Señor director:

Parece increíble que a 10 años de la promulgación de la Ley 19.880 de Procedimientos Administrativos, aún estemos viendo masas de personas solicitando un certificado que acredite y dé fe de un registro público.

Sería entendible que por procedimiento el sector privado exija documentos a sus clientes para entregar ciertos productos o servicios, como una cuenta corriente,  o vender un auto o educar a nuestros hijos. Lo incomprensible es que tras un decenio, todavía el Registro Civil tenga más de 21 millones de tramitaciones presenciales al año, ¿quién resiste ese estrés?

En promedio, cada funcionario público tiene asociados 7.500 trámites anuales, mientras el empleado de un banco tiene ¿2.000? ¿3.000?

Considerando la población al 2003 y la proyección del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) para 2013, no ha cambiado el promedio nacional de 1,2 trámites por persona del Registro Civil, aunque la Ley 19.880 los simplificaría y modernizaría.

El desarrollo exige un Estado más ágil. Es imperativo que las autoridades se esmeren en cumplir una ley cuyo beneficio es enorme. La discusión presupuestaria debería girar en torno al apoyo de iniciativas que aumenten el bienestar nacional. Y si ello se traduce en que el país deje de perder tiempo haciendo filas, que así sea.

Cristian Ocaña

Presidente de Especialidad Computación e Informática 

Colegio de Ingenieros de Chile