CUANDO en un tiempo más recordemos "los años de Piñera", nos resultará ineludible referirnos al excepcional desempeño económico. Y cómo no, si en cuatro años el PIB per cápita habrá crecido de US$ 15.200 a                   US$ 19.500 (PPP), el desempleo habrá caído desde el 10,8% al 6,5% y la inversión se habrá empinado al 25% del PIB. Todo ello, mientras el spread de los bonos de gobierno sobre los del Tesoro de Estados Unidos habrá alcanzado los umbrales más bajos alguna vez logrados en la historia de la República.

 Agreguemos también que este progreso se nos representará aún más encomiable, por haber transcurrido en un período internacional incierto, que en las economías desarrolladas comienza ya a denominarse como la época de "la gran recesión".

Esos son los hechos. Ni el más astuto de los comentaristas podrá negarlos.

Pero así como hay hechos, también hay interpretaciones. Estas, a diferencia de los hechos, pueden ser múltiples y, por lo mismo, completas o parciales, razonables o arbitrarias, balanceadas o extremas. Desde luego, también pueden ser varias cosas a la vez, por ejemplo, parciales, arbitrarias y extremas. Es así como en el último tiempo algunos economistas de oposición han postulado una interpretación muy peculiar del desempeño económico reciente, la que viene cobrando creciente influencia en los medios. De acuerdo a la misma, nada del progreso económico actual se debería a la presente administración. Se argumenta que este gobierno no habría hecho reforma alguna en ámbitos relevantes para el crecimiento. Se ha pretendido fundar tal aseveración  en que no habría habido avances en materia de competencia, como tampoco en las instituciones, en la participación femenina en el mercado del trabajo o en la protección al consumidor, entre otros. Como el gobierno nada habría hecho, así prosigue la tesis, el crecimiento sería principalmente una consecuencia del azar: habríamos crecido gracias a los altos precios del cobre.

Con esta interpretación, que me atrevo a calificar de parcial, arbitraria y extrema, se intenta matar dos pájaros de un tiro. Por un lado, se despoja a esta administración de todo mérito; por otro, se obtiene por adelantado una excusa en caso de que en un futuro gobierno de signo opuesto el progreso pierda fuerza y lustre: habrá sido a causa de las insuficientes reformas previas.

Vamos por partes. Quienes dicen que nada se ha hecho en materia de competencia omiten importantes reformas en telecomunicaciones, tales como portabilidad numérica, licitación de espectro para 4G y TV Digital, esta última ad portas de aprobarse, a lo que podríamos agregar el cabotaje aéreo, donde se abrieron unilateralmente las rutas aéreas domésticas a operadores extranjeros; o el área del software, donde se eliminó el impuesto a las licencias de uso de software estándar, etc. Todo ello ha sido reconocido por el Banco Mundial, que en su ranking Doing Business subió a nuestro país desde el lugar 51, donde había caído en la época de Bachelet, a la posición 37.  Igual cosa ocurre con el ranking de libertad económica, donde Chile ha llegado hoy a ocupar el séptimo lugar a nivel mundial.

Se argumenta que este gobierno no habría hecho reforma alguna en ámbitos relevantes para el crecimiento. Pero los datos indican todo lo contrario. Lo cierto es que cuando en algunos años más recordemos "los años de Piñera", será ineludible referirnos a un excepcional desempeño económico.

En lo que respecta a la participación femenina en el mercado del trabajo, se ha sostenido que las políticas habrían sido "insuficientes". ¿Qué dicen los datos?  Los empleos femeninos creados entre 2010 y 2012 duplican a los creados en el período previo y se ubican en su máximo histórico de acuerdo a la Encuesta U. de Chile, Gran Santiago. Las cifras del INE a nivel país, que se comportan de modo similar a la anterior fuente, revelan un aumento de la participación laboral femenina desde 44,3% a 47,8% en los últimos tres años, como resultado de la creación de casi medio millón de nuevos puestos de trabajo para las mujeres.

En materia institucional, en un aspecto crucial como el ambiental, la presente administración puso en marcha toda la nueva institucionalidad legislada en la administración anterior, incluyendo Ministerio, Superintendencia del Medio Ambiente, Servicio de Evaluación Ambiental y Tribunales Ambientales. Otro aspecto institucional relevante, también omitido por los críticos, dice relación con las demandas de los pueblos originarios y con la puesta en práctica de compromisos asumidos por administraciones pasadas (Convenio 169). El gobierno está realizando denodados esfuerzos por consensuar con los pueblos originarios un marco reglamentario claro y transparente para la aplicación de estos compromisos, que dé certeza a todas las partes. Y si de institucionalidad se trata, cualquier análisis objetivo debiera mencionar que en el ranking sobre corrupción de Transparencia Internacional recuperamos los cinco puestos que perdimos durante la administración anterior, a lo que podemos agregar los notables avances en la administración del gasto público, donde Chile pasó del puesto 40 en 2009 al 10 actual, en el ranking de eficiencia del gasto público del Foro Económico Mundial.

Acaso lo más extremo de las críticas sea la visión de que no se ha hecho nada por la protección al consumidor. ¿Quizá se está olvidando que en esta administración se prohibieron las ventas atadas en el sector financiero? ¿O que este gobierno destapó, sancionó y generó las reparaciones correspondientes en un caso tan emblemático como La Polar? ¿O que en esta administración se derogó la circular 17 de la Sbif, emitida durante la administración Bachelet, y que fue usada por Cencosud en su oportunidad para defender las modificaciones unilaterales de contrato?

Por último, vamos al argumento de que la bonanza actual sería simplemente fruto del precio del cobre. Sin negar la relevancia del cobre sobre nuestra economía, tampoco corresponde exacerbarla. Sin ir más lejos, el estudio de De Gregorio y Labbé (2011) concluye que el desempeño económico de Chile se ha vuelto menos dependiente del precio de este metal. Si queremos "controlar" cuánto del progreso económico ha sido a causa de condiciones externas, parece más razonable comparar a la economía chilena con los demás países. Aquí las cifras son decidoras: si durante el gobierno de Bachelet Chile creció sólo 3,3% anual, lo mismo que el mundo y menos que América Latina (3,5%), durante la presente administración el crecimiento alcanzó un 5,8%, más que el mundo (4,1%) y más que América Latina (4,8%), esta última también beneficiada por altos precios de los commodities. Aún más, para quien crea que el crecimiento "se debe" al cobre, sepa que mientras el PIB ha crecido al 5,8% anual, el PIB del cobre ha decrecido a razón de 0,1% anual.

En suma, las interpretaciones de que estamos siendo testigos en los medios sobre el progreso logrado por la reciente administración son cuando menos controversiales. El público menos especialista de nuestro país merece algo mejor.