Las Farc inauguraron hoy en La Habana el debate sobre su participación política con la propuesta de aplazar un año las elecciones en Colombia y convocar una Asamblea Constituyente, planteamiento que el Gobierno de Juan Manuel Santos rechazó rotundamente.

Tras cerrar el 26 de mayo un acuerdo sobre la delicada cuestión de la tierra, Gobierno y guerrilla volvieron este martes a la mesa de negociación instalada en Cuba para comenzar la discusión sobre el segundo y no menos complejo punto de la agenda del proceso: la transformación de las Farc en un movimiento político legal cuando se alcance la paz definitiva.

La primera "aportación" de la guerrilla fue proponer que el Gobierno de Colombia aplace un año, y sin reelección presidencial, los comicios previstos para 2014, con el objetivo de "anteponer el interés colectivo de la paz a cualquier otra circunstancia que enrarezca el fin que nos ha convocado en La Habana".

Como ya han defendido en numerosas ocasiones, las Farc piden convocar una Asamblea Constituyente "para encontrar una verdadera solución al conflicto con la decisiva participación del pueblo", según una declaración leída ante los medios por Iván Márquez, alias de Luciano Marín Arango, número dos de la insurgencia y jefe de su equipo negociador.

Preocupada por los plazos que plantea el Gobierno para culminar estas conversaciones de paz, a las Farc les inquieta que el proceso electoral en Colombia "maltrate, marchite o aniquile para siempre las esperanzas de reconciliación".

La propuesta de las FARC tuvo una inmediata respuesta desde el equipo negociador del Gobierno, que rechaza un aplazamiento electoral y que instó a la guerrilla a que se concentre en la agenda pactada para los diálogos.

Humberto De la Calle, líder negociador del gobierno colombiano, quiso dejar claro que la discusión que hoy comienza será en torno a la creación de un movimiento político como "un todo", no sobre la participación de personas concretas o casos individuales.

"Sabemos que en 1991 se ampliaron en profundidad las garantías para el ejercicio de la democracia dentro del Estado social de derecho. Ese es nuestro punto de partida. El problema no está en la Constitución, sino en aprovechar los espacios que se abrieron en ese momento", señaló el negociador del presidente Santos.

Según el acuerdo general que alcanzaron el año pasado Gobierno y guerrilla para desarrollar las conversaciones de paz, el punto sobre participación política incluye el debate sobre los derechos y garantías para el "ejercicio de la oposición política en general y en particular de los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del acuerdo final".

En un comunicado conjunto divulgado posteriormente, ambas partes informaron hoy de que durante esta semana trabajarán por separado para "agilizar" la mesa y "cada delegación estudiará distintos documentos, especialmente los que provienen del foro sobre participación política".

Además, los equipos negociadores recibirán esta semana a "voceros" de la Oficina de Naciones Unidas en Colombia y del Centro de Pensamiento para la Paz de la Universidad Nacional, las dos instituciones que organizaron ese foro realizado en abril pasado en Bogotá.