Señor director:

En el contexto de la celebración de los 15 años del Ministerio Público, el fiscal nacional denostó a quienes cuestionamos quién fiscaliza a los fiscales, a partir de sostener un torcido concepto de fiscalización y autonomía institucional.

El fiscal Sabas Chahuán afirma que el Ministerio Público es uno de los órganos del Estado con más controles, ya que debe remitir periódicamente información tanto al Congreso como a la Dirección de Presupuestos sobre la administración de sus recursos, además de estar sometido a auditorías externas voluntarias. Lo que omite es que ninguna de las entidades a las que envía informes sobre su propia gestión puede revisar su veracidad y consistencia, no existiendo autoridad externa e independiente que pueda indagar sobre esta materia. Esto, pese a que sólo por ley de presupuesto se le quieren entregar en 2015 más de $ 146 mil millones, y que se han conocido denuncias confirmadas sobre la falsificación de registros al interior del Ministerio Público para mostrar como artificialmente cumplidas metas institucionales. Nada de lo descrito puede ser calificado seriamente como "fiscalización".

El fiscal nacional se escuda permanentemente en la autonomía institucional para no entregar antecedentes que permitirían contrastar la información que difunde sobre su administración financiera, solicitada a través de oficios de parlamentarios y peticiones por Ley de Transparencia. Lo anterior, aun cuando dicha autonomía fue establecida con la finalidad de impedir que los fiscales que tienen a su cargo investigaciones penales sean influenciados durante su tramitación por poderes políticos o económicos que se puedan ver afectados, o por presiones indebidas al interior de la misma institución,  y  no como una excusa para evitar entregar información sobre el uso de dineros fiscales.

Es necesario que la autoridad, junto con respetar y hacer respetar el real sentido de autonomía institucional de la fiscalía en su labor de persecución criminal, adopte medidas concretas que garanticen la debida transparencia y un real control en la gestión de recursos fiscales por parte de quienes tienen a su cargo temporalmente la dirección de instituciones claves para el debido funcionamiento de nuestra democracia, como lo es el Ministerio Público.

Mauricio Daza Carrasco

Abogado