes al haber sido prohibidos mediante una consulta popular, lo que llevará al desempleo a unos 6.200 trabajadores, según dirigentes del  sector.

Los ocho establecimientos que aún operaban en hoteles cinco estrellas,  principalmente de Quito y del puerto de Guayaquil (suroeste), cerrarán sus puertas acatando los que los ecuatorianos  aprobaran en el referendo de mayo de 2011.

Los casinos llevaban funcionando 50 años en el país.

Con un 45,8% de los votos, los electores aprobaron la pregunta: "¿Está usted de acuerdo que en el país se prohíban los negocios dedicados a juegos de azar,  tales como casinos y salas de juego?".

Esa fue una de las diez interrogantes planteadas por el presidente Rafael Correa para el referéndum, con el cual logró apoyo para reformar la justicia, además de limitar las inversiones de la banca y la prensa, y prohibir la muerte de los toros en las corridas en algunas localidades como Quito.

En septiembre pasado, el mandatario decretó el cese de las actividades de  los establecimientos dedicados al juego de azar como casinos, casas de apuesta y salas de juego, salvo los que se encuentren en hoteles de lujo, para los cuales fijó un plazo improrrogable de seis meses.

El vicepresidente de la Asociación de Casinos y Bingos (Ascabi), Jorge Castro, dijo que unas 3.200 personas trabajaban en 32 negocios, de los  cuales aún operaban ocho con capitales ecuatorianos e internacionales como del  grupo español Cirsa y el franco-austríaco Montecarlo.

El reglamento presidencial también dispuso la clausura de un centenar de  salas de juego que funcionaban gracias a amparos constitucionales, por lo que  otras 3.000 personas quedaron sin empleo, según estimaciones del sector.

Para Ascabi, la prohibición además impactará a otras 22.000 personas vinculadas a la actividad como proveedores.

El gerente del casino Montecarlo, Pedro Sánchez, manifestó que la actividad fue "satanizada" por culpa de las salas ilegales que "por siete años taladraron los bolsillos de ecuatorianos humildes".

Correa, en el poder desde enero de 2007, planteó el vetó a los casinos argumentando que deterioran moralmente a la sociedad, generan deudas ilegales, evaden impuestos y son usados para lavar dinero.

Las máquinas deberán pasar a ser chatarra para reciclaje o exportadas  después de que los casinos intentaron de manera infructuosa obtener una  prórroga, con miras a explorar alternativas que les permitieran salvaguardar  inversiones por 180 millones de dólares.